La generación de empleos y el respaldo al sector productivo se presentan como los principales desafíos de Paraguay y de la región para hacer frente a los efectos expansivos de la crisis financiera mundial, señalan especialistas.
Los planes de contingencia trazados por los gobiernos de los países del cono sur sudamericano prevén medidas orientadas a desalentar un eventual crecimiento del desempleo.
Para el economista Julio Fernández, coordinador general del Proyecto Gasto Social del Sistema de las Naciones Unidas en Paraguay, el desenlace de la crisis encuentra a los países de la región con cuentas macroeconómicas mucho más saludables que años atrás.
"La mayoría de los países tienen cuentas fiscales casi en orden, incluso algunos con superávit fiscal, y han acumulado recursos", dijo Fernández a IPS.
El 3 de febrero el gobierno paraguayo dio a conocer su "plan anticrisis", con medidas similares a las propuestas por países vecinos. Contempla programas de inversión y proyectos para facilitar créditos, crear empleos y combatir la pobreza.
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Dentro de este marco, se prevé una ampliación presupuestaria para aumentar la transferencia condicionada (subsidios a cambio de ciertos requisitos) a 120.000 familias en extrema pobreza.
El plan señala medidas monetarias para dotar de liquidez al sistema, evitar corridas y facilitar el crédito al sector productivo. Pone énfasis en la generación de empleo a través de obras públicas y construcción de viviendas populares, y prevé la toma de un préstamo de contingencia de 300 millones de dólares.
Argentina, entre otras medidas, estableció incentivos fiscales para que compañías contraten a nuevos trabajadores y formalicen a empleados no registrados, la creación de un Ministerio de Producción, encargado de promover el comercio exterior y la reducción de impuestos a la exportación de trigo y de maíz.
Por su parte, Chile prevé la creación de un plan de estímulo fiscal por un monto de 4.000 millones de dólares, que incluye 700 millones de dólares que serán adicionados a al presupuesto 2009 para obras de infraestructura, así como la creación de un subsidio al trabajo.
Brasil estableció la reducción de impuestos por valor unos 3.600 millones de dólares, para incentivar el consumo y estimular los préstamos.
En el caso paraguayo, el país tiene superávit fiscal desde 2004 y no pesa sobre él un endeudamiento externo alto.
"No nos encontramos en una situación comprometida, porque hay herramientas para enfrentar la crisis. Lo que se debe hacer es imprimirle velocidad y eficiencia a las decisiones, para que el impacto sea positivo", señaló Fernández.
El Proyecto Gasto Social presentó en enero el estudio "Desaceleración económica global y su impacto en el nivel de pobreza en Paraguay", dedicado a arrojar luces sobre los efectos que se podrían manifestar en la economía nacional, en caso de que no se reactive el aparato productivo y suponiendo que tampoco se aplicaran masivas transferencias condicionadas para movilizar pequeñas economías en poblaciones vulnerables.
"El país tiene un incremento importante de la población en edad de trabajar. En una situación de desaceleración económica, obviamente no se crearán nuevos empleos. Al no crearse nuevos empleos, no se podrá absorber la nueva mano de obra que pretende instalarse en el mercado laboral", explicó.
El aumento de desempleo podría llegar a afectar a 100.000 personas.
El segmento de gente en edad de trabajar crece aproximadamente en 120.000 personas cada año. Cerca de 2.900.000 habitantes forman la población económicamente activa, de las que, según datos de 2007, 2.700.000 están ocupadas.
El desempleo abierto se redujo en los últimos años. En 2003 fue de 8 por ciento y en 2007, de 5.6 por ciento.
El análisis de Proyecto Gasto Social concluye que con la desaceleración económica aumentaría en el país la pobreza moderada y la indigencia, comprometiendo seriamente el logro del primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Llegar a 2015 con una proporción de pobreza extrema 50 por ciento menor a la de 1990 fue el primero de los objetivos del milenio a los que se comprometieron los gobiernos del mundo en 2000.
