Kenia podría convertirse en el segundo país africano, después de Sudáfrica, en despenalizar el aborto voluntario, pero el proyecto de ley al respecto no tiene la aprobación asegurada.
Luego del debate nacional iniciado en mayo por una red de organizaciones de la sociedad civil que lanzó una campaña por la despenalización, el parlamento keniata analiza un proyecto de ley sobre salud y derechos reproductivos que incluye esa opción.
La iniciativa fue preparada por la red de la sociedad civil que encabezan la filial nacional de la Federación Internacional de Abogadas, la Coalición sobre la Violencia contra las Mujeres y la Asociación Médica de Kenia.
Pero "Kenia no está preparada" para una ley así, dijo la abogada Alice Wahome, dirigente de la Coalición Nacional del Arco Iris a la que pertenece el presidente Mwai Kibaki.
"De los 200 legisladores, 20 son mujeres. Fuera del parlamento, las iglesias y las tradiciones patriarcales impedirán este cambio. No hay posibilidades", afirmó.
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El aborto voluntario es motivo de un debate sobre religión y cultura, más que sobre salud y derechos femeninos, lo cual, para Wahome, constituye un retroceso.
Peter Naranja, máxima autoridad del Consejo Nacional de Iglesias, dijo a IPS que el proyecto, que atribuyó a "algunos lobbies feministas", debería rechazarse por "escandaloso".
Según la ley que penaliza el aborto, vigente desde 1897, "cualquier persona" que intente interrumpir un embarazo por cualquier medio es culpable de un delito que se castiga con hasta 14 años de prisión.
La legislación también contempla siete años de cárcel para las mujeres que intenten abortar. La única excepción contemplada son los casos en que los médicos diagnostican que la vida de la madre está en peligro.
Pero esa ley raramente se aplica y su único efecto es encarecer el costo de los abortos seguros, empujando a las mujeres a buscar ayuda de curanderos que emplean pociones venenosas y objetos afilados.
Según un estudio del gobierno de 2004, 300.000 mujeres abortan cada año en Kenia y casi la mitad de ellas tienen entre 14 y 24 años de edad. Más de 20.000 deben ser hospitalizadas por complicaciones derivadas de procedimientos inseguros.
Otra investigación de 2006, realizada en hospitales de la región occidental del país, reveló que casi 50 por ciento de las emergencias ginecológicas derivaban de abortos practicados en condiciones de riesgo. Más de la mitad de esas pacientes eran adolescentes, agregó.
"La legislación vigente ignora y es incongruente con la realidad", señaló James Mwangi, obstetra de un hospital público en Nairobi. "Todos las clínicas reciben casos de embarazos dificultosos y de abortos mal realizados. Como médicos, afrontamos una opción difícil, y la ley es restrictiva", agregó.
Boaz Otieno-Nyunya y Peter Bundi Gichangi, de la Asociación Médica de Kenia, evaluaron que la ley carece de "una clara definición sobre cuándo comienza la vida, en qué casos la vida de la madre está en riesgo y cuál es la definición legal de aborto, en contraposición con la definición propia de la medicina".
Otro asunto que preocupa a los profesionales de la salud son las múltiples y a menudo contradictorias interpretaciones de los tribunales sobre cuándo intervenir en casos de embarazos no deseados y qué se considera una acción razonable de acuerdo con la ley vigente.
"La legislación es ineficaz y de difícil cumplimiento, por lo que, en general, profesionales y pacientes la ignoran", agregaron los médicos, quienes reclaman gozar de mayor libertad de juicio, así como una regulación y despenalización del aborto.
"Es preciso dejar a las mujeres libertad de opción y crear un ambiente para que puedan ejercerla", afirmaron.
Además, pidieron protección legal para los médicos que deben practicar abortos y ampliar las circunstancias bajo las cuales es permitido, para incluir los casos de violación, incesto, problemas mentales, estigma social y uso fallido de métodos anticonceptivos.
Kenia está obligada por sus compromisos internacionales a mejorar sus servicios de salud sexual y reproductiva para reducir la mortalidad materna e infantil, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas, que deberían alcanzarse para 2015.
El Protocolo de Maputo, adoptado por los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Africana en 2003, urge a sus miembros a respetar y promover la salud de las mujeres, especialmente en el área de la salud sexual y reproductiva.
Alcanzar esta meta requiere un amplio abanico de reformas legales, que incluye la revisión de las normas vigentes sobre el aborto.
No es esta la primera ocasión en que se lanza una campaña para despenalizar esa práctica. Ya la hubo en 2004, cuando se estaba en un proceso de reforma de la Constitución..
Ahora, la "gran coalición" formada por el presidente Kibaki y el primer ministro Raila Odinga, históricamente rivales acérrimos, plantea una nueva reforma en un plazo de un año. Activistas y médicos ven la oportunidad para impulsar la despenalización del aborto.
"Se trata de la reedición de una vieja batalla", dijo Wahome, quien recordó cómo las iglesias y los hombres que controlaban el proceso de reforma constitucional obstaculizaron todos los intentos de modificar la ley. El proyecto de constitución fue rechazado por la ciudadanía en 2005.
"Por un lado, el proyecto reconocía varios derechos fundamentales a las mujeres. Por el otro, establecía que 'la vida de una persona comienza en el momento de la concepción'. Fue un golpe fatal para el movimiento de los derechos reproductivos", agregó.
Wahome tiene la esperanza de que no ocurra algo similar en el actual proceso de reforma constitucional.
Existe una tibia posibilidad de que ahora la campaña para despenalizar el aborto obtenga un fuerte respaldo político de la coalición gobernante.
Cuando era ministra de Recursos Hídricos en 2004, Martha Karua dijo ante una convención de médicos: "Dejemos de enterrar nuestras cabezas en la arena. Abandonemos la hipocresía y sostengamos un debate serio."
Karua reclamó "no practicar abortos para nosotras, nuestras hijas o las esposas en privado, mientras públicamente lo condenamos porque es social y políticamente correcto. Respetemos la integridad del cuerpo de una mujer y no lo transformemos en un campo de batalla".
Ahora, Karua es ministra de Justicia y Asuntos Constitucionales y juega un papel clave en el proceso de reforma. También anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2012 y está desarrollando una agresiva campaña con ese objetivo.
El empoderamiento de las mujeres, en última instancia, será el factor decisivo en el debate sobre el aborto en Kenia.
