El ingreso de inmigrantes a la Unión Europea (UE) se cierra aun más a partir de una norma aprobada por el Parlamento Europeo e impulsada por el gobierno de España.
Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración de España, dijo este jueves en una conferencia que el gobierno no solamente apoya esa medida, votada el miércoles, sino que fue su impulsor dentro del Parlamento Europeo.
Se trata de "consolidar el sistema de contratación de inmigrantes en origen y aumentar la capacidad del Estado en la lucha contra la inmigración irregular", justificó.
En la norma se establecen sanciones a las empresas y particulares que empleen a personas extranjeras sin residencia legal, es decir que hayan ingresado al territorio de la UE sin los requisitos ni los trámites administrativos y consulares en su país de origen.
Para el portavoz de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, Raúl Jiménez, la explicación de Rumí "evidencia una postura utilitarista de la migración, al considerarla solamente como mano de obra, sin reconocer su condición de personas con todos sus derechos".
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Para ella "los inmigrantes solamente sirven en épocas de bonanza, y en medio de una crisis como la que estamos viviendo, su aporte no lo considera necesario", dijo Jiménez a IPS.
María Concepción López, que dirige el no gubernamental Centro de Acción Social San Rafael desde que fue creado, hace 25 años, también se pronunció de forma crítica tras escuchar la conferencia de Rumí.
"El gobierno tiene la obligación de legislar, pero me ha llamado la atención que, refiriéndose a la inmigración irregular, utilice el término 'lucha', que equivale a guerra, cuando ese tema se puede controlar de muchas maneras y se debe hacer siempre respetando los principios constitucionales y los derechos humanos", dijo López a IPS.
Uno de los tantos ejemplos de descontrol, según López, "es el acoso policial a que son sometidos los inmigrantes en la calle. Todas las personas que tienen signos étnicos distintos, aun estando documentadas, en la calle son paradas hasta cinco veces por la policía, y esto produce inseguridad, angustia y a veces trastornos emocionales".
Un inmigrante puede tener irregularizado un asunto administrativo, pero se los sigue considerando irregulares, "y hay quienes equívocamente hablan de ilegales", aunque muchos de ellos lleguen a los aeropuertos con sus pasaportes en regla, apuntó Jiménez.
Por eso, añadió, "nosotros compartimos que se debe castigar a empresarios inescrupulosos, muchos de ellos fruto de mafias organizadas, y que se han valido de la indefensión de los inmigrantes para explotarlos sin contratos y, en algunos casos, sin pagas".
Pero esto "no debe vulnerar" los derechos de una persona extranjera en situación irregular, "que no debe ser perseguida por un hecho meramente administrativo, ya que los culpables son quienes contratan a desesperados que buscan una forma de regularizar su situación", agregó Jiménez. "Estos empresarios que fomentan la economía sumergida son los que deben ser penalizados", insistió.
En el caso del servicio doméstico, "donde existe mayor vulnerabilidad, las leyes deben apuntar a proteger a los inmigrantes, en su mayoría mujeres, muchas de las cuales son amenazadas, sus documentos confiscados y obligadas a vivir encerradas. El gobierno español debería garantizar la protección de quienes son explotados, los inmigrantes", abundó Jiménez.
Rumí destacó la firma de acuerdos con Marruecos, Rumania y Senegal para controlar la inmigración "incentivando el crecimiento y el desarrollo en aquellos lugares de los que salen más menores, y trabajando con esos países para esa protección y esa prevención".
En aplicación de esos pactos, en 2008 se redujo en 80 por ciento la llegada de menores no acompañados desde Marruecos. La funcionara manifestó también que su país será más tolerante que Gran Bretaña, donde lo que se está haciendo respecto a la inmigración es "no positivo", dijo.
Las duras medidas adoptadas por el gobierno británico del primer ministro Gordon Brown determinan, por ejemplo, que los corresponsales de prensa extranjeros no europeos deben obtener una visa de negocios, con una duración máxima de seis meses, para desempeñar su labor.
"Tengo mucha confianza en cómo se construye la convivencia en nuestro país" y "en cómo se ha conformado con toda normalidad la convivencia, desde hace muchos años, entre españoles y extranjeros" y "la segregación no es la solución a la crisis, que la estamos viviendo todos, españoles y extranjeros", dijo la secretaria de Estado.
Así como décadas atrás, muchos españoles trabajaron en otros países, en los años de expansión de la economía española (1970-2000), "cuando eran necesarios tantos trabajadores que no había en el mercado español, contratamos extranjeros que han cotizado y que han pagado sus impuestos", describió.
En los próximos 30 a 40 días, el gobierno analizará la reforma de la Ley de Extranjería, que tendrá en cuenta las directivas europeas y se adecuará a varias sentencias del Tribunal Constitucional, informó Rumí.
"Hemos aprovechado esta ocasión para trasladar toda la política de inmigración que hemos diseñado durante los últimos cuatro años a la ley, para garantizar aspectos como la integración y el traslado del aspecto laboral al texto", sostuvo.
El Consejo Económico y Social ya emitió un informe sobre la reforma y pronto lo harán el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y el Consejo General del Poder Judicial, entre otros organismos preceptivos, antes de que se inicie el trámite parlamentario.
La secretaria de Estado confía en que las fuerzas políticas y sociales alcancen un consenso sobre el texto y que el Poder Legislativo lo convierta en ley antes de que finalice el actual período de sesiones.
