División, bipolaridad e ingobernabilidad son palabras que pululan entre los analistas bolivianos tras ser confirmada la Constitución impulsada por el presidente Evo Morales. Es que el Sí aplastó en el occidente empobrecido, pero quedó en minoría en el oriente más desarrollado.
Nadie pone en duda el claro triunfo nacional del texto constitucional puesto a referendo el domingo, pero analistas consultados por IPS advierten sobre la consolidación de la brecha entre los sectores populares, indígenas y campesinos de las regiones andina y central, que volvieron a darle un amplio respaldo al gobierno izquierdista, y la llamada media luna oriental boliviana.
Así lo confirma la acumulación de votos por el No en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde el deseo de autonomía guía la acción política de las huestes opositoras lideradas por grupos empresariales, terratenientes y movimientos de jóvenes de clase media alta.
La Corte Nacional Electoral contabilizó hasta este martes 69,2 por ciento de las 22.049 mesas instaladas el domingo y los resultados parciales otorgan 59,53 por ciento de apoyo a la nueva Constitución.
Pero ese porcentaje aún puede crecer, dado que aún no se han escrutado los votos de la zona rural donde Morales conserva la base social que lo llevó al gobierno el 18 de diciembre de 2005, con 53,7 por ciento de sufragios de entonces, constituyéndose así en el primer presidente indígena en la historia de Bolivia.
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La Constitución ratificada el domingo postula la inclusión de los indígenas en las decisiones políticas, reconoce su derecho a la tierra, territorio, gobiernos autónomos y cultura, en un marco de pluralidad, un énfasis cuestionado por sectores de derecha y de medios y medio-altos.
También recupera para el Estado el control sobre los recursos naturales de gran cuantía, como el gas, el petróleo, el agua y otras fuentes generadoras de riqueza, para orientarla al desarrollo humano y de las regiones.
"El país está dividido hace mucho tiempo", expresa a IPS el historiador y profesor universitario Alexis Pérez en un primer análisis basado en las diferencias de desarrollo social y económico entre el viejo occidente minero, por un lado, y el oriente con mayor riqueza agropecuaria y el sur donde se concentran el gas natural y otras materias primas.
En coincidencia con la anterior opinión, el sociólogo Franco Gamboa, miembro de la estadounidense Yale World Fellows, dijo a IPS que "Bolivia aún vive una polarización política, ideológica y racial".
Los porcentajes que muestran las diferencias "son altos, están localizados regionalmente, étnica y culturalmente respaldados y es una bipolaridad muy riesgosa para el país", comentó a IPS el director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de la ciudad de El Alto (Cipca), Carlos Laruta.
El enfrentamiento entre la franja occidental y la oriental tuvo su punto de mayor ebullición el 11 de septiembre, cuando grupos radicales tomaron sedes estatales en las capitales de los cuatro departamentos del área, destruyeron un gasoducto hacia Brasil y mataron a por lo menos 13 personas partidarias de Morales en la localidad de El Porvenir, Pando.
En este país, con la mayor variedad de culturas, idiomas y geografía de América Latina, la pobreza alcanza a 67 por ciento de sus casi 10 millones de habitantes, la mayoría de ellos ubicados en las zonas rurales donde el acceso a los servicios básicos, salud y educación está limitado por las grandes distancias y la dificultad del Estado para prestar atención oportuna.
Pérez es muy contundente en su evaluación posterior al referendo y atribuye el momento de fractura al agotamiento de los partidos tradicionales de derecha, que sólo promovieron el desarrollo de la agroindustria y de los hidrocarburos para favorecer a los países vecinos.
Apostaron a una política de exportaciones, mientras dejaron en el olvido al pueblo que sólo percibió una modesta participación de los ingresos, apuntó.
Frente a la ausencia de una nueva propuesta, el gobernante Movimientos al Socialismo (MAS) "campea entre la población rural donde no existe conciencia de clase y siempre está librada al manejo de los líderes sindicales", comenta.
En el campo, hasta 80 por ciento de sus habitantes votaron por el proyecto de Morales, según las primeras encuestas, y ese comportamiento para Pérez está motivado por la promesa gubernamental de crear autonomías indígenas, pero sin observar que el dinero estatal es insuficiente para el propósito.
Los municipios rurales mantienen una deuda de 90 millones de dólares con el Estado, 22 millones de los cuales ya se consideran irrecuperables, explica el historiador a manera de demostración de la debilidad de los pueblos indígenas para constituir entes autónomos en tierra, gobierno y cultura.
Los cuatro departamentos de la media luna se agruparon tras los resultados del referendo autonómico del 2 de julio de 2006, cuando la mayoría de sus ciudadanos prefirieron marchar hacia una descentralización política y administrativa, a diferencia de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, donde se impuso la continuidad del centralismo, recuerda Gamboa.
Ese resultado en el oriente señala un deseo de "distanciarse de las orientaciones ideológicas de un Estado interventor, que caracteriza al occidente del país donde el apoyo a Morales y al MAS continúan muy firmes", dice Gamboa.
En Chuquisaca, la zona rural y población urbana pobre sigue respaldando al mandatario indígena, pero las clases medias y citadinas ya tienen suficiente fortaleza para crear un empate en las urnas como el anunciado el domingo último en este departamento.
Entre los líderes políticos, las opiniones son diversas. Según el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), los resultados muestran una caída de nueve por ciento en los votos de adhesión al gobierno, mientras que el secretario de autonomías de la gobernación de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, habla de un "empate" que inviabiliza a la nueva Constitución.
Por su parte, la prefecta (gobernadora) del departamento de Chuquisaca, Sabina Cuellar, llamó a desconocer el resultado del referendo en un discurso pronunciado la noche del lunes en Sucre, la capital histórica de Bolivia.
Esta postura ha sido respaldada por el presidente del Comité Cívico de la región, John Cava, quien dijo desconocer el contenido del texto constitucional votado el domingo.
Las opiniones apuntan a un posible periodo de inestabilidad política, pero Pérez recuerda que la clase media alta "no tiene propuestas alternativas ni un líder con capacidad de realizar una lectura (interpretación) nacional de Bolivia, en lugar de una regional como sucede en el departamento de Santa Cruz, donde defienden su autonomía y no hablan de todo el país".
"El Sí ha ganado en la circunscripción nacional y para efectos formales se aprobó la Constitución", pero la aplicación de la norma exige al gobierno "concertar con las regiones", comenta Laruta.
Pero el analista recoge las experiencias recientes y el tortuoso camino de la Asamblea Constituyente y se anticipa en afirmar que el partido gobernante demostró actuaciones con "alma excluyente que tiende a eliminar a la oposición".
La aplicación de la Constitución en los años siguientes puede ser complicada, dijo Laruta, mientras que Pérez prevé un periodo político de ingobernabilidad por los conflictos previsibles en la creación de autonomías indígenas y la inclusión de los representantes rurales en las decisiones del Estado mediante la nueva Asamblea Legislativa.
Descarta que las soluciones para un país diverso como Bolivia lleguen por el camino del constitucionalismo, considerando la experiencia de 16 cartas magnas aprobadas desde la creación de la república, el 6 de agosto de 1825.
Pérez estima que la crisis política se sumará pronto a la económica, creando una situación altamente conflictiva.
