A las trabajadoras del servicio doméstico en Costa Rica se les acabó la paciencia, y después de 17 años de lucha amenazan con denunciar al Estado ante instancias internacionales si antes de finalizar el mes de abril no se aprueba el fin del horario esclavo que soportan.
Es la última batalla de una larga marcha "para que la ley nos deje de tratar como trabajadoras de segunda", explicó a IPS Ileana Morales, una trabajadora de 49 años que lleva 12 incorporada a la defensa de los derechos de su colectivo.
Astradomes demanda que su horario se asimile al del resto de los trabajadores de esta nación centroamericana, que es de 48 horas semanales, o denunciará al Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo ya pactado del no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Washington.
Casi 12 por ciento de las mujeres que trabajan en Costa Rica lo hacen en el servicio doméstico, lo que convierte su reivindicación en un tema sensible para universo laboral y, al mismo tiempo, para la clase media y alta del país que se beneficia de la discriminación en el horario del sector.
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En 2008, Astradomes obtuvo una conquista determinante en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que reconoció la discriminación de quienes trabajan en el servicio doméstico y dictaminó su derecho a un día libre a la semana y al disfrute de los feriados nacionales.
Pero la Sala desestimó el punto más importante del recurso presentado por Astradomes en 2005, el de la homologación del horario, explicó a IPS su representante legal, Álvaro Moya.
El Código de Trabajo data de 1943 y regula como excepcional el trabajo doméstico remunerado "con variadas disposiciones discriminatorias", recordó Moya, para quien resulta clara la inconstitucionalidad de una jornada con horario esclavizante.
La Constitución costarricense, de 1949, "es más garantista" explicó el abogado, pero la materia laboral sigue regida por el Código, que viola Convenio 11 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde se establece la igualdad laboral como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras, suscrito por el país en 1962.
La Asamblea Legislativa demora la segunda discusión de un proyecto de ley que regula en ocho horas diarias el trabajo diurno del servicio doméstico y en seis el nocturno. El primer debate se produjo en noviembre.
Rosita Acosta, presidenta de Astradomes, insistió a IPS que "se nos prometió que la ley saldría en abril, y no vamos a dejar de presionar para que así sea".
Como parte de esa presión, Astradomes entregó en marzo una carta al presidente Óscar Arias, en la que se afirma que "si el 30 de abril esta votación no se ha llevado a cabo, iremos a la CIDH", para demandar al Estado costarricense por discriminación. Esta misiva forma parte de una campaña para que los legisladores aceleren el paso.
Moya no es muy optimista, más cuando la Asamblea ha entrado en el último año de la actual legislatura. "Ya hemos agotado todas las instancias en Costa Rica, con el recurso de inconstitucionalidad y con la ley frenada en el Legislativo", dijo.
El gubernamental Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) apoya la reivindicación de Astradomes, a la que respaldó en la elaboración del proyecto de ley, explicó a IPS la coordinadora del Área de Condición Jurídica, Eugenia Salazar.
"Hemos canalizado sus peticiones al Ministerio de la Presidencia y nos esforzamos para lograr su aprobación", comentó. Pero también precisó que el proyecto está en un mini plenario de la Asamblea Legislativa y que "habrá que ver si a partir de mayo" es convocado el segundo y definitivo debate para su aprobación.
La abogada recordó que la Sala Constitucional desestimó que el horario diferenciado supusiese una violación de la Constitución, aunque una ley puede solventar la discriminación. El Inamu es parte del Estado y mantendrá un papel negociador, si se concreta la denuncia ante la CIDH.
CIFRAS DETRÁS DE LA DISCRIMINACIÓN Son casi 120.000 personas que trabajan como empleadas domésticas según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Noventa por ciento son mujeres y 60 por ciento extranjeras, principalmente de la vecina Nicaragua.
Con un producto interno bruto por persona que en 2008 se situó en 6.557 dólares, este país de 4,5 millones de habitantes cuenta con una amplia clase media que puede permitirse contar con servicio doméstico.
Se estima que 8,3 por ciento del trabajo infantil en Costa Rica se desempeña en ese rubro. En total, hay unas 9.500 personas entre cinco y 17 años que realizan labores remuneradas en hogares ajenos, casi todas niñas, según cifras de la OIT recabadas en 2002.
El grueso del trabajo doméstico infantil, precisa la OIT, se produce en el mundo rural, donde la jefa de familia tiene que trabajar fuera de su hogar y necesita de otra persona, menores con trabajo informal en su mayoría, para atender la casa y los hijos. La ley costarricense prohíbe el trabajo hasta los 15 años, edad hasta la cual la educación es obligatoria. De los 15 a los 17 permite trabajar hasta seis horas y siempre que la persona pueda seguir los estudios. Apenas 12 por ciento de las trabajadoras gozan de seguridad social, lo que las desampara en materia de salud, invalidez o jubilación. La nueva ley obligaría a inscribir a los empleados domésticos en la Caja Costarricense del Seguro Social, con cargo al empleador.
Acosta tiene claro por qué se ponen tantas barreras a equiparar los derechos de las trabajadoras domésticas con el resto de la población laboral. "Los ministros y diputados también son patronos, y no les conviene aumentar nuestros derechos", sintetizó la activista, para quien por esa razón "falta voluntad política".
El salario mínimo del sector es el más bajo de todos los fijados en este país y equivale a unos 207 dólares, de los que más de la mitad se paga en especie, mediante alimentación, habitación, elementos personales y de higiene.
El salario total es, al menos, la base para las mensualidades extras establecidas por la ley y para la liquidación cuando cesa la relación laboral. En cuanto a las vacaciones, se tiene derecho a dos semanas sólo cuando se han trabajado 50 con el mismo empleador.
El demorado proyecto de ley mejora todos esos aspectos y no sólo el del horario, y parte de considerar que existe una deuda histórica con un sector que ha sido mantenido con una excepcionalidad que lo discrimina en sus derechos laborales y humanos.
UNA HISTORIA COMÚN
Ileana Morales llegó al país en 1993, con 33 años, y sus primeros años fueron muy duros por su estatus de inmigrante indocumentada. "Los primeros meses llamaba a los anuncios de empleo y al decir que era nicaragüense, me lanzaban el teléfono", recordó.
Medio año después consiguió trabajo, pero el peligro de la deportación la mantenía siempre temerosa. Las inmigrantes son muy vulnerables a las amenazas de despido o deportación. "Ni siquiera podía pasear tranquila hasta que obtuve la cédula de identidad en la amnistía de 1999", explicó.
Desde entonces su situación mejoró mucho. "Llevo nueve años con mis patronos, y sigo porque me tratan como a una persona y respetan mis derechos", dijo Morales.
Ella considera que Astradomes ha transformado la situación de las trabajadoras domésticas "porque ha hecho una verdadera revolución informando a las mujeres sobre sus derechos, dando asesorías, talleres de capacitación y apoyándonos en nuestros problemas".
Con el equivalente a unos 250 dólares que gana mensualmente, Morales consiguió que sus tres hijos estudiaran en Nicaragua. El mayor termina este año la carrera de derecho y ella sueña ya con el regreso. "Quiero a Costa Rica, pero mis raíces no las cambiaría por nada", confió.
A lo largo de estos años, al alojarse en la casa donde trabaja, pudo enviar 90 por ciento de su salario a sus hijos. "Me voy en cuanto uno de ellos empiece a trabajar", dice. Y su sueño incluye independencia: "No volveré a tener patronos" concluye.
