Diez años después de acordarse una prohibición internacional al uso de minas terrestres, esas armas todavía se cobraron miles de vidas en 2007, según el Landmine Monitor, un informe anual presentado este viernes en Bruselas.
Aunque sólo dos países, Birmania y Rusia, continúan usando minas antipersonal, las que quedaron luego de muchos conflictos en todo el mundo todavía causan muertos y heridos, ya que nunca fueron desactivadas.
Según el Landmine Monitor, las minas antipersonal y otros "remanentes explosivos de guerra", como granadas, morteros y bombas de racimo, mataron a 5.426 personas el año pasado.
Stan Brabant, portavoz de Handicap International, que presentó el informe en Bruselas, describió este hallazgo como "muy atemorizante". Es probable que la verdadera cantidad de vidas perdidas sea mucho más alta.
No obstante, observó que se logró un constante progreso en la reducción de víctimas de las minas terrestres desde el tratado internacional para prohibir esos artefactos en 1997. Durante los años 90, las minas y armas relacionadas causaron unas 26.000 muertes por año en promedio.
En el marco del tratado, que fue ratificado por 156 naciones, los gobiernos tienen 10 años para despejar las minas de su territorio.
Gran Bretaña se encuentra entre un círculo de estados "en riesgo de violar el tratado", dijo Brabant, porque hizo pocos avances en el despeje de minas en las islas Malvinas/Falkland Islands, un territorio en el océano Atlántico sur reclamado históricamente por Argentina y por el cual ambos países se enfrentaron en una guerra en 1982.
Uno de los efectos más positivos del tratado es que parece haber "estigmatizado" a las minas antipersonal al punto que incluso disuadió a muchos de los países que se negaron a firmarlo para destruir por lo menos parte de sus existencias.
El año pasado se destruyeron unos 42 millones de minas terrestres. Aunque Rusia usó ese tipo de armas en el conflicto en Chechenia, destruyó alrededor de un millón de estas armas.
El informe también observa que la asistencia internacional para hacer frente a las consecuencias de las minas antipersonal totalizaron 431 millones de dólares en 2007, lo que supone una reducción si se lo compara con los 45 millones de dólares del año anterior.
La Unión Europea (UE), que es el principal donante, contribuyó con 200 millones de dólares, lo que supone una reducción de 25 por ciento respecto de 2006.
En tanto, la campaña contra las bombas de racimo recibió un importante impulso en mayo, cuando 107 países apoyaron una prohibición a su uso en una conferencia realizada en Dublín. El tratado quedará formalmente abierto a su firma en una ceremonia que se celebrará el mes próximo en Oslo.
Pero la prohibición acordada no impidió el uso de bombas de racimo durante la breve guerra de agosto entre Rusia y Georgia.
Investigaciones de Human Rights Watch concluyeron que por lo menos 16 civiles fallecieron como resultado de estas armas, conocidas por arrancar miembros del cuerpo de la víctima. Otras 56 personas fueron heridas.
Aunque Rusia negó las acusaciones de haber arrojado bombas de racimo, las autoridades georgianas admitieron haber usado estas armas, que habían comprado a un fabricante israelí.
Marc Garlasco, analista militar de Human Rights Watch, viajó a Georgia para evaluar el uso de estas bombas. Dijo que miles de ellas siguen sin explotar en la provincia de Gori, y que pueden pasar seis meses antes de que sean despejadas.
Georgia está investigando por qué una gran cantidad de las bombas que usó parecen haber sido defectuosas.
Estados Unidos es uno de los más acérrimos opositores a la prohibición internacional. El presidente saliente, George W. Bush, es conocido por haber telefoneado personalmente a líderes extranjeros para urgirlos a resistir esa prohibición.
Pero los activistas esperan que su sucesor, Barack Obama, adopte una posición más constructiva ante este acuerdo y también ante el tratado de 1997 contra las minas terrestres, que Estados Unidos no ratificó.
Garasco alegó que Estados Unidos está enfrentado con la mayoría de los otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
"La vasta mayoría de los aliados estadounidenses de la OTAN se sienten cómodos de abandonar estas dos armas, las minas terrestres y las bombas de racimo. Así que realmente no hay ninguna razón para que Estados Unidos no lo haga", dijo.
Mientras, un estudio financiado por la Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE, identificó unas 16.000 firmas que fabrican equipos para usar en las torturas.
Ese informe, realizado por la británica Fundación Omega, también identificó 6.000 elementos que pueden usarse para infligir dolor a los detenidos.
El estudio está diseñado para rastrear los avances concretados desde que se introdujeron las regulaciones de la UE contra el "comercio de tortura". Sobreviene luego de un informe de 2007, realizado por Omega y Amnistía Internacional, que señaló las principales debilidades de la regulación.
Algunas de las herramientas más notorias usadas por los torturadores —como los bastones con púas y las sogas diseñadas para las ejecuciones— no están cubiertas por la normativa.
Los funcionarios de la UE expresaron que los debates sobre extender el alcance de la medida tendrán lugar a comienzos de 2009 en Bruselas.
