La pobreza extrema continuará asolando a África subsahariana por otros 200 años a menos que se intensifiquen acciones para superarla, sugirió Social Watch (Control Ciudadano), en su último informe anual, «Derechos humanos: La única llave».
Esta red internacional de organizaciones de la sociedad civil elaboró una medida conocida como "Índice de Capacidades Básicas" para evaluar la situación en países de todo el mundo.
Los autores del estudio concluyeron que 80 naciones —las cuales albergan a la mitad de la población mundial— están en malas condiciones en tres aspectos: cuántos niños mueren antes de cumplir cinco años, cuántos completan la educación primaria y cuántos nacimientos son asistidos por técnicos o profesionales capacitados.
Apenas en 16 de estos países se registraron mejoras considerables desde 2000. Aunque entre los que lograron avances figura India, que tiene 1.600 millones de habitantes, se ha constataron retrocesos en otros con una población que suma 150 millones.
En la segunda categoría figuran Chad, Níger, Malawi, Benín y Yemen, mientras que Bangladesh, Uganda, Nigeria, Madagascar y Ghana fueron listados como países estancados.
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El fuerte crecimiento económico registrado en buena parte de África subsahariana en los últimos años no se ha traducido en una reducción importante de la pobreza, según el estudio.
Tal como están las cosas, las necesidades básicas de millones de africanos no serán satisfechas hasta el siglo XXIII, con muchos gobiernos esforzándose por cumplir los compromisos que asumieron.
Zambia, por ejemplo, se comprometió a brindar gratuitamente atención básica a la salud a toda la población, aunque continúa teniendo una de las esperanzas de vida más bajas del planeta.
El coordinador de Social Watch, Roberto Bissio, pronosticó que la crisis que se apoderó del capitalismo internacional durante 2008 complicará aún más las cosas.
"Es muy probable que los países pobres sufran con bastante fuerza una crisis a cuya creación no aportaron absolutamente nada", dijo. Es probable que decaigan fuentes de ingreso de dinero a esos países, como las remesas de emigrantes a sus familias desde el exterior.
Bissio alegó que una de las reacciones más adecuadas de los gobiernos será desarrollar una respuesta más coherente al cumplimiento de los derechos humanos, particularmente de los que tienen una dimensión económica y social.
En los últimos 20 años, dijo, diversas instituciones internacionales han promovido los "derechos" de las corporaciones a establecerse en cualquier parte del mundo, prohibiéndoles a las naciones pobres "imponerles condiciones que contribuyan a su desarrollo".
A menudo, normas laxas en materia de inversión redujeron el aporte de dinero obtenido por esas empresas a los países donde donde operaban.
Según el Banco Mundial, hasta 800.000 millones de dólares en capital no gravado dejan a los países pobres en transición cada año. En contraste, esas mismas naciones reciben 100.000 millones anuales en asistencia al desarrollo.
La Red de Justicia Fiscal recomendó establecer un sistema internacional de intercambio de información sobre los impuestos que pagan las corporaciones en los países donde se radican.
La Unión Europea ya implementa ese programa en los 27 estados que la integran, pero con vacíos significativos. Los europeos que desean ocultar dinero a las autoridades tributarias simplemente pueden esconderlo en paraísos fiscales como Singapur.
Ana Gomes, europarlamentaria por el Partido Socialista portugués, se quejó de que el gobierno de Gran Bretaña se resiste a los esfuerzos por adoptar medidas contra los paraísos fiscales a fin de proteger al distrito financiero de Londres.
Los inminentes debates sobre la reforma de la economía mundial, como las reuniones del Grupo de los 20 (G-20) —unión del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos del mundo, las grandes economías emergentes y la UE— deben lidiar con estos problemas, agregó.
"Los paraísos fiscales son una fuente de desigualdad. No hay manera de que las reglas (de las finanzas internacionales) sean reescritas de un modo sensato si no se prohíben los paraísos fiscales", sostuvo.
Reed Brody, de Human Rights Watch, dijo que era "pasmoso" que 60 por ciento de los países no hubieran hecho ningún avance en los últimos años en la expansión del acceso femenino a la educación.
Exigió una mayor inversión en la materialización de derechos básicos como parte de un "paquete de estímulos de derechos humanos".
"Cuando uno libera a las mujeres de la discriminación y la mala salud que enfrentan en sus vidas cotidianas, da rienda suelta a los poderes de la mitad de la humanidad para contribuir con el crecimiento económico", dijo.
Simon Stocker, de Eurostep, una alianza de organizaciones contra la pobreza, sostuvo que las actividades de asistencia de la UE toman más en cuenta las oportunidades de inversión para las firmas occidentales en los países pobres que las necesidades en materia de salud y educación.
De 70 planes elaborados por funcionarios de la UE para África, el Caribe y el Pacífico, la salud y la educación han sido identificadas como prioridades en menos de 10 casos cada una.
"En parte porque la Unión Europea está construida en sí misma en torno del desarrollo económicamente liberalizado, éste enfoque es exportado automáticamente" en sus actividades de asistencia, dijo.
"Parece más bien como si la UE estuviera promoviendo sus propios intereses comerciales en vez del desarrollo económico de los países" receptores de asistencia, agregó.
