El presidente George W. Bush dejó a su sucesor, Barack Obama, la tarea de cerrar la cárcel de la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba. Poco se sabe de un dilema similar, pero de mayores dimensiones, que afrontará el mandatario electo en Afganistán.
Se estima que allí están recluidas entre 600 y 700 personas, el triple de los hoy presos en la base naval instalada en el oriente de Cuba.
"La otra Guantánamo" se construyó poco después de que la invasión de fines de 2001, encabezada por Estados Unidos, expulsara al movimiento islamista Talibán del poder en Afganistán.
En 2005, luego de denuncias bien documentadas sobre muerte, tortura y desaparición de prisioneros, Washington intentó desprenderse de la base y entregarla a Kabul. Pero una serie de desinteligencias legales, burocráticas y administrativas obligaron a mantenerla bajo control militar estadounidense.
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Un informe confidencial reciente del Comité Internacional de la Cruz Roja lamentó el persistente maltrato de prisioneros en Bagram.
El informe menciona superpoblación, condiciones "duras", falta de claridad en la base legal de las detenciones, confinamiento de detenidos y tratamientos crueles en "violación de las Convenciones de Ginebra".
Algunos de los prisioneros han estado detenidos sin ser acusados ante los tribunales por más de cinco años. La Cruz Roja sostuvo que docenas estuvieron incomunicados por semanas e incluso meses, y que se los mantenía ocultos cuando se realizaban inspecciones.
Hina Shamsi, de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), dijo a IPS que "Bagram parece ser tan mala como Guantánamo, si no peor". "Si un prisionero está bajo custodia y control estadounidense, nuestros valores están en juego y a prueba nuestro compromiso con el estado de derecho", agregó.
"Los abusos detallados por la Cruz Roja nos preocupan porque demostrarían que perdimos el examen. El gobierno de Bush no ha limitado su régimen de detenciones ilegales a Guantánamo: ha tratado de imponerlo en Afganistán", advirtió Shamsi.
Pero, al contrario que esta activista, la mayoría de los observadores no creen que la solución a este problema radique en acciones del Congreso legislativo o del Poder Ejecutivo, sino en los tribunales, y que quedará estrechamente relacionada a las últimas sentencias referidas a la cárcel de Guantánamo.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó en junio pasado que los extranjeros detenidos por sospechas de participación en actos terroristas en Guantánamo tienen el derecho constitucional de cuestionar su arresto en tribunales federales en Washington.
Un tribunal federal comenzó a estudiar la semana pasada si esa sentencia también debe aplicarse en el caso de Bagram, que fue instalada, igual que Guantánamo, para recluir a prisioneros capturados en el marco de la "guerra contra el terrorismo", bajo total control militar y fuera del alcance de la justicia estadounidense.
La Corte Suprema echó por tierra reiteradamente la campaña del gobierno para impedir la revisión judicial de los casos de prisioneros en Guantánamo.
El Departamento (ministerio) de Justicia (fiscalía general) entiende que ninguna de las sentencias al respecto puede aplicarse en beneficio de los recluidos en Bagram, pues los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre ellos.
Pero abogados de los prisioneros en la base de Afganistán al menos desde 2003 replicaron que las últimas decisiones de la Corte Suprema también se aplican en su caso, así como a bases en Iraq.
"No hay analogía o espejo más completo de Guantánamo que este caso", dijo la abogada Barbara Olschansky, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y representante de tres de los cuatro prisioneros en Bagram por los que se realizó la demanda en la Corte Suprema.
"Estos individuos no son diferentes de los detenidos en Guantánamo, excepto por el lugar en que están recluidos", dijo en una audiencia judicial.
El Departamento de Justicia contestó que la base de Bagram es parte de una operación militar en curso, y que, por lo tanto, los tribunales estadounidenses carecen de facultades para fallar sobre lo que allí suceda.
"Dar a combatientes enemigos extranjeros detenidos en el teatro de guerra el privilegio de acceder a nuestros tribunales civiles es impensable, tanto en lo legal como en la práctica", sostuvo la fiscalía general.
El gobierno asegura que Estados Unidos carece de un control sobre la base aérea en Afganistán como sí lo tiene en la base naval de su enclave en Cuba. Por lo tanto, la sentencia de la Corte Suprema respecto de Guantánmo no es aplicable a Bagram.
La base afgana está en medio de una zona de guerra. Guantánamo, no, observaron los abogados del Poder Ejecutivo. Y la revisión de las detenciones en Bagram por parte de un tribunal civil pondría en peligro la misión militar en Afganistán.
Bagram, agregaron, "no es un campo provisorio, pensado para albergar a soldados enemigos aprehendidos en el campo de batalla por la duración de una guerra declarada, finita en el tiempo y en el espacio", porque la "guerra contra el terror", tal como ha sido concebida por el gobierno, es "ilimitada en duración y mundial en su amplitud".
Al contrario que Guantánamo, consideraron los abogados del gobierno, la cárcel de Bagram es de carácter permanente. Miles de personas de todo el mundo han sido confinados allí, y cerca de 700 permanecen allí en este momento, mientras se construye una nueva prisión para 11.000 reclusos.
Los abogados defensores replicaron que ninguno de sus clientes —dos yemenitas, un tunecino y un afgano— fue capturado en el campo de batalla ni prestando asistencia directa a una organización terrorista.
"¿Qué evidencia existe para creer que regresarían al campo de batalla, si, para empezar, ni siquiera estaban en el campo de batalla?", preguntó el juez Bates a los abogados del gobierno.
