José Luis llegaba a la parada de autobús cuando vio vecinos furiosos atacando comercios, automóviles y cabinas telefónicas. Sin pensarlo, se unió a la turba que alcanzó un supermercado y dio comienzo a la mayor revuelta social y la mayor masacre del último siglo en Venezuela.
Era la mañana del 27 de febrero de 1989 en Guarenas, ciudad-dormitorio 30 kilómetros al este de Caracas, donde ciudadanos enfurecidos por una súbita alza en las tarifas del transporte pasaron de la simple protesta a los desórdenes y saqueos indiscriminados.
"Yo tenía 17 años y me uní para ser parte del relajo y de la rabia de la gente contra todos los que especulaban", rememora José Luis, ahora un respetable mecánico.
"Pero después la gente empezó a saquear al darse cuenta de que iban a escasear las provisiones y de que la policía se llevaría lo que no cargáramos", relató a IPS
La protesta y el desorden saltaron de Guarenas y otras ciudades-dormitorio al centro de Caracas, al coincidir con manifestaciones estudiantiles y de trabajadores. El reporte de la televisión hacia el mediodía de ese lunes fue como una clarinada: todos al saqueo.
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Durante una semana se prolongaron los desórdenes y la represión, la que fue intensa desde el martes 28 bajo una militarización de importantes ciudades y un toque de queda desconocido durante generaciones. El saldo: centenares de muertos, unos 2.000 heridos y más de 150 millones de dólares en daños a comercios.
Al Caracazo, nombre que se le dio a esa violenta semana, se la reconoce como una divisora de aguas para la sociedad venezolana, "que vivía una ilusión de armonía", según coinciden sociólogos y psicólogos sociales.
El fenómeno definió el rumbo de la política desde entonces. Los partidos tradicionales y los sindicatos comenzaron a ser parte del pasado.
"Es la mayor masacre en toda la historia venezolana del siglo XX. Ningún otro movimiento popular dejó tantos muertos", observó a IPS el sociólogo Tulio Hernández.
El Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), surgido entonces, documentó más de 500 muertes en el área metropolitana de Caracas.
Científicos sociales y políticos coinciden en que el Caracazo fue una explosión de ira al cabo de más de una década de deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos.
La gota que colmó el vaso fue que, tras un alza de los precios de la gasolina, dispuesta después que estrenó el 2 de febrero su segunda presidencia Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), los transportistas suburbanos elevaron súbitamente sus tarifas.
Sin dinero para pagarlas, e imposibilitados de acudir a sus empleos cuando terminaba la segunda quincena del mes, los trabajadores de las ciudades-dormitorio fueron los primeros en estallar de ira, y les siguieron por millares pobladores en los barrios pobres, grupos vandálicos y aún la propia gendarmería.
El socialdemócrata Pérez había elevado los precios del combustible dentro de un amplio paquete de ajustes pactado con el Fondo Monetario Internacional.
Su rival histórico, el democristiano dos veces presidente Rafael Caldera (1969-1974 y 1994-1999) advirtió: "Los pobres rompieron a pedradas la vitrina del FMI. A un pueblo con hambre no se le puede pedir que defienda la democracia."
Lo dijo el 4 de febrero de 1992 en el parlamento, que discutía medidas tras el cruento alzamiento militar que acaudilló ese día el entonces teniente coronel y actual presidente Hugo Chávez, quien se reivindica como heredero político del Caracazo.
Ante los saqueos, desbordadas la policía y la Guardia Nacional, la noche del 27-F Pérez movilizó el ejército para intentar imponer el orden, lo que se consiguió al promediar la semana pero al costo de una represión frente a fuerzas populares sin objetivos ni dirección política alguna.
También es verdad, y los periodistas fueron testigos, que el ejército en muchas ocasiones "puso orden en el saqueo", limitándose a organizar las filas de vecinos que entraban a supermercados y tiendas a llevarse comida, sin dañar las instalaciones.
