El poder del bipartidismo se acentuó en Honduras con el reparto de funcionarios a cargo de los organismos de contralor entre el gobernante Partido Liberal y el Nacional, en el marco de un proceso de selección cuestionado por organizaciones sociales.
La negociación permitió designar al liberal Luis Rubí como fiscal general y al nacionalista Roy Urtecho como su adjunto, quienes fueron escogidos entre cinco postulantes seleccionados por la llamada Junta Proponente, conformada por dirigentes políticos y delegados universitarias, del Poder Judicial, el Colegio de Abogados y el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Esa lista, encabezada por integrantes de ambos partidos tradicionales, fue cuestionada por organizaciones de la sociedad civil ante la discrecionalidad en la selección de los cinco postulantes y la rapidez con que el Congreso legislativo, dominado por el bipartidismo, escogió a las nuevas autoridades antes de finalizar el plazo de un mes que establecía la ley.
El nuevo fiscal general y su adjunto del Ministerio Público de Honduras asumirán sus cargos el 11 de marzo, teniendo como principal desafío el rescate de la credibilidad de la institución, salpicada entre otras denuncias por tráfico de influencias, abuso de autoridad y limpieza de expedientes a funcionarios y ex funcionarios implicados en actos de corrupción.
La elección de las nuevas autoridades de contralor concretada el domingo estuvo caracterizada por el acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, que también llevó al activista liberal Gilberto Ochoa al frente de la Procuraduría del Ambiente y a la nacionalista Yolani Cámbar a ocupar la subprocuraduría. Los cuatro cargos son por cinco años.
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Jari Dixon, vicepresidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, fue contundente ante la consulta de IPS. "Felicito a los sectores oscurantistas de los dos partidos políticos, entre ellos ex presidentes, por el control que se han agenciado en la Fiscalía y así seguiremos viendo a los humildes en la cárcel, y a los corruptos en el poder", sostuvo.
Con la elección de las nuevas autoridades, "la crisis en la Fiscalía sólo se agudiza y agoniza", sentenció Dixon, quien junto a otros activistas encabezó hace ocho meses una huelga de hambre de 38 días para llamar la atención de lo que sucedía en el Ministerio Público y denunciar la corrupción.
Por su parte, el líder evangélico Evelio Reyes indicó a IPS estar "frustrado con esta elección, por el producto final que se dio a lo interno de la Junta Proponente, donde los emisarios de los dos partidos impusieron su aplanadora en contra de las posturas sostenidas por los representantes de las universidades y el comisionado de Derechos Humanos, que lucharon por equilibrar y depurar una mejor lista, pero no pudieron".
Durante la elección de las nuevas autoridades, los diputados de los partidos minoritarios Unificación Democrática (UD), de izquierda, y PINU-Social Demócrata condenaron el reparto del bipartidismo en los principales cargos de control fiscal del país, tras abstenerse de votar y pronosticar la debilidad con que llegaban los nuevos titulares del Ministerio Público.
La designación de las nuevas autoridades de contralor del Estado contó con el voto de tres de los cinco partidos políticos representados en el parlamento, el PL, el PN y el Partido Demócrata Cristiano.
"No debemos seguir pensando en el blindaje de ciertas personas, debemos revisar incluso a la gente que proponemos en ese tipo de Junta Proponente, porque es una vergüenza el papel que jugaron los representantes del Poder Judicial y del gremio de los abogados", se quejó Toribio Aguilera, del PINU-SD.
"Ellos no dejaron considerar otras opciones y se ha tenido que escoger dentro de la peor lista que para cargos públicos de control fiscal ha tenido el país en la última década", apuntó.
"Aquí hubo una forma de alianza perversa entre esos tres representantes, más aún, cuando apenas hace 15 días se eligió a una nueva Corte Suprema de Justicia y ya los magistrados están sacando el lustre (brillo) del que fueron hechos y a quienes representan", dijo a su vez a IPS el diputado izquierdista Marvin Ponce.
Mientras los parlamentarios elegían a las nuevas autoridades, entre ellas al procurador y subprocurador del Ambiente, en los bajos de la sede del Congreso decenas de personas protestaban y gritaban ¡vendidos!, ¡corruptos! y ¡traidores!
Las consignas desataron la ira de la representante liberal Dilma Quezada, al indicar que "en esta elección de segundo grado, elegimos nosotros, los diputados, y no esa tal sociedad civil. Ya basta de que nos ofendan, nosotros somos los representantes del pueblo y no esas aves agoreras", acotó.
En medio de fuertes denuncias de una intentona golpista por parte de la propia presidencia del país, dos semanas atrás el Congreso eligió a los nuevo integrantes de la Corte Suprema de Justicia de una lista en la que figuraban ocho magistrados liberales y siete nacionalistas, como ha sido la tradición en la última década.
Tanto la Corte como el Ministerio Público son claves en la lucha contra la corrupción, un flagelo que puso a Honduras en los últimos lugares según la lista de la organización Transparencia Internacional.
Los llamados delitos de cuello blanco, es decir los perpetrados por sectores de poder político o económico, han quedado históricamente impunes en Honduras.
Uno de los casos más notorios fue el del ex mandatario nacionalista Rafael Callejas (1990-1994), acusado de corrupción, quien obtuvo hace tres años ocho cartas de libertad por la incapacidad de Ministerio Público en la valoración de pruebas.
Antes de salir, la anterior conformación de la Corte Suprema de Justicia, controlada por el PN, sobreseyó definitivamente al político de la causa, mientras Estados Unidos le quitó la visa por las denuncias de corrupción.
