A instancias del gobierno, el parlamento de Perú conformó una comisión para analizar posibles irregularidades en la venta de Petro Tech Peruana (PTP) a las firmas estatales Ecopetrol, de Colombia, y KNOC, de Corea del Sur. Pero opositores descreen de sus resultados y se negaron a integrarla.
El objetivo declarado es determinar si la transacción, concretada a comienzos de este mes por 900 millones de dólares con Offshore International Group, que era la propietaria de PTP, se ejecutó sin vulnerar la legislación peruana.
PTP tiene bajo su administración 9,5 millones de hectáreas de lotes petroleros. Sin embargo, como la venta se efectuó en el exterior, el Estado peruano no puede aplicar impuestos sobre la operación y consecuentemente no recibe dinero alguno por la operación.
Pero la oposición se niega a participar en la investigadora alegando que se trataba de una maniobra para, finalmente, hacer que el Congreso legislativo avale la transferencia.
Contra viento y marea, la representación del gobernante Partido Aprista Peruano instaló la comisión con la presidencia de uno de los suyos, Johnny Peralta, y la completó, ante la ausencia de opositores, con los también oficialistas Aldo Estrada y Wilder Ruíz, junto a Cecilia Chacón, del sector afín al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y aliado en esta instancia.
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"Que el presidente de la comisión sea un miembro del partido de gobierno no descalifica las conclusiones a las que llegue la investigación", se defendió el presidente del Congreso legislativo, Javier Velásquez.
"No hay que prejuzgar sino que hay que confiar en que la comisión hará sus pesquisas dentro de las atribuciones conferidas por el Congreso", arguyó.
La opinión de la oposición es distinta. "Lo que va a hacer la nueva comisión investigadora es olear y sacramentar la venta de PTP", señaló el legislador Daniel Abugattás, del Partido Nacionalista,
"El partido de gobierno y sus amigos velan por los intereses extranjeros antes que por los nacionales. No hay, pues, una intención fiscalizadora ni mucho menos", añadió.
En su presentación pública como presidente de la comisión, Peralta garantizó absoluta transparencia en la investigación. Sin embargo, en contraposición a su declaración, anunció que no hará comentarios a la prensa hasta que termine su labor indagatoria y dispuso que las sesiones sean secretas.
La venta de PTP no fue un secreto porque los representantes de Ecopetrol y KNOC hicieron pública la transacción y sus detalles en una conferencia de prensa, el 6 de este mes, en la que incluso precisaron que contaban con el aval del presidente de Perú, Alan García.
Empero, Ruíz garantizó la transparencia y honestidad de la investigación, y no descartó que el eventual hallazgo de irregularidades en la venta de PTP implique la intervención de las autoridades.
"Las sesiones serán reservadas para que los testigos tengan la tranquilidad de dar su versión sobre los hechos", dijo Ruíz a IPS. "Queremos evitar que el trabajo de la comisión se convierta en un circo mediático", justificó.
"PTP ha sido cuestionada por la Contraloría General de la República y por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, de modo que existen suficientes motivos para investigar el contrato de venta a las empresas de Colombia y Corea", explicó.
"Por ejemplo, Rafael Samaniego, el (entonces) presidente de Perupetro, la entidad encargada de fiscalizar los contratos y concesiones, tuvo que renunciar porque se descubrió que había sido gerente de PTP. No hay que temer, nosotros vamos a ir hasta el fondo de este asunto", puntualizó.
No es la primera vez que PTP será investigada. En octubre, cuando se difundieron grabaciones que comprometían a funcionarios del gobierno con representantes de la empresa noruega Discover Petroleum para la obtención de cinco lotes petroleros, el Congreso formó una comisión investigadora encabezada por el nacionalista Daniel Abugattás.
Esa comisión concluyó que el régimen de Fujimori favoreció con contratos y concesiones petroleras ilegales a PTP, y que por lo tanto estos acuerdos debían revisarse porque eran perjudiciales para el Estado peruano.
Sin embargo, tres miembros de la disuelta comisión dirigida por Abugattás, el oficialista Miguel Guevara, el fujimorista Carlos Raffo y el progobierno Rafael Yamashiro, se negaron a suscribir el informe y presentaron otro en el que exculpan a PTP.
Al final, Abugattás y su compañero de oposición, Edgar Reymundo, suscribieron un informe en minoría.
El 31 de enero, el Congreso votó a favor del informe del oficialismo que beneficia a PTP. Poco después, el 5 de este mes Ecopetrol y KNOC compraron PTP.
"La Contraloría detectó que el gobierno de Fujimori firmó contrato con PTP para la explotación del importante Lote Z-2B sin contar con la aprobación del Consejo de Ministros como señala la ley, y a raíz de esa investigación PTP se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades", dijo a IPS el asesor principal de la bancada de oposición, Manuel Dammert.
"No obstante que está demostrado que el régimen de Fujimori fraguó un decreto supremo para autorizar el contrato con PTP, el dueño de esta empresa, el estadounidense William Kallop, vendió en el exterior su propiedad a Ecopetrol y KNOC con la evidente finalidad de evadir a la justicia", argumentó Dammer.
"Después que se negaron a firmar el informe que elaboramos donde se señala que PTP obtuvo un contrato ilegal y recomendamos revisar todos los contratos petroleros, ahora pretenden arreglar la situación formando una nueva comisión investigadora", dijo a IPS el congresista Daniel Abugattás: "Es una burla".
