El abandono de posturas radicales, inspiradas en un renacimiento del poder cultural indígena, y la adopción de la «antropología multicultural» son una de las características de la nueva Constitución boliviana, orientada a ampliar el control estatal a nuevos sectores de la economía, en opinión del sociólogo político Franco Gamboa.
Para su análisis, Gamboa revisó los textos, propuestas y borradores en distintas fases del agitado proceso constituyente.
Desde el 6 de agosto de 2006, 255 constituyentes elegidos por voto popular —139 de ellos del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS)— sesionaron en el Teatro Gran Mariscal Sucre de la ciudad homónima.
Pero la violencia desatada por ciudadanos que demandaban el traslado de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a Sucre, capital de la República, llevó a cambiar el escenario de los debates.
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Un edificio contiguo a un instituto de formación militar, el Liceo Edmundo Andrade, a siete kilómetros de Sucre, fue el lugar donde la Asamblea votó el índice del primer borrador, el 23 y el 24 de noviembre, mientras afuera los enfrentamientos entre una multitud resuelta a interrumpir el debate y fuerzas públicas dejó tres personas muertas y cientos más heridas.
Ante la inseguridad de Sucre, la Asamblea Constituyente fue convocada de urgencia a su sesión final en Oruro, 250 kilómetros al sur de La Paz, donde finalmente se aprobó la nueva Constitución, el domingo 19 de diciembre de 2007.
Para influir en el proceso, el gobierno puso en funciones la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (Repac), encargada de recolectar sugerencias para incorporarlas a la nueva carta magna y luego difundir los resultados de la "refundación de la República", como la llama el presidente izquierdista Evo Morales.
El texto, que recibió el 25 de enero de este año el respaldo de 61 por ciento de los votos, frente a 39 por ciento de rechazos, permite la reelección de Morales, quien volverá a postularse en los comicios generales del 6 de diciembre.
IPS: La Constitución aprobada, ¿guarda relación con el proyecto elaborado en 2006, que tenía rasgos marxistas y anticipaba un Estado radical de izquierda?
FRANCO GAMBOA: No hay relación si se comparan tres aspectos: primero, los 21 informes de las comisiones de trabajo reunieron más de 500 artículos, muchos de los cuales se repetían, y no hubo una metodología para filtrar, cotejar o darle un contenido jurídico-constitucional formal. Nunca funcionaron las comisiones mixtas o de concertación que preveía el reglamento de debates de la Constituyente.
El segundo aspecto es la comparación de las versiones de Constitución que tenía el MAS entre septiembre y diciembre de 2007, que también difieren.
La violencia de Sucre a partir del 15 de agosto de 2007 no solamente cerró las plenarias en la capital, sino que se convirtió en estímulo para que el MAS, de una vez por todas, sancionara por lo menos un borrador que no existía.
En su índice, el texto aprobado en el liceo Edmundo Andrade no tiene relación con la versión final de Constitución que comenzó a circular por órdenes de la Repac.
El tercer elemento muestra que los asambleístas tenían una versión impresa después de la aprobación en el liceo militar, otra versión antes de ingresar a Oruro y, finalmente, ni siquiera el conjunto de los constituyentes del MAS tenían la versión completa que se escribió entre una comisión de no más de 30 (personas), en el edificio de la Lotería Nacional y en el hotel Oberland de La Paz, a finales de 2007.
IPS: ¿En qué cambió el proyecto inicial?
FG: El radicalismo fue desapareciendo, así como se trató de no "indigenizar" demasiado el texto. Se mantuvo la orientación de los derechos sociales y colectivos y se dejó de lado la "estructura del nuevo Estado" planteada por los sectores más "indianistas", simplemente porque no había la oportunidad de darle "coherencia al texto constitucional". Se mantuvo también el carácter interventor del Estado en la economía.
IPS: Si la oposición no tuvo la suficiente fortaleza en la Asamblea, ¿por qué retrocedió el gobierno en temas de reivindicación indígena, como la adopción de antiguas organizaciones sociales y políticas como los "ayllus" (forma tradicional de organización comunitaria)?
