La suspensión de los beneficios arancelarios a las importaciones bolivianas decretada por Estados Unidos, a raíz del enfrentamiento con el gobierno de Evo Morales, provoca incertidumbre entre empresarios y trabajadores de la empobrecida ciudad de El Alto, contigua a esta urbe administrativa.
La expulsión en septiembre del embajador de Washington en La Paz, Philip Goldberg, y la cancelación de las actividades que realizaba en este país la agencia antidrogas estadounidense DEA sellaron el perfil de un gobierno izquierdista como el de Morales, resuelto a despejar su camino hacia lo que identifica como una revolución cultural y democrática.
El gobierno estadounidense de George W. Bush respondió de inmediato con la orden de suspender sin plazo los beneficios que usufructuaba Bolivia por la ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés), disposición que entró en vigor el 15 de este mes.
Con el argumento del supuesto incumplimiento de La Paz en las metas de la lucha antidroga, Washington pone en dudas las prosecución de las ventas anuales bolivianas a Estados Unidos por unos 250 millones de dólares y con ello el empleo de 20.000 obreros de industrias manufactureras.
Las diferencias entre ambos gobiernos "generan un mayor deterioro económico y social y puede tener repercusiones políticas en el mediano plazo" en la ciudad de El Alto, un bolsón de pobreza en crecimiento, dijo a IPS el gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), José Ribero.
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Alrededor de 70 por ciento de los productos textiles de algodón y pelo fino que van a Estados Unidos son producidos en El Alto, una ciudad vecina a la urbe sede del gobierno nacional donde viven unas 800.000 personas, según el documento "Bolivia & USA" elaborado por la Cámara de Exportadores de La Paz (Camex).
La población de El Alto crece a un ritmo de 5,10 por ciento al año y más de 95.000 de sus habitantes sufren la indigencia. A modo de comparación, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 903 kilómetros al este de La Paz, tiene menos de la mitad de personas en esa condición extrema, señala el sociólogo e investigador Joaquín Saravia en su libro "Ser potencia social o tener producción industrial".
"Las tasas de inmigración, el desempleo elevado y la pobreza han servido, en conjunto, como ingredientes para el aliciente de las revueltas sociales, el resto procede del ámbito sociocultural e ideológico, peculiares de los nuevos residentes alteños", describe el investigador.
En octubre de 2003, vecinos y sindicatos apoyados por campesinos de la región andina protagonizaron en El Alto, localizada a 3.850 metros sobre el nivel del mar, una rebelión popular que pasó a llamarse "la guerra del gas" porque su estandarte era el rechazo a la venta de ese combustible a Estados Unidos en condiciones desfavorables para Bolivia.
El levantamiento social forzó la renuncia a la presidencia, a menos de un año de haber asumido, y posterior fuga del derechista Gonzalo Sánchez de Lozada, quien ya había gobernado el país de 1993 a 1997. La represión policial y militar de los últimos días de disturbios se saldó con la muerte de al menos 60 manifestantes.
"Vivimos una disyuntiva, un momento de quiebre por el cierre del mercado de Estados Unidos a los textiles y la pérdida de competitividad de los productos bolivianos", dice, sereno, Ribero.
Desde el 16 de este mes, los productos bolivianos pagan 17 por ciento de aranceles para su ingreso a Estados Unidos. Ante ello, el gobierno de Morales ha ofrecido un crédito blando y de largo plazo por ocho millones de dólares para facilitar la continuidad de las operaciones comerciales.
Los exportadores de La Paz consideran que el mercado estadounidense debe mantenerse en lugar de buscar otros horizontes para reemplazarlo, dijo a IPS el gerente general de la Cámara de Exportadores (Camex), Fernando López.
Venezuela no es el mercado grande para ocupar el lugar de Estados Unidos, opina López, en referencia al interés del presidente de ese país, Hugo Chávez, por incrementar las compras de productos bolivianos para atenuar la sanción de Washington.
Ribero responde implícitamente a la calma imperante entre autoridades de gobierno y su interés de hallar otros compradores para tranquilizar a los exportadores.
"Eso no es simple, porque Estados Unidos es peculiar, es el mercado más grande del mundo por su población y el ingreso per cápita", explica.
Los productos de algodón manufacturados en Bolivia están orientados a la clase media alta, mientras la clase alta se provee de productos europeos y de los propios industriales estadounidenses y los sectores de menores recursos compran las prendas de vestir procedentes de China, India y Pakistán, indicó el ejecutivo.
El presidente Morales asegura que la suspensión de los beneficios del ATPDEA representa una "venganza política" por la expulsión del embajador Goldberg y de la DEA, y guarda expectativas por un cambio de orientación en las relaciones bilaterales luego de que asuma el 20 de enero el presidente electo Barack Obama, del opositor Partido Demócrata.
El gobierno boliviano defiende los resultados alcanzados en la lucha antidroga y emplea como respaldo el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que evalúa favorablemente a este país durante la gestión de 2008.
Los datos difundidos señalan que se erradicaron 5.500 hectáreas de plantaciones de coca excedentes, además de la incautación a bandas de narcotraficantes de más de 28 toneladas de droga, 1.112 toneladas de marihuana y dinero en efectivo por 2,5 millones de dólares.
Mientras Ribero prevé un "golpe demasiado grande" para los exportadores, López teme la pérdida de empleo de calidad porque las condiciones laborales exigidas por los compradores permitían la oferta de seguridad social, seguro médico y capacitación técnica de los obreros.
La garantía de un mercado a las exportaciones permite el pago de salarios que oscilan entre 214 y 285 dólares, un nivel calificado por López como bueno para el sector industrial boliviano. Opina, además, que ello es importante cuando se busca empleo digno, permanente y perspectivas de desarrollo para los trabajadores.
Mientras López pide una "política gubernamental clara para el sector productivo", Ribero lamenta que el enfrentamiento diplomático haya ocupado el primer plano, aunque guarda expectativas por la elaboración de una agenda comercial entre el gobierno izquierdista y los empresarios.
