En una decisión histórica, un juez de Estados Unidos determinó que los no afganos que su país mantiene prisioneros en la cárcel de Bagram, en un base aérea cercana a Kabul, tienen derecho a apelar su detención en tribunales civiles del país norteamericano.
El fallo del juez federal John Bates, el jueves en Washington, representa uno de los rechazos más tajantes a las facultades ilimitadas en la materia que se atribuye el Poder Ejecutivo desde la presidencia de George W. Bush (2001-2009), postura que mantuvo su sucesor, Barack Obama.
Bates sentenció que el caso de tres de los cuatro demandantes detenidos en Bagram es "virtualmente idéntico" al de los prisioneros en Guantánamo, y que, por lo tanto, gozan de los mismos derechos reconocidos el año pasado por la Corte Suprema de Justicia a los recluidos en esa base naval estadounidense en Cuba.
Los tres detenidos declararon haber sido capturados fuera de Afganistán y encarcelados durante años sin que mediara juicio. En consecuencia, reclamaron a la justicia estadounidense el reconocimiento de su derecho a apelar la detención y a que un juez evalúe las evidencias en su contra.
Ahora que el juez consagró el derecho, esperan lograr la libertad a través de un recurso de habeas corpus, mecanismo que garantizar la libertad personal de los ciudadanos al ordenar a los tribunales resolver si un detenido sin juicio debe o no permanecer recluido.
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La Corte Suprema estadounidense reconoció a los prisioneros en Guantánamo el derecho constitucional al habeas corpus.
Ese derecho fue "forjado para proteger" a las personas de abusos del Poder Ejecutivo, como el "arbitrario ejercicio del poder del gobierno para detener", escribió Bates, un juez designado en su cargo por Bush al frente del tribunal federal del Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital.
El juez no falló sobre la situación del cuarto prisionero —un ciudadano afgano que fue capturado fuera de Afganistán—, pero ordenó una investigación más exhaustiva al respecto.
Bates sostuvo en su fallo de 53 páginas que la situación de cualquier detenido en el exterior depende de un análisis caso por caso.
Entre los criterios que deben sopesarse figuran factores como la ciudadanía del prisionero, el lugar de captura, la duración del confinamiento y el grado del control militar estadounidense sobre las cárceles en cuestión, dijo.
En Bagram hay aproximadamente 600 detenidos, en su mayoría afganos. Pero, a pesar de que un tribunal ordenó identificarlos, el gobierno no ha brindado aún detalles.
En términos generales, los defensores de los derechos humanos aplaudieron la decisión de Bates.
Barbara Olshansky, directora de litigios en la Red Internacional de Justicia, organización sin fines de lucro que originalmente presentó la demanda judicial, dijo sentirse "muy gratificada de ver que el Poder Judicial toma la iniciativa de nuevo y continúa actuando en su rol crítico como controlador del Poder Ejecutivo".
"La opinión del juez Bates es una marca histórica del principio de que donde sea que actuemos como gobierno en el mundo, debemos hacernos responsables de nuestras acciones", sostuvo.
El abogado constitucionalista David Cole, de la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que la decisión de Bates "descansa en el sólido principio de que no debe permitirse que el Ejecutivo evada el escrutinio judicial enviando a sus prisioneros a Bagram en vez de a Guantánamo, y nos lleva más cerca del estado de derecho".
Por otra parte, "un compromiso real del gobierno de Obama para ubicar a Estados Unidos en el imperio de la ley no se limita a cerrar Guantánamo, sino que debe involucrar la creatividad para adecuar todas sus prácticas de detención a los requisitos de los derechos humanos y el derecho humanitario", dijo a IPS Sahr Muhammed Ally, de Human Rights First.
"No se debe permitir que Bagram sea una zona sin ley", agregó.
Jonathan Hafetz, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión para las Libertades Civiles (ACLU), dijo que la decisión de Bates es "otra reprimenda al alegato del gobierno de que es libre de establecer zonas sin ley".
"Estados Unidos no puede escapar a las protecciones o restricciones centrales de la Constitución encarcelando a personas en Bagram y no en Guantánamo. Solamente un completo restablecimiento del régimen de derecho en todas las prisiones administradas por Estados Unidos puede lograr un retorno a la justicia y a los valores estadounidenses", declaró a IPS.
Hafetz también fue crítico para con el gobierno de Obama, que "adhiere al enfoque del viejo gobierno al alegar que puede evitar la evaluación del habeas corpus y por lo tanto controlar su poder de detención".
"De muchas maneras, Bagram se convirtió en el nuevo Guantánamo, sólo que más grave, porque el proceso que atraviesan los detenidos allí es inferior, el tratamiento peor, y el escrutinio público aún más superficial. El nuevo gobierno también parece estar siguiendo la lectura inverosímilmente estrecha del viejo gobierno sobre la decisión más reciente de la Suprema Corte", agregó.
De hecho, algunos críticos dicen que Bagram es el "Guantánamo de Obama".
No está claro si el Departamento de Justicia (fiscalía general) apelará el fallo de Bates. Un portavoz de esa dependencia dijo que todavía evalúa la decisión.
La Red Internacional de Justicia es la única organización litigante en los casos de detenidos que mantiene Estados Unidos en Afganistán. Presentó las demandas en octubre de 2006, en nombre de los cuatro ciudadanos extranjeros capturados fuera de Afganistán y llevados a Bagram, donde estuvieron prisioneros más de seis años sin que se los acusara.
En febrero, el Departamento de Justicia le informó al juez Bates que mantenía el mismo punto de vista que durante la presidencia de Bush, posición que sorprendió y confundió a muchos defensores de los derechos humanos que habían apoyado la candidatura de Obama.
El actual gobierno también ha seguido las posiciones de Bush en casos que involucraron la doctrina del "secreto de Estado", según la cual esos procesos no pueden ser ventilados en tribunales federales porque la presentación de evidencia comprometería la seguridad nacional.
En su primer día como presidente, Obama ordenó cerrar la prisión de Guantánamo en un plazo de un año, y comenzó a evaluar la evidencia de cada uno de los aproximadamente 240 detenidos allí.
También ordenó cerrar las cárceles secretas operadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Uno de los problemas más espinosos es a dónde enviar a los detenidos de Guantánamo que sean liberados. Entre ellos figuran 17 chinos musulmanes, que, según Estados Unidos. pueden ser liberados porque no representan una amenaza.
Un juez federal ordenó que los liberaran en Estados Unidos, pero esa decisión fue revocada por la apelación del Departamento de Justicia.
Estados Unidos sostuvo que si son devueltos a China pueden ser sometidos a torturas y persecuciones, pero alegó que los tribunales federales no tienen autoridad para ordenar que los liberen en este país, porque ésa es una cuestión de derecho migratorio, no penal.
Pocos países han estado abiertos a aceptar detenidos liberados por Estados Unidos, por razones basadas en su propia seguridad y también, en el caso de los uigurs, por temor a una represalia de China. Este viernes, Francia accedió a recibir a un detenido de Guantánamo.
Tras la decisión de Bates —si es que ésta sobrevive a una apelación—, el gobierno de Obama también puede tener que sumar a sus problemas la pregunta de a dónde enviar a los prisioneros que sean liberados de Bagram.