FG: Porque el círculo palaciego del MAS y de Morales dudaba en aplicar con decisión las sugerencias constitucionales del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, la Central de Pueblos Étnicos de Moxos-Beni y otros grupos que, asesorados por organizaciones no gubernamentales y exotismos extranjeros de la cooperación internacional, terminaron por confundir los cálculos políticos de reelección y la defenestración de los prefectos (gobernadores opositores) de la Media Luna, sin guardar equilibrios con la clase media.
La debilidad de la oposición se complementa con el pragmatismo y la movilización calculada de masas que tenía el MAS para presionar por la aprobación de su texto, pero manejando un doble estándar discursivo. El plan era lograr la aprobación y acomodar progresivamente el texto a una estructura institucional que favoreciera la hegemonía de partido único, con el MAS a la cabeza, y la reelección de Morales.
IPS: ¿Hubo un retroceso del discurso frente a la realidad?
FG: Sí hubo un retroceso en términos de evitar una indigenización extrema de los cambios políticos. Sin embargo, toda la teoría del socialismo del siglo XXI, la revolución democrática o un giro 'chavista' (en referencia al modelo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez) nunca fueron discutidas abiertamente entre el MAS y los movimientos sociales indígenas.
Lo que interesa al MAS es consolidar una contra-elite dirigente con acceso al poder, uso de recursos y estrategias, para tener influencia en el sistema político en el largo plazo.
IPS: El gobierno califica su gestión como una revolución. ¿Cuánta cercanía existe entre la definición política y sociológica de una revolución con los cambios operados?
FG: Todos los cambios del gobierno son, en un sentido marxista anticuado, "reformismos". No hay ninguna revolución, y la prueba más clara es el subsidio llamado Bono Dignidad, que cambia el nombre a una política pública iniciada por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) con el Bono Sol. La estructura financiera para mantener vivo el bono cambia, pero sin alterar las previsiones que tuvo la derecha de los ajustes estructurales en los años 90.
El concepto de revolución implica altas dosis de violencia, y destrucción total de las estructuras del viejo régimen, así como un gran costo humano para consolidar a una elite revolucionaria que, progresivamente, actúa con un carácter más totalitario para evitar "intrusos en el proceso revolucionario".
IPS: En el texto final, ¿cuál es la definición del nuevo Estado, su caracterización y su posición frente al capitalismo y el socialismo? En relación a los dos sistemas, ¿en qué lugar se ubicaría el Estado boliviano?
FG: Se trata de un texto que reivindica un Estado interventor con facultad para proseguir acciones de nacionalización de más sectores de la economía, resistente a la posibilidad de incorporar inversión extranjera directa y con ribetes de antropología multicultural.
Posiblemente ésta es la novedad conceptual, se habla de un Estado plurinacional en términos antropológicos y teóricos, pero sin definir claramente sus consecuencias ni requerimientos para el diseño de políticas públicas. En la práctica, el Estado sigue siendo ineficiente y la elite gubernamental carece de instrumentos claros de gestión pública.
IPS: En un país con una dinámica agitada de la política y la sociedad, ¿por cuánto tiempo puede estar vigente la nueva Constitución sin sufrir cambios?
FG: Con la persistencia de la polarización entre oriente y occidente, así como entre áreas urbanas y rurales, los conflictos latentes y la inestabilidad política mantienen una serie de problemas irresueltos. El texto prevé mecanismos institucionales como el referendo y la actuación del Congreso.
Pero si los problemas de gobernabilidad desatan una violencia como la de octubre de 2003 (que hizo caer al gobierno de Sánchez de Lozada), es previsible que la Constitución sea cambiada por un régimen que se haga con el poder y con el discurso para instalar a otra elite al mando.
Este es el drama boliviano, haber caído en la fosa de pugnas de elites y contra-elites a costa de un sufrimiento y destrucción de procesos estables de desarrollo. En el fondo, aquel largo octubre negro de 2003 sigue como un fantasma insomne sobrevolando las ambiciones de poder de todo caudillo de turno.
