La reapertura o no de las comisiones de la verdad sobre víctimas de la dictadura (1973-1990) está en el centro del debate en Chile tras la confirmación de cuatro casos de falsos detenidos desaparecidos.
Para el magistrado que procesó infructuosamente al ahora fallecido dictador Augusto Pinochet (1915-2006), se ha magnificado desproporcionadamente la noticia de los errores de calificación con el objetivo de "vilipendiar políticamente" a todas las personas que han colaborado en la búsqueda de las personas desaparecidas y de sus torturadores y asesinos.
Desde su perspectiva, la polémica también busca "mancillar" a la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición en el gobierno desde la recuperación de la democracia en 1990, y a su futuro candidato o candidata presidencial para los comicios de diciembre.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de 1991, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de 2004, creadas por gobiernos de la Concertación, identificaron a más de 3.000 opositores asesinados y detenidos-desaparecidos durante los 17 años de dictadura del general Pinochet y a 35.000 torturados en el mismo periodo.
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El plenario de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió el 29 de diciembre, en fallo dividido, acceder a la petición del gobierno de Michelle Bachelet de designar un ministro en visita, el juez Carlos Gajardo, para investigar los cuatro casos.
Los posibles delitos asociados a los falsos detenidos desaparecidos también serán indagados por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado.
El portavoz de gobierno, Francisco Vidal, informó el 30 de diciembre que la presidenta Bachelet decidió no reabrir por decreto las dos comisiones de verdad. Cualquier nuevo antecedente que aparezca seguirá siendo revisado por el Programa de Derechos Humanos, que depende del Ministerio del Interior, especificó.
No obstante, continuará en el parlamento la tramitación del proyecto para crear el Instituto de Derechos Humanos, el cual considera la reapertura de las comisiones por un periodo de seis meses para estudiar los casos de detenidos desaparecidos y presos políticos que hayan sido excluidos en los procesos anteriores. Pero éstas no revisarán los casos ya acreditados, aclaró Vidal.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) "propone la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, que se encargue de calificar casos en forma permanente", señaló a IPS Mireya García, secretaria general de la entidad.
La AFDD se opone al Instituto "porque no es una instancia que vaya a dar respuesta a lo que nosotros necesitamos, que es una política integral de derechos humanos, que considere todos los aspectos involucrados, entre ellos, la justicia", acotó.
García coincide con el ex juez Guzmán en términos de que se ha inflado excesivamente la noticia de los cuatro casos falsos detenidos desaparecidos.
"Es bueno que se transparenten los errores, no tenemos problemas con ello, pero creemos que se está magnificando" una situación puntual en desmedro de "los cientos de casos que no han podido ser denunciados hasta ahora", apuntó.
"Lo que de verdad es escandaloso es que a 35 años del golpe militar todavía no encontramos a los detenidos desaparecidos. Eso es una fuente de preocupación permanente para nosotros", subrayó la dirigente de la AFDD.
La polémica partió en noviembre, cuando Germán Cofré, un supuesto detenido desaparecido en 1973, ingresó al país proveniente desde Argentina, donde había vivido los últimos 35 años. Hasta entonces, su familia en Chile recibía los beneficios económicos otorgados a las víctimas de la dictadura.
Luego se supo la historia de Carlos Rojas, quien también estaría vivo y residiendo en Argentina, y de Edgardo Palacios, un ex preso político socialista que falleció en 2006 en estado de indigencia. Ambas familias, que obtuvieron reparación del Estado, aseguran que desconocían totalmente el destino de estos hombres.
Distinta es el caso de Emperatriz Villagra, dada por detenida desaparecida tras el golpe de Estado de 1973 contra el gobierno democrático de Salvador Allende, pero que en realidad había fallecido en 1955. Sus familiares no recibieron apoyo económico alguno. El propio Guzmán debió aclarar la confusión en su momento.
De los cuatro casos confirmados por las autoridades, "ha habido un solo error, que yo sepa, donde ha habido un aprovechamiento ilícito, que es el caso de la familia Cofré", indicó el ex magistrado.
Sin embargo, Karla Rubilar, diputada de la opositora y derechista Renovación Nacional (RN), sostuvo días atrás que son ocho y no cuatro los falsos detenidos desaparecidos. El periodista Juan Manuel Bertolo sería uno de ellos.
Según su hija Solange, Bertolo murió de un paro cardíaco en 1990, pero en 1994 supo que su nombre figuraba en el memorial de los detenidos desaparecidos del Cementerio Nacional. El engaño lo atribuye a una ex pareja de su padre, militante del co-gobernante Partido Socialista.
Luego de arduas gestiones, Bertolo fue borrado del memorial, afirmó Solange al diario local La Tercera.
"Tanto como mujer que sufrió en carne propia ese dolor, pero a la vez por mi responsabilidad como presidenta de la República, no voy a aceptar el aprovechamiento ni mucho menos que se juegue con el sufrimiento de muchas familias que aún esperan verdad y justicia", declaró el 29 de diciembre Bachelet.
La mandataria instruyó a todas las autoridades responsables que culminen la revisión de los casos, que se viene realizando desde 2005, "para despejar toda duda posible".
"Aquí no se pueden confundir las cosas. La violación a los derechos humanos es una vergüenza nacional que ha quedado grabada para siempre en la historia de nuestro país y no vamos a permitir que se ponga en duda esa verdad histórica", remarcó.
En ese sentido, Bachelet llamó a todos los sectores políticos a no intentar sacar ventajas del escándalo y a "ser muy responsables con parte de nuestra historia".
Dirigentes de la oposición derechista han cuestionado la eventual reapertura de las comisiones de verdad.
"Siempre los gobiernos de la Concertación, y en particular la izquierda de la Concertación, pretenden usar los temas de derechos humanos con algún sesgo de carácter electoral para producir y mantener divisiones en nuestro país", declaró el diputado Felipe Salaberry, de la Unión Demócrata Independiente.
A juicio de la diputada Lily Pérez, de RN, ambas comisiones dieron "un reconocimiento oficial a la violación de los derechos humanos en nuestro país" y "repararon a las personas que fueron víctimas o a sus familias", "por lo tanto reabrirlas implicaría un cuestionamiento" a su accionar y a la "importancia tuvieron para nuestra convivencia nacional".
El escándalo de los falsos detenidos desaparecidos no está ayudando a "crear mayor solidaridad entre los chilenos y a que finalmente comience la reconciliación del país", observó Guzmán, quien aprueba la reapertura de las comisiones porque dice conocer "centenares de casos" que no fueron acogidos por esas instancias por diversas razones.
