Colombia exige una copiosa reposición de líderes, en especial de los movimientos sociales, dada la frecuencia con que son muertos, desplazados o exiliados. Por eso necesita verdaderos héroes y heroínas. Aída Quilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), es una de ellas.
Resistencia es la palabra más usada por esta mujer de la etnia nasa, de 36 años, cuyo liderazgo la hizo blanco del atentado que le costó la vida a su esposo, Edwin Legarda, en diciembre.
El hecho de haber encabezado la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, que movilizó en octubre y noviembre a más de 30.000 personas en las carreteras de Colombia, amplió sus posibilidades de ser elegida senadora en 2010 por la circunscripción especial que asegura dos escaños a los pueblos indígenas tanto en esa cámara como en la de Representantes.
En entrevista con IPS, Quilcué cuenta su vida y los dramas que soportan los indígenas en este país que vive una guerra civil abierta desde 1964.
IPS: ¿Cómo fue el asesinato de su esposo? ¿Es cierto que el blanco del atentado era usted?
AÍDA QUILCUÉ: Fui líder de la Minga. Con esa movilización logramos posicionarnos respecto de la dignidad de la vida y los distintos señalamientos que nos hacía el gobierno (derechista de Álvaro Uribe), que nos acusaba de ser terroristas, delincuentes y de pertenecer a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
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Pero se logró desmentir eso a nivel nacional e internacional. Una de las consecuencias fue el atentado planeado después de que yo participé en Suiza del Examen Periódico Universal (el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos para verificar el acatamiento en esta materia de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas).
Llegué el 15 de diciembre a Bogotá y el 16 asesinaron a mi esposo. Yo tenía una junta directiva con las autoridades en Tierradentro (territorio indígena del municipio de Páez, en el occidental departamento del Cauca).
Los militares tenían pleno conocimiento que a las cuatro de la mañana yo viajaría en la camioneta en la que siempre voy a trabajar. Pero en ese momento venía sólo mi esposo con una enfermera de pasajera. Ahí los del ejército dispararon indiscriminadamente.
Afortunadamente la guardia indígena y los cabildos reaccionaron muy rápido y dieron con los responsables, de los cuales 37 son miembros del ejército.
Una cuadrilla del ejército se responsabilizó del asesinato. Primero dijeron que fue un error, que no obedeció un retén, pero admitieron después que recibieron una orden de disparar a esa camioneta, porque allí venía un cabecilla de las FARC que traía armas.
En la investigación que realizan las autoridades y la fiscalía nacional hemos encontrado sólo a los que dispararon. Ahora buscamos quién lo ordenó. Uno de los soldados que dijo haber recibido la orden, cuando iba a declarar casi lo asesinan, y ahora está protegido por la fiscalía.
Sin embargo, para mí es muy claro que fue el gobierno el que dio la orden buscando demostrar a la comunidad internacional, con ese "falso positivo" (asesinato cometido por militares para hacerlo pasar como baja de un guerrillero en combate), que nosotros éramos de las FARC.
IPS: ¿Y los 37 que han sido procesados
están detenidos?
AQ: No, están en la base militar custodiados por el mismo ejército. La fiscalía les iba dar orden de captura, pero nosotros hemos dicho que todavía no, porque primero queremos conocer al autor intelectual. El proceso está en la búsqueda de pruebas y terminará en audiencia pública, que se ha demorado mucho.
IPS: ¿Cómo, siendo tan joven, alcanzó el cargo de consejera mayor del CRIC?
AQ: Soy hija de uno de los jefes de mi resguardo (territorio indígena). Mi papá fue gobernador y autoridad indígena y hoy es capitán, con autoridad vitalicia en el resguardo.
Mi liderazgo comienza en la tragedia ocurrida en Tierradentro en 1994, con la avalancha provocada por el río Páez (más de 1.000 muertos). Fuimos desplazados (de nuestro lugar de origen) y me tocó un nuevo resguardo.
Empecé entonces acompañando a los desplazados, luego fui miembro del cabildo, docente comunitaria, trabajadora en la salud y gobernadora del resguardo. Encabecé de 2000 a 2005 el proceso en el (occidental) departamento de Huila, donde fui presidenta del Consejo Regional Indígena. Regresé a Tierradentro en 2006, fui coordinadora de salud, y en 2007 las autoridades me eligieron consejera mayor del CRIC.
IPS: ¿Estudió en la universidad?
AQ: Soy más del proceso comunitario. Hice hasta el noveno de bachillerato. Mi formación ha sido más desde el marco práctico, en las comunidades.
IPS: Luego de la masacre de los awás, en febrero, se descubrió un depósito de armas de la guerrilla en territorio nasa a mediados de marzo. ¿Qué pasó?