"Fue el primer quiebre del pacto institucional con el que funcionó la democracia desde 1958, una especie de decisión colectiva de romper con el estado de derecho imperante, peo también fue un gran fracaso nacional, una contienda sin ganadores, que quedó como una gran herida abierta", dijo Hernández.
La herida sigue abierta al punto de que "aún faltan la verdad y la justicia. A pesar de una sentencia contra el Estado venezolano, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todavía no hay ningún responsable preso por los excesos de las fuerzas de seguridad", dijo a IPS la abogada Liliana Ortega, fundadora de Cofavic.
El Estado venezolano admitió sus culpas en noviembre de 1999, una vez que llegó Chávez al poder y pagó una indemnización a los familiares de los 66 casos que estudió la Corte Interamericana por muerte o desaparición a manos de fuerzas de seguridad. Pero los juicios a los presuntos responsables siguen "en fase de investigación".
"Tampoco los familiares de baleados cuyos cadáveres fueron enterrados en fosas comunes hemos conseguido que se identifiquen los restos y que nos sean entregados para sepultarlos", dijo a IPS Maritza Romero, de Cofavic.
Su hermano, Israel Romero, era un albañil y deportista de 24 años que salió la mañana del 1 de marzo de 1989 a llamar por un teléfono público en Baruta, al sudeste de Caracas, cuando recibió un disparo de una de las patrullas de la policía metropolitana y la Guardia Nacional que se desplazaban por la zona.
"Herido, lo llevamos al hospital, lo operaron, vivió unas horas, pero murió esa noche", rememora Romero. "Otro hermano identificó el cadáver en un montón de cuerpos apilados, pero los guardias no lo entregaron, alegando que ya había toque de queda. Al día siguiente, cuando volvimos, dijeron que lo habían echado a una fosa común."
Las fosas comunes fueron abiertas en un sector conocido como "La peste", en el cementerio municipal de Caracas, y allí Cofavic, con apoyo de religiosos y otras organizaciones de derechos humanos, recuperó más de 60 cadáveres, que agregó a un primer inventario de 466 muertos en el Caracazo.
"Fue positivo que el Estado reconociera su culpa, y la corroborara con una indemnización, pero falta saber la verdad con una investigación seria, que se haga justicia castigando a los culpables y que se nos entreguen los restos de nuestros deudos para sepultarlos y cerrar esta página de dolor", afirmó Romero, enjugando una lágrima.
Ortega dijo que "el Caracazo es todavía una herida abierta que se repite en las violaciones a los derechos humanos que persisten en nuestra sociedad, especialmente en la impunidad que acompaña el asesinato diario de jóvenes en nuestros barrios".
En Venezuela se registran unos 13.000 homicidios anuales —48 por cada 100.000 habitantes— y entre 3.000 y 4.000 muertes en enfrentamientos con la autoridad. Son escasamente investigados. Según organizaciones humanitarias, menos de cinco de cada 100 homicidios registrados llegan a la fase de sentencia en los tribunales.
Como aporte para la superación de este problema, Ortega propuso este jueves que el gobierno acepte conformar y encabezar una amplia "Coalición por la Verdad y la Justicia", que esclarezca casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 1988.
Entre ellos citó el Carachazo, el Amparo (la masacre de 14 pescadores en la frontera con Colombia en 1988, a los que se acusó falsamente de ser guerrilleros colombianos), matanzas de hasta 150 presos ocurridas en varias cárceles de Venezuela, y la supuesta desaparición de personas a manos de la policía política en el marco de los deslaves en Vargas, el litoral caribeño vecino de la capital, en 1999.
"Debería ser una coalición amplia, inclusiva, con gente del Estado y de organizaciones que hemos defendido los derechos humanos durante décadas, que aproveche la experiencia de las comisiones de la verdad y reconciliación en otras democracias latinoamericanas y nos permita a los venezolanos mejorar la nuestra, saldando esa deuda con la verdad y justicia para nuestro pueblo", concluyó Ortega.
