El juez español Baltasar Garzón, reconocido por perseguir a tiranos, terroristas y corruptos, cree que el avance hacia una justicia universal comenzó en 1996 con los juicios de Madrid contra represores argentinos y chilenos y, sobre todo, con la detención de Augusto Pinochet, en octubre de 1998. El magistrado habló con IPS horas antes de sufrir un quebranto de salud.
El ex dictador chileno Pinochet (1973-1990) fue detenido en Londres cuando Garzón lo pidió en extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. Aunque el pedido fue denegado, esgrimiendo razones de salud, el caso marcó un hito y tuvo fuertes repercusiones en la justicia de Chile, que abrió varias investigaciones contra Pinochet.
IPS: ¿Qué se debería hacer para que la justicia universal sea una realidad a corto plazo?
BALTASAR GARZÓN: Continuar por la senda iniciada cada vez con más vigor, por encima de intereses económicos o políticos, denunciando los intentos de que se retroceda, porque si lo permitimos nuevamente estarán sufriendo las víctimas y triunfando la impunidad. Tenemos los instrumentos para que cada país democrático lo haga y lo exija a los demás.
IPS: ¿Cual es el principal reto de la justicia ante la actual crisis financiera mundial?
BG: Conseguir una justicia dinámica, moderna, científicamente preparada y éticamente inatacable, comprometida en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.
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Estas lacras de la sociedad globalizada constituyen el lado oscuro de nuestro tiempo. Especialmente debe profundizarse en las raíces de la situación económico-financiera mundial. ¿Por qué grandes empresas están cayendo y con ellas arrastran la esperanza de millones de personas? ¿Quién es el responsable?
La justicia debe ser especialmente diligente en este tema, sin olvidar que, en defensa de los derechos fundamentales, los jueces tienen un papel básico para garantizar que el Estado de derecho debe prevalecer por encima de cualquier otro camino.
IPS: ¿Es la corrupción realmente un problema internacional?
BG: Lo es desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años se está tomando conciencia. Precisamente porque nadie antes se ocupó de este problema es que ahora está tomando una nueva dimensión esta lucha. Pero, para que se lleve con seriedad y eficacia, es indispensable la consolidación de los valores éticos a fin de perfeccionar los sistemas democráticos, fortalecer la institucionalidad y las normativas nacionales e internacionales.
El combate de la corrupción como fenómeno negativo de la globalización económica es vital. Mire los últimos escándalos en Estados Unidos y los informes de Transparencia Internacional, y comprobará como estamos ante un fenómeno universal.
Es por ello necesario dotar a los países de un sistema coordinado de respuesta, una convergencia legislativa en la línea que apuntan las convenciones internacionales contra la corrupción. Es decir, que aquellos que delinquen aprovechando las fisuras entre los diferentes ordenamientos jurídicos no tengan las ventajas que ahora poseen a través de paraísos fiscales u otros territorios no cooperantes, o por la falta de ratificación de aquellas normas internacionales.
IPS: Hay otro problema que parece estar en crecimiento, el tráfico de armas. ¿Qué opina al respecto?
BG: Se debe establecer una coordinación internacional efectiva para controlar a los intermediarios de la triangulación y venta de armas por medio de empresas que sólo prestan su nombre, pues si ese tráfico continúa fortalecerá la violencia y afectará en especial a la población civil.
El comercio incontrolado de armas en muchos casos se convierte en un problema de seguridad pública, ya que las armas suelen terminar en manos de la delincuencia organizada y de grupos terroristas.
Otras veces muchas de las armas que salen lícitamente de un país van a parar a países donde hay grandes violaciones de derechos humanos, como está sucediendo ahora en (la República Democrática del) Congo, y la comunidad internacional no reacciona. Ahí las Naciones Unidas tienen un gran déficit de control y de sanción a los infractores.
