«Con la democracia se come, se educa, se cura» fue la promesa que quiso encarnar en 1983 Raúl Alfonsín, convocando a millones de argentinos a dejar atrás la pesadilla de la dictadura militar (1976-1983).
El ex presidente padecía cáncer de pulmón y metástasis ósea. Esta semana su salud se complicó con una neumonía y murió este martes, a los 82 años, en su apartamento de Buenos Aires. Médicos y allegados aseguran que estuvo lúcido hasta el fin, pero con tendencia al sueño.
En vigilia, sus seguidores, ex funcionarios y ciudadanos comunes, se quedaron frente al edificio en las últimas horas de agonía. El obispo católico Justo Laguna, que lo visitó este martes, contó que le había pedido la extremaunción en octubre.
Acongojados, simpatizantes y rivales coinciden que fue un hombre honesto, que pasó por el poder sin enriquecerse. A diferencia de sus sucesores, Alfonsín no tuvo que rendir cuentas ante la justicia por acusaciones de corrupción.
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Así lo reconoció la presidenta Cristina Fernández en octubre de 2008 al rendirle un homenaje en la Casa Rosada, sede de la Presidencia, al cumplirse 25 años de democracia, sin las interrupciones que fueron estigma de la historia política argentina en el siglo XX.
"Los homenajes hay que hacerlos en vida", dijo Fernández, y Alfonsín es "el símbolo del retorno de la democracia", destacó. "Su vocación de unión nacional nos obliga a todos a un gran esfuerzo en la construcción de un diálogo", declaró.
El ex mandatario aceptó el homenaje no a su persona, aclaró, sino a los 25 años de vigencia del régimen democrático. Pero en ese mismo acto lamentó que sus ambiciones de 1983 siguieran pendientes. "Tenemos la libertad, pero no la igualdad", reflexionó.
Nacido el 12 de marzo de 1927 en Chascomús, sudeste de la provincia de Buenos Aires, Alfonsín se volcó a la política a los 18 años como militante de la Unión Cívica Radical (UCR), el partido fundado en 1891.
Se recibió de abogado y fue varias veces elegido diputado en su provincia. En 1972 fundó una corriente progresista dentro de la UCR, el Movimiento de Renovación y Cambio, agrupación que 11 años después lo llevaría a la Presidencia.
En los años 70 fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, presentó recursos de habeas corpus a favor de detenidos y desaparecidos por la represión dictatorial y colaboró con un foro de partidos políticos que empujó finalmente la convocatoria a elecciones, ya en los años 80.
El 30 de octubre de 1983, con casi 52 por ciento de los sufragios, Alfonsín ganó los comicios que pusieron fin a la peor de las dictaduras militares vividas por este país, que dejó unas 30.000 personas desaparecidas, según organizaciones de derechos humanos. El triunfo fue celebrado por millones de personas en las calles. Era el final de la pesadilla, y el comienzo de un sueño democrático.
Su campaña había hecho pedagogía sobre valores republicanos oxidados por años de regímenes autoritarios y lucha armada. Sus actos finalizaban con el recitado del preámbulo de la Constitución Nacional, el momento más esperado por sus seguidores.
Aferrado a su formación partidaria en defensa de derechos ciudadanos, su gobierno impulsó la ley de divorcio, una medida progresista que le valió el encono de la Iglesia Católica y de sectores tradicionalistas.
Propició un plebiscito no vinculante para evitar un enfrentamiento con Chile por la soberanía del austral canal de Beagle, una zona limítrofe entre ambos países, y sentó las bases del Mercado Común del Sur mediante un acuerdo de integración con Brasil.
Había prometido llevar a la justicia a los dictadores y así lo hizo. Creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), para investigar los crímenes de la dictadura. El informe que produjo ese grupo de notables llevó el título de "Nunca Más" y sirvió de base para formular las acusaciones y condenas de los ex comandantes de las Fuerzas Armadas responsables del régimen.
Esos fueron los momentos más sobresalientes de su gobierno, cuando Argentina daba a la región y al mundo el ejemplo de los inéditos procesos contra las juntas militares.
Pero la paz y la justicia duraron poco. Acosado por los represores militares que estaban en la mira de la justicia, el bloque gobernante aprobó la Ley de Punto Final para acelerar los procesos contra uniformados. Aun así, en 1987 debió enfrentar una sublevación militar armada.
"Fue el golpe más fuerte. No lo esperaba", admitió Alfonsín en 2003 sobre la rebelión de los llamados "carapintadas". Entonces presentó al parlamento una nueva iniciativa, la Ley de Obediencia Debida, que liberó de proceso a militares que hubieran cometido crímenes de derechos humanos cumpliendo órdenes superiores.
Sólo los ex comandantes siguieron en prisión y, poco después, su sucesor Carlos Menem (1989-1990) los indultó.
Para las organizaciones de derechos humanos y los partidos de izquierda, la marcha atrás de Alfonsín fue imperdonable.
Según él mismo recordó poco antes de morir, bajo su conducción Argentina había logrado llegar más lejos que ningún otro país que se libró de una dictadura, pero volvió sobre sus pasos. Y es que no sólo los militares lo acosaban y, a su juicio, ponían en riesgo la democracia.
Alfonsín heredó una economía en bancarrota, fuertemente endeudada y sin crédito, y lidió con una severa crisis con índices de inflación que llegaron a los cuatro dígitos.
"La gente pensó que lograda la libertad iba a encontrar la solución a todos sus problemas y la crisis dijo no", reconoció en una de las últimas entrevistas que concedió. No mencionó que él también estaba entre los que creían en aquella promesa.
Su gobierno enfrentó 14 huelgas generales. La Confederación General del Trabajo, poderoso ariete del entonces opositor Partido Justicialista, contribuyó a un desgaste que se aceleraba por la hiperinflación.
Parecía el capitán de un barco siempre a punto de naufragar. No obstante, su gran frustración devino de una idea peregrina. Quiso y no pudo trasladar la capital argentina a Viedma, una ciudad situada 960 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Al comenzar 1989, Alfonsín sufrió su golpe de gracia. El izquierdista Movimiento Todos por la Patria irrumpió en un regimiento militar bonaerense, en La Tablada, alegando que esa acción detendría la gestación de un golpe de Estado. La feroz represión de aquel ataque dejó más de 20 muertos.
Para entonces Menem era ya era la referencia de la oposición y, una vez que ganó las elecciones presidenciales, escalaron las presiones para que se anticipara su investidura. Muchos criticaron la salida anticipada de Alfonsín, considerada una huida.
Años después, el ex mandatario volvió a la residencia presidencial como líder de la oposición. En una controvertida negociación, conocida como el Pacto de Olivos, Alfonsín prometió a Menem el apoyo de la UCR a una reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial, una llave para el segundo mandato de Menem.
"Fue para evitar la reelección indefinida", se defendió Alfonsín ante las críticas.
Murió convencido de que aquel pacto que, más allá de la reelección, enriqueció la carta magna con el reconocimiento de derechos de última generación, fue el mal menor.
