El no gubernamental Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras se propone comprometer efectivamente al gobierno, a otras autoridades y a la sociedad toda para sacar al país del exclusivo club de estados altamente venales, como reporta habitualmente Transparencia Internacional.
La lucha contra la corrupción en este país debe dejar el mero discurso y pasar a una política integral, que contemple directivas claras en materia de prevención, transparencia, control y rendición de cuentas, juzgamiento y sanción, coordinación institucional, participación ciudadana y acceso a la información pública, dijo a IPS el coordinador del CNA, Juan Ferrera.
Por eso esta organización de la sociedad civil elaboró una propuesta de política pública, que es producto de un amplio consenso y consultas por casi un año con sectores sociales, políticos y económicos locales. Será entregada a fines de marzo al gobierno de Manuel Zelaya con la pretensión de que la adopte, aplique y forme parte de los compromisos de país que se impulsan.
Estimaciones preliminares acerca de los costos de la corrupción en Honduras indican que, sólo en 2007, casi 631 millones de dólares dejaron de percibirse a causa de la corrupción.
Según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), con ese monto se pudo abastecer de medicamentos a todos los hospitales hondureños o sacar de la extrema pobreza al menos a 300.000 personas proporcionándoles un trabajo con un salario mensual de 210 dólares.
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La política anticorrupción pretende ser un marco de acción de largo término y de vocación preventiva que posibilite procesos sociales necesarios para la consolidación de un contexto nacional equitativo, integrado y seguro en el acceso a la información pública y con rendición de cuentas, detalló a IPS Rolando Sierra, de la unidad de conocimiento y análisis de la entidad.
Para Sierra, esta propuesta de política tiene como enfoques transversales los temas de acceso a la información, descentralización, igualdad de género y juventud, así como cinco lineamientos interrelacionados en materia preventiva, control y sanción, participación ciudadana, auditoria social y rendición de cuentas.
Hace una semana, la prensa local retomó una información procedente de Nicaragua, Honduras sigue en el segundo lugar como nación más corrupta de América Central, detrás de Nicaragua, según el índice de percepción realizado por Transparencia Internacional.
El secretario privado de la Presidencia, Eduardo Reina, sostuvo que esa calificación era "injusta y tendenciosa", limitándose a indicar que fueron más corruptas otras administraciones anteriores, "sin que la prensa hiciera tanta alharaca como ahora".
Honduras ha recibido en la última década un puntaje de 2,5 en el índice de percepción de la corrupción y sigue en el puesto 131 entre 180 países analizados.
Ello significa que dos tercios de los países escrutados recibieron un puntaje mayor y que Honduras pertenece al grupo exclusivo de países con mayor percepción de corrupción.
Para la socióloga Julieta Castellanos, la erradicación de la corrupción y la falta de transparencia pasa inexorablemente por entender sus raíces, las tradiciones burocráticas y los incipientes esfuerzos de políticas públicas orientadas a la búsqueda de transparencia en el Estado, al igual que en la sociedad misma.
En declaraciones a IPS, Castellanos entiende que la corrupción está tan institucionalizada en Honduras, "que los marcos normativos existentes para combatirla y regularla, se vuelven ineficientes al grado que se nos habla de una "captura del Estado", por no existir, en el caso de los delitos de cuello blanco, nadie preso por estos delitos".
"En la última década hemos presenciado la evolución de una aguda crisis de legitimidad de las instituciones políticas. De ahí que la problemática que encierra la corrupción representa el mayor de los desafíos y es motivo de preocupación para el desarrollo y estabilidad de un Estado democrático", señaló a IPS el analista político Ariel Montes de Oca.
Los efectos de la corrupción en este país, que se remontan a la época colonial, han impedido, al igual que en otros países latinoamericanos, la formación y consolidación de una Honduras como Estado independiente, sino que también ha incidido en el debilitamiento de su estabilidad institucional y su desarrollo socioeconómico.
Algunos elementos que resaltan para entender mejor la corrupción y su situación en el país están vinculados a la burocracia, el vacío legal y un sistema judicial ineficiente e inoperante.
Las encuestas de percepción publicadas en los últimos tres meses en Honduras indican que cerca de 40 por ciento de los entrevistados creen que es poco probable que la corrupción deje de ser un problema para el país en el futuro, mientras que 78 por ciento de ellos se muestran convencidos de que está lejos de disminuir y que aumentará en los próximos 10 años.
Además, existe una alta percepción de que la corrupción causa mucho daño al país, al punto de que 96 por ciento de los encuestados expresaron su desconfianza en el sistema.
De ahí que la política anticorrupción intenta arrancar a la dirigencia política y empresarial compromisos para fomentar la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y la rendición de cuentas.
Al sector privado, los lineamientos se dirigen a promover estrategias para contrarrestar los delitos de la corrupción de los ejecutivos, en especial el fraude, soborno y abuso de autoridad.
A su vez, examina otros aspectos vinculados al funcionamiento legal de los entes contralores en el país, los convenios internacionales, la participación de la sociedad civil, el compromiso de los medios de comunicación y el papel de los gobiernos locales.