Me parece inmoral que gran parte del producto interno bruto de muchos países se base en la fabricación y venta de armas de guerra. Debería existir un control o cláusula de respeto a los derechos humanos en todos y cada uno de los países que adquieran armamento.
IPS: ¿Cómo define usted al terrorismo?
BG: El terrorismo es, cada vez más, una modalidad de crimen organizado. Utiliza sus técnicas, busca sus mismas fuentes de financiación, recuerde a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), al Talibán en Afganistán o Al Qaeda.
Y además pretende una rentabilidad política que, en ocasiones, se convierte en la excusa para no abandonar la violencia como vía de consecución de fines políticos.
Las organizaciones terroristas son empresas criminales, y como tales tienen sus estructuras, unas veces jerarquizadas y otras no, en función de sus propios intereses.
Sería un gran error si nos quedáramos sólo en la estructura armada, y dejáramos intocadas sus fuentes de financiación, sus apoyos, sus áreas institucionales, sus estrategias para ocupar las propias instituciones del Estado, deslegitimándolas.
También el terrorismo puede ser un crimen contra la humanidad cuando se expresa como ataque sistemático contra sectores concretos de la población civil. Incluso cuando hay un conflicto armado, como sucede en Iraq, las acciones terroristas están y deben ser perfectamente diferenciadas. Así, enviar muyahidines a suicidarse en un conflicto como aquél no puede ser insurgencia.
IPS: ¿Usted califica de terrorista un bombardeo a poblaciones civiles, aunque sea en medio de un conflicto bélico?
BG: Siempre que haya un ataque contra una población no combatiente, sea como sea, puede ser calificado de acción terrorista, y, en tanto se agrede a la población civil puede ser catalogado como crimen contra la humanidad. Desde mi punto de vista aquí no hay y no debe haber justificación o duda alguna.
La Corte Penal Internacional tiene mucho que decir aquí, y quizás debería pronunciarse en torno a algunos conflictos que están en la mente de todos.
IPS: Usted escribió en 2005 el libro "Un mundo sin miedo". ¿Qué lo llevó a hacerlo?
BG: La necesidad que aprecié de que deberíamos marchar hacia un mundo sin miedo en sentido positivo, porque las armas del derecho son las que nos deben llevar a la solución de conflictos y no tanto a través de la razón de la fuerza.
Y subrayo: sin apelar nunca a la fuerza, pero teniendo presente que incluso cuando ésta es necesaria se la debe aplicar dentro de lo establecido por el derecho internacional, que es común a todos los pueblos. Ese derecho rige para cualquier tipo de acción, sea militar, política o jurídica.
IPS: ¿Hay más o menos miedo en el mundo ahora, cuatro años después de escrito el libro?
BG: Quizás hay menos ilusión porque la situación es más complicada, pero también hay cosas muy positivas que nos permiten tener esperanza.
En esta recuperación de la esperanza tiene mucho que ver el triunfo de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Por fin se ha puesto fin a una administración (la de George W. Bush) que confundió la seguridad con la arbitrariedad, y la ausencia de garantías con la efectividad.
Se traspasaron los límites del derecho y hemos sufrido las consecuencias. Ahora lo mejor es recuperar el tiempo perdido haciendo desaparecer los "Guantánamo" del mundo.
IPS: Usted encontró oposición cuando decidió investigar a personas como Pinochet o al marino argentino Adolfo Scilingo por los crímenes cometidos en sus países. Uno de los argumentos esgrimidos fue que no tenía autoridad para juzgarlos, pues delinquieron fuera de España…
BG: Cuando los crímenes son de genocidio, contra la humanidad o de terrorismo, según la ley española y según las normas de derecho internacional, se aplica el principio de justicia penal universal, con independencia del lugar donde se hayan cometido los crímenes.
Se trata de evitar la impunidad. La dignidad de las víctimas nos impone no olvidar esos crímenes ni inhibirnos frente a quienes pretenden que no se juzguen. No es una posibilidad, es una obligación.
