El parlamento de México tratará una propuesta de instaurar la pena de muerte, que según encuestas es avalada y demandada por la gran mayoría de la población. Aunque su posibilidad de aprobación es muy escasa, ya provocó un amplio debate que apunta a multiplicarse.
La iniciativa fue presentada el jueves a la Cámara de Diputados por el gobernador del nororiental estado de Coahuila, Humberto Moreira, y ya pasó a la llamada comisión de Puntos Constitucionales, que la procesará a comienzos de 2009, según indicaron este viernes fuentes legislativas.
Harta e indignada por la violencia que azota al país, con cerca de 5.400 asesinatos sólo este año, entre 65 y 75 por ciento de los consultados, según diversas encuestas, desearía que se instaure la pena de muerte, castigo abolido formalmente en la legislación mexicana en 2005 pero que no se practicada desde 1961.
El gobernador Moreira, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), defendió su propuesta y sostuvo que la discusión real que el país debe encarar no es la pena de muerte como tal "sino cómo los vamos a matar, si los vamos a fusilar, los vamos a degollar o los vamos a ahorcar, o algo light que puede ser la inyección letal".
Pero el propio gobierno mexicano del conservador Felipe Calderón, su Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmaron que no aprobarán el proyecto, mientra que el PRI señaló que merece ser debatida, pues a su entender recoge el sentir de la población.
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Instaurar la pena de muerte para los más avezados criminales, medida propuesta por Moreira, del PRI, y avalada por el legislativo de su estado también dominado por esa agrupación tradicional, es "oportunista, tiene fines políticos y seguramente será rechazada", dijo a IPS Fabián Sánchez, consultor en tema de derechos humanos.
En el mismo sentido se expresaron portavoces de la Iglesia Católica, organizaciones humanitarias y el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori.
"Ponerlo en la mesa (el debate de la pena de muerte) es siempre un factor negativo, indudablemente. No se vale tratar un tema de tal envergadura en mensajes así, es antihistórico", declaró Brunori, tras considerar que "no hay por el momento ninguna posibilidad de que se pueda restablecer en México" la pena capital.
El pequeño partido Verde Ecologista indicó que apoya abiertamente la aplicación de la pena de muerte a violadores y secuestradores que asesinen a sus víctimas.
Esa agrupación, que en sus postulados afirma ser "defensora de la vida", pagó la colocación de decenas de carteles de grandes dimensiones en diversos lugares del país en los que reclama establecer la pena de muerte.
Sánchez, ex director de la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, opinó que tanto el PRI como el Partido Verde buscan lucrar políticamente con el sentir de la población que está molesta al extremo por los niveles de violencia presentes en México.
La pena de muerte no elimina la violencia, lo dicen diversos estudios y experiencias, y además pone al Estado en un nivel similar al de los asesinos, dijo Sánchez.
Un promedio diario de más de 15 personas fueron asesinadas en México entre enero y noviembre en el marco de una guerra entre y contra narcotraficantes. En los dos años de gestión de Calderón, la cifra de muertos, varios de ellos decapitados, quemados y torturados con saña, supera ya los 8.100.
La indignación social va en alza y es común escuchar a ciudadanos comunes, en los cafés, el transporte público, parques y reuniones sociales, decir que es necesario aplicar a los delincuentes la pena capital.
Jesús Silva-Herzog, columnista del diario Reforma, sostuvo que el gobernador de Coahuila, el PRI y el Partido Verde se han colocado con esta propuesta en calidad de "populistas penales".
Silva-Herzog indica que ese tipo de adjetivo se refiere a quienes desde los ámbitos de poder se suman "a la rabia colectiva y se convierten en su portador, y así, pretenden convencernos de que una política rabiosa es la salida a nuestra intranquilidad".
Los dirigentes del PRD y del PAN, la Iglesia Católica y las organizaciones de derechos humanos consideran que México no puede retomar la pena de muerte, pues se comprometió a eliminarla a través de diversos instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.
"Más allá de fijar posiciones y descalificar a priori un planteamiento que me parece pretende responder a la gravedad del problema en este momento (la pena de muerte), hay que discutirlo, debatirlo y, finalmente, concluir lo que se deba hacer en función de lo que la sociedad piensa, quiere y demanda", declaró José Reyes, gobernador de Chihuahua.
Reyes, del PRI, al igual que el gobernador de Coahuila, comandan dos de los estados más violentos de México.
Para Reyes, el hecho de que México haya firmado acuerdos para no aplicar la pena de muerte y promover su abolición en el mundo no es un escollo para volver a instaurar ese castigo máximo.
"El derecho se transforma en función de la realidad social, que es la que debe moldear paulatinamente las normas jurídicas, incluso los textos constitucionales y los propios tratados internacionales", declaró.
La oficina local de la no gubernamental Amnistía Internacional emitió un comunicado en que el sostuvo que las "propuestas e iniciativas que buscan una salida fácil a la situación que vive el país no hacen más que reforzar un clima de venganza social".
"Se corre el riesgo, no sólo de justificar el uso de la pena de muerte, sino la comisión de otras violaciones graves a los derechos humanos tales como el uso de la tortura, el maltrato, las ejecuciones o las detenciones arbitrarias", advirtió esta organización con sede en Londres.
El comunicado de Amnistía añade que "la reimplantación de la pena de muerte como método de disuasión de la delincuencia ha sido probada como inútil e ineficaz en una gran diversidad de países".
Lo que México requiere para abatir la delincuencia es un sistema de justicia eficaz y una policía profesional, sostienen los grupos humanitarios.
Sánchez advirtió que el país incurriría en graves violaciones al derecho internacional si aprueba la pena capital. "Yo veo muy difícil que suceda", expresó.
Diversos estudios indican que 98 por ciento de los delitos que se cometen en México quedan impunes por diversos motivos, entre ellos la falta de denuncia de los afectados, la corrupción y poca profesionalización de las policías, la impericia de fiscales, la ineficacia de los jueces y la vigencia de normativas inadecuadas.
El politólogo José Woldenberg, ex presidente del estatal Instituto Federal Electoral de México, exhortó a la población a no promover la "mimetización" del Estado con los criminales.
"Cuando uno tiene noticia de las aberraciones que cometen las bandas de secuestradores de manera natural se activa el resorte de la venganza. Esos miserables piensa uno— no merecen ningún tipo de consideración Es comprensible (no justificable)", señaló.
Pero el Estado "está ahí para que esas pulsiones de venganza, de desquite sanguinario contra los delincuentes, no sean la vía para impartir justicia", apuntó.
"El Estado, se supone, debe estar por encima de esas pasiones, está obligado a no a incrementarlas. El Estado se separa de manera radical de esas pulsiones sociales porque la justicia no puede ser sinónimo de revancha", añadió Woldenberg.
