El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, viene a la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) para «ver cómo sigue entregando los recursos mineros del país», afirmó uno de los dos sindicalistas de ese país premiados este miércoles por su defensa de poblaciones marginadas.
Freddy Lozano, dirigente de los trabajadores mineros que fue galardonado junto a su compañero Jairo Quiroz, censuró también al gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), que estaba en el poder cuando se produjo el desalojo de una comunidad entera de afrodescendientes para favorecer la expansión de un consorcio trasnacional en la mina de carbón de El Cerrejón, ubicada en La Guajira, noreste del país.
El gobierno de entonces y el de Uribe que gobierna desde 2002, "todos de corte neoliberal y defensores de las transnacionales, se pusieron del lado de éstas", dijo Lozano a IPS en una entrevista concedida por los dos líderes sindicales.
Lozano y Quiroz recibieron el Premio Positivo del Ojo Público de Davos, otorgado por las organizaciones no gubernamentales Declaración de Berna, una de las más antiguas de Suiza, y Greenpeace, en reconocimiento a los esfuerzos de su sindicato, Sintracarbón, a favor de los desalojados de El Cerrejón.
Las organizaciones no gubernamentales entregaron también los premios Global y Suizo del Ojo Público de Davos, una suerte de "Oscar de la vergüenza", como lo definieron, a la compañía minera estadounidense Newmont, considerada la más irresponsable en cuestiones ecológicas y sociales por sus explotaciones en Ghana, y a la empresa de energía suiza BKW, por la construcción de una usina térmica a carbón en Alemania.
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Esos dos "premios" a las empresas, cargados de ironía, transmiten un mensaje crítico a centenares de ejecutivos de compañías transnacionales que asistían también este miércoles la inauguración del FEM en este exclusivo centro turístico de Davos.
IPS: ¿Qué imagen tenían del Foro de Davos?
FREDDY LOZANO: Ya sabíamos que aquí los grandes empresarios del mundo y los gobernantes de las potencias mundiales vienen a ver cómo se reparten el planeta, y sobre todo los países del Tercer Mundo. No vienen a otra cosa. Por ejemplo, nuestro presidente está hoy en Davos y creemos que viene a ver cómo sigue entregando los recursos energéticos de nuestro país.
IPS: ¿Y no han cambiado de idea?
FL: No, porque es bien conocido que el Foro de Davos no es más que la forma en que la clase empresarial del mundo sigue expropiando a los países en desarrollo y sobre todo a los que cuentan con recursos mineros energéticos, para seguirlos saqueando.
IPS: ¿Este premio representa un estímulo para ustedes?
FL: El sindicalismo es en Colombia una actividad de alto riesgo. El país vive un conflicto interno desde hace mucho tiempo. Y en ese aspecto, nosotros, los defensores de los derechos humanos y los dirigentes sindicales, siempre estamos en la mira de la extrema derecha colombiana. Pero claro, el premio nos da un impulso para seguir el esfuerzo, no solo de los derechos de los trabajadores, sino también de las clases menos favorecidas.
IPS: ¿Cuál es la situación actual en ese terreno?
JAIRO QUIROZ: Sólo en el segundo semestre de 2008, razones de desplazamiento forzado y de abusos a los derechos humanos relacionadas con el conflicto armado interno obligaron a 270.000 personas a abandonar sus sitios de origen. Durante todo el año fueron asesinados 45 dirigentes sindicales.
IPS: ¿Cómo ocurrió el episodio de El Cerrejón?
JQ: Hay que remontarse al año 2000, cuando se produjo el desplazamiento forzado de unas 800 familias radicadas en la población de Tabaco, en la región noroccidental de La Guajira, lindante con Venezuela. La responsabilidad recayó en la empresa Intercor Carbocol, que entonces era la propietaria de El Cerrejón. Y digamos que también participó el Estado, que aportó la fuerza pública.
IPS: ¿De qué manera prosigue el conflicto?
JQ: Las poblaciones desalojadas, sometidas a un desarraigo físico y cultural, se desperdigaron por la costa norte colombiana. Las autoridades, tanto nacionales como locales, ignoraron el problema.
IPS: ¿Qué pasos dio el sindicato?
JQ: Sintracarbón tomó desde el comienzo la decisión de defender los intereses y los derechos de las poblaciones aledañas al complejo carbonífero. Tomamos contacto y establecimos alianzas con organizaciones no gubernamentales, obreras y de derechos humanos, de distintos países.
IPS: ¿Puede mencionar algunas?
JQ: Sí, el Grupo de Trabajo Suiza-Colombia (ASK, por su sigla en alemán), la Campaña de Solidaridad con Colombia de Gran Bretaña, la Acción Permanente por la Paz, de Estados Unidos y de Canadá, y otras.
IPS: ¿Qué gestiones realizaron?
JQ: Las denuncias internacionales y las reuniones con accionistas de las multinacionales propietarias del yacimiento permitieron que finalmente los ejecutivos de esas compañías entendieran que existía un problema, que habían causado un daño y que era necesario resarcirlo.
Intervino también una comisión internacional, integrada por personalidades independientes, que recomendaron negociar con la población desalojada e indemnizarla.
IPS: ¿Ha sido este un caso aislado en Colombia?
JQ: No, en nuestro país es muy común que este tipo de casos surjan en lugares donde operan compañías transnacionales dedicadas a la explotación de recursos minerales energéticos.
