Cualquier medida tributaria que se pretenda aplicar en América Latina para reactivar la economía, golpeada por la crisis mundial, debe ser evaluada con responsabilidad, advirtió el experto argentino en la materia Juan Carlos Gómez. En el largo plazo, urgen reformas fiscales de fondo, recalcó.
Se espera que en los próximos años los países de la región sufran déficit fiscales, ya que los gastos dirigidos a aplacar los efectos de la depresión económica, originada en Estados Unidos, superarán a los ingresos percibidos.
La recaudación fiscal bajaría debido a la caída del producto interno bruto (PIB), así como del precio de los productos básicos de exportación, de las utilidades de las empresas y del consumo doméstico. Pese a ello, hay presiones para bajar algunos tributos, como el impuesto al valor agregado (IVA).
"En estos momentos hay que evitar el oportunismo, porque éste puede derivar en economías muy distorsionadas, con medidas muy malas, que después son muy difíciles de corregir", explicó a IPS Gómez, consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional.
"El hecho de que el sistema tributario tiene que reaccionar ante la crisis no significa que se aumente la permisividad en materia de evasión, por ejemplo", aclaró el economista, quien fue subsecretario de política tributaria de Argentina en el gobierno de Fernando de La Rúa (1999-2001).
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En Chile, la presidenta Michelle Bachelet decidió eliminar este mes el impuesto de timbres y estampillas para todas las operaciones de crédito de empresas en 2009 y reducirlo en el primer semestre de 2010. Con ello, el Estado dejará de percibir 628 millones de dólares. Pero el gobierno ha descartado bajar el IVA, hoy en 19 por ciento.
Gómez llama a los gobiernos de la región a considerar sólo medidas temporales, enfocadas en las áreas de la economía nacional más críticas, porque, recordó, "siempre que ha habido una crisis en América Latina ha aumentado tanto el coeficiente de concentración de renta como la pobreza".
Este consultor, que reside en Argentina, fue uno de los expositores del XXI Seminario Regional de Política Fiscal, inaugurado el lunes en la sede de la Cepal en Santiago de Chile, y que finaliza este jueves.
Más allá de la coyuntura, es imprescindible mejorar los sistemas tributarios y elevar la capacidad de recaudación de los países, dijo en la inauguración la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
"El pacto fiscal, en que tanto hemos insistido en los últimos años en este mismo seminario, debe ser un pacto político para el financiamiento del desarrollo", enfatizó la representante de esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas.
Pero concretar este cambio ha sido difícil tanto en periodos de bonanza como de recesión por la contraposición de intereses y la influencia de grupos de poder, plantearon los expertos asistentes a un panel sobre la economía política de las reformas tributarias.
"En América Latina hay una gran concentración de renta y de capitales y hay un sistema tributario que no consigue modificar esa situación", resumió Gómez.
Aunque en los últimos años "la recaudación ha ido subiendo en el promedio de los países", ese nivel "no ha aumentado lo suficiente para dar satisfacción a todas las necesidades del gasto público" en educación, salud y seguridad social, remarcó.
Los países latinoamericanos y caribeños no son homogéneos en términos de población, ingresos ni estructura política, por lo tanto sus sistemas tributarios tampoco lo son.
El promedio de carga tributaria de la región es de 18 por ciento del PIB), menos de la mitad de la que ostentan los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), que entre sus miembros figuran todos los países industrializados.
En la parte superior se ubica Brasil, con una tasa superior a 35 por ciento, mientras que muestran bajos niveles de impuestos países como Honduras, Nicaragua y el mismo México, cuya carga impositiva es cercana a 11 por ciento de su PIB.
Los diferentes estudios realizados hasta ahora indican que en la región "hay una insuficiencia de presión tributaria en torno a cuatro o cinco puntos del PIB", afirmó Gómez. Es decir, debería alcanzar al menos a 22 o 23 puntos porcentuales del PIB.
Con el transcurso de los años, el tributo que ha ido cobrando mayor importancia en la región es IVA, que rige en todos los países y que representa entre 35 y 40 por ciento de la recaudación fiscal, indicó Gómez.
Pero el IVA es considerado "regresivo" dentro del sistema tributario, porque impacta más en las personas que tienen menos riqueza.
Por el contrario, se observa una baja participación del impuesto a la renta, sobre todo del que pagan las personas físicas, el cual se destaca por ser "progresivo" o proporcional.
Si en los países industrializados el impuesto a las personas físicas representa entre 12 y 14 por ciento del PIB, en América Latina es del orden de los dos puntos porcentuales.
Además, su estructura ha favorecido más a los que tienen ganancias de capital que del trabajo, planteó Gómez. Es decir, se ha convertido más en un impuesto al salario que a la renta global.
"Aquí es donde hay que poner los mayores esfuerzos", planteó el consultor. Sin embargo, esto implica la existencia de consensos políticos y sociales que acepten estos impuestos directos y un Estado con capacidad para administrar los recursos recaudados.
Los expertos también coinciden en que actualmente algunos sistemas tributarios de la región otorgan excesivos privilegios a los sectores más acaudalados, en forma de exenciones y de otros tratamientos especiales.
Dentro de América Latina y el Caribe se destaca por novedosa la reforma tributaria iniciada en julio de 2007 en Uruguay por el gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez. Ese cambio, según el contador Álvaro Romano, consultor de la Dirección General Impositiva (DGI) de ese país, no tuvo como objetivo recaudar más dinero sino mejorar "la equidad" del sistema.
Además de modificar la estructura de los gravámenes, aumentando el porcentaje de los impuestos directos, el gobierno se abocó a fortalecer las instituciones, explicó Romano.
Al comparar los resultados del actual y anterior sistema, el gobierno de Vázquez observó un leve mejoramiento de la distribución de la carga impositiva en los hogares, así como de la distribución del ingreso después de los tributos, aseguró el funcionario. "Queda mucho por hacer, pero entendemos que vamos por la línea correcta", planteó.
Finalmente, tanto Gómez, como Michel Jorrat, asesor de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en Chile, destacaron que la mayoría de las personas consideran que los impuestos que paga son excesivos y no confían en la administración del Estado, lo cual obstaculiza el camino hacia el consenso social.
"Discutir un pacto fiscal implica llegar a la conciencia de la gente", concluyó Gómez.