AQ: En el resguardo de Jambaló había laboratorios, armas, bombas de la guerrilla, porque el narcotráfico se hace más fuerte allí. Casi 2.000 personas del resguardo decidieron hacer una minga para sacar las armas, asumieron el riesgo y las desmantelaron. Por suerte no hubo heridos. Pero siguen en inminente riesgo como objetivo militar de la guerrilla y del gobierno.
IPS: ¿Se ha intensificado la presencia guerrillera en los resguardos?
AQ: Siempre ha estado. Lo que se les ha exigido es que respeten nuestra autonomía. Hemos hecho un análisis histórico, y los paramilitares (de ultraderecha) han hecho masacres de manera colectiva. La guerrilla no ha practicado muchas, pero asesina sistemáticamente a los dirigentes indígenas.
IPS: ¿Son más selectivos?
AQ: Sí, pero en el caso awá ocurre esa masacre y dificultan la misión humanitaria (de búsqueda de los cuerpos).
IPS: ¿La sospecha de que los awás colaboraban con el ejército se comprobó?
AQ: Yo diría que eso es conjunto, porque está la presencia del ejército como de los paramilitares y de la guerrilla. Entonces las confrontaciones son permanentes. Los awás también dijeron que el ejército ha asesinado a indígenas, pero que hasta ahora, por miedo, no se denunció. Considero que hay responsabilidades de parte y parte.
IPS: ¿Usted cree que hay un acuerdo entre el ejército y la guerrilla para atacar los resguardos?
AQ: Nosotros, como movimiento indígena y social, tenemos una política muy clara: somos una resistencia civil que busca una alternativa de paz sin armas. La Minga obtuvo una gran repercusión en la opinión y el respaldo nacional e internacional. Yo diría que hay una alianza, porque ambos lados nos están atacando. Estamos confinados.
IPS: Parece evidente que la guerrilla quiere áreas de refugio, pero el ejército y los paramilitares, ¿qué buscan en zonas indígenas?
AQ: Hay interés económico. El gobierno busca explotar los recursos naturales, las minas y toda la riqueza que existe allí. Cuando nosotros hablamos de los territorios colectivos es que no se puede implantar ningún proyecto de desarrollo sin consulta previa a los indígenas.
Para nosotros, la política de seguridad democrática (del gobierno) no es para la seguridad, sino una estrategia para militarizar el territorio y darle vía a las multinacionales dentro de nuestros territorios. Por eso las masacres, los desplazamientos forzados y los asesinatos.
IPS: ¿Hay alguna otra forma, además de la Minga, de parar los asesinatos y la presión armada?
AQ: Creo que las mayores acciones son las asambleas permanentes, donde la gente se congrega para resistir, para que no sean desalojados de sus territorios. Otra forma son los procesos jurídicos.
También es importantísimo el respaldo contundente de la comunidad internacional, porque al gobierno le preocupa que se le exijan desde el exterior garantías para la protección de los pueblos.
IPS: ¿Tienen alguna estrategia para buscar apoyo entre los partidos, movimientos sociales y fuerzas de izquierda del país?
AQ: Creo que en Colombia se va construyendo esa fuerza. Existen partidos y parlamentarios alternativos. Seguimos siendo minoría, pero en un proceso de participación para tener mayoría algún día e incluso pensar que habrá un presidente alternativo.
Tenemos ahora la Alianza Social Indígena, pero con un solo legislador. A pesar de ello, tenemos un posicionamiento político claro, que es una esperanza en el futuro, de seguir construyendo ese proceso de alternativa para Colombia.
IPS: Electoralmente son una pequeña minoría, pero como pueblos originarios tienen una fuerza cualitativa. ¿Apuestan al proceso de paz?
AQ: Claro. La política del movimiento social e indígena es construir un verdadero proceso de paz. Para que el gobierno no responda a cuestiones coyunturales sino que se desarrollen políticas reales que estructuralmente mejoren las condiciones de vida de los colombianos y las colombianas. A eso el movimiento indígena apuesta con ese proceso de la Minga.
IPS: ¿La Minga también busca alianzas con campesinos y obreros?
AQ: Para nosotros es importante la alianza, que es precisamente lo desarrollamos con la Minga y ojalá en el futuro tengamos un evento mucho más grande que lo que tuvimos. Pero es todo un proceso.
IPS: ¿Por qué el Estado llegó a ese grado de violencia contra los indígenas?
AQ: Nos hemos convertido en una fuerza grande. Hoy el movimiento social es muy fuerte, especialmente en el Cauca. Eso no le conviene al gobierno, cuya estrategia, presentada como fortalecimiento de la seguridad democrática, ni siquiera es para luchar contra la insurgencia ni el narcotráfico sino para combatir a los civiles. Por eso la criminalización de los indígenas.
