Tras el rótulo de «crimen pasional», los asesinatos de mujeres en Argentina son tan cotidianos que se vuelven invisibles. Según el registro de una organización no gubernamental, en 2008 fueron muertas 207 mujeres, casi siempre por sus parejas o ex parejas.
Baleadas, apuñaladas, asfixiadas, estranguladas o golpeadas. A veces violadas. Otras, asesinadas junto a sus hijos por la misma violencia machista que goza de amplia tolerancia social y política, denuncian entidades humanitarias y de mujeres.
El Estado, al ignorar esta forma gravísima de violencia y discriminación, no sólo falla en la protección de las víctimas sino que está incumpliendo compromisos internacionales que asumió hace décadas, agregan.
Los datos sobre femicidios surgen del monitoreo de la asociación feminista La Casa del Encuentro, que trabaja en esta temática vinculada a la población de mujeres y que recogió la información en diarios y agencias de noticias nacionales y provinciales.
Una iniciativa similar —con diferentes parámetros para la medición pero resultados igualmente alarmantes— estuvo a cargo de la Asociación Civil Artemisa Comunicación y de la filial argentina de la organización humanitaria Amnistía Internacional.
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La intención, en todos los casos, es echar luz sobre un drama social silencioso, que se alimenta de la discriminación y la denominación.
La nómina de La Casa del Encuentro incluye el nombre y la edad de la persona muerta, la forma en que fue asesinada y el parentesco que tenía con el principal sospechoso. En muchos casos se consigna el suicidio del matador.
No se incluyeron casos de mujeres hospitalizadas por golpes y heridas que fallecieron luego por paro cardiorrespiratorio, aclara el informe. Sí se mencionan casos de "femicidios por conexión" como dos hermanos, de dos y cuatro años de edad, muertos a martillazos por su padre en un acto de "venganza" contra la madre.
"No se trata de un fenómeno nuevo, aunque sí creciente", dijo a IPS la activista Fabiana Tuñez, de Casa del Encuentro. "Lo que queremos demostrar con esta investigación es que no hay estadísticas oficiales y por eso tampoco hay leyes, ni campañas de prevención o erradicación de la violencia de género", remarcó.
Las mujeres no sólo necesitan animarse a denunciar el maltrato antes de que sea tarde, afirman activistas. También requieren asesoramiento jurídico y psicológico, en las situaciones más graves, un hogar transitorio para ellas y sus hijos, y hasta ayuda económica cuando están desempleadas o son trabajadoras en sus propias casas.
Según las denuncias de distintas organizaciones, cada año 4,5 millones de mujeres soportan alguna forma de violencia en este país. Más de 600 están desaparecidas, presuntamente cautivas de redes de explotación sexual. Hay al menos 200 asesinadas y cientos de víctimas de violaciones sexuales, precisó Tuñez.
En los medios de comunicación la violencia de género se expresa en la denigración de la mujer, la exaltación de su cuerpo o la desvaloración de su papel. La entidad Periodistas de Argentina en Red – Por un Periodismo no Sexista (PAR) elaboró en 2008 un decálogo para el tratamiento periodístico de estos casos.
El decálogo propone, entre otras máximas, "desterrar" de las redacciones la figura del "crimen pasional" para aludir a los asesinatos de mujeres, y no buscar en ellos justificaciones o "motivos" como el alcohol, las drogas, los celos o las infidelidades, que distraen del hecho principal, la violencia extrema ejercida por una persona contra otra.
Para sacar a la luz estos asuntos, Amnistía Internacional presentó en noviembre el informe "Muy tarde, muy poco. Mujeres desprotegidas ante la violencia de género en Argentina", tras una serie de recomendaciones y señalamientos que no encontraron eco en las autoridades. Ese documento subraya que la violencia contra mujeres "es una práctica generalizada en el hogar y en la comunidad" y reclama al Estado una acción "urgente".
"Los índices elevados de muertes, lesiones y agresiones que sufren las mujeres en Argentina pueden considerarse un indicador de la inacción a la hora de abordar las desigualdades entre hombres y mujeres", afirma el estudio.
"Argentina no tiene una política eficaz, coherente y coordinada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres", dijo a IPS Rafael Barca, director de la filial nacional de Amnistía.
Una víctima puede contar con asistencia estatal en Buenos Aires, pero no en otras provincias como Jujuy, en el noroeste del país, ejemplificó.
A su juicio, una manifestación de la falta de interés gubernamental es el monto de los recursos asignados. El Consejo Nacional de la Mujer, encargado de las políticas sectoriales, recibe menos de una sexta parte que lo que se destina a la promoción del turismo.
Después de cuatro años de labor, el Senado argentino aprobó a fines de 2008 un proyecto integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en todas sus formas y en todos sus ámbitos. El texto recoge buena parte de los reclamos, pero aún no fue sancionado en la cámara baja.
"Nosotros hicimos propuestas, presentamos un plan de 14 puntos, pero no hay voluntad de atacar el problema de raíz", protestó Barca. Para ello se requeriría por ejemplo empezar desde la educación primaria a combatir los prejuicios sexistas, remarcó.
Según Barca, la ley sería solo un aspecto de la estrategia.
El hecho de que Argentina esté presidida por una mujer, Cristina Fernández, no contribuyó a cambiar esta realidad.
"Uno esperaría que cualquier presidente se comprometiera, pero (Fernández) fue una de las pocas líderes que no aprovechó el 25 de noviembre —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer—, para pronunciarse" contra estos males, indicó.
Amnistía estima que falta "un liderazgo público que verbalice esa condena a fin de que las víctimas se sientan acompañadas y se animen a denunciar". Esa fue una de las recomendaciones hechas a las autoridades, manifestar que esa violencia es "inaceptable".
El Estado argentino no cumple compromisos internacionales asumidos hace tiempo, como la ratificación en 1985 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, que este país ratificó en 1996.
