Los criterios del Estado para otorgar publicidad oficial a los medios de comunicación en Honduras incluyen políticas de premios y castigos, pago a periodistas y hasta negativas de acceso a información pública, mecanismos que afectan a la libertad de expresión y el derecho a la información, opinaron expertos.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) los considera una "censura sutil" que engloba formas no tradicionales, difíciles de percibir y rastrear, que amenazan convertirse en la "censura del futuro" para el ejercicio del periodismo y una limitación al derecho ciudadano de expresarse e informarse.
Un informe del no gubernamental Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reveló una serie de prácticas de sucesivos gobiernos, acentuadas en los últimos dos años, para comprar y acallar conciencias en los medios de comunicación.
El estudio, titulado "Censura sutil en Honduras: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta", difundido el fin de semana, busca llamar la atención sobre un problema que existe desde que este país retornó formalmente a la democracia hace 25 años.
Lucila Funes, periodista y una de las autoras, dijo a IPS que, paralelamente a los procesos de transición democrática y globalización de la economía, han florecido prácticas más sutiles o indirectas de censura, como la asignación sesgada de publicidad oficial a la prensa, otorgamiento selectivo de frecuencias de radio y televisión, o controles de las ruedas de prensa del presidente, entre otros.
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"Existe un abanico inagotable de ejemplos de estas formas de censura que, aunque sutiles, no dejan también de ser abiertas y directas, reflejando así la intención de los gobiernos por silenciar y acallar a las voces críticas e independientes del periodismo hondureño", afirmó.
A su juicio, uno de los hallazgos más relevantes del informe fue la negativa de la mayoría de los entrevistados a ser citados por sus nombres. "Me refiero a funcionarios públicos, periodistas, analistas, directores y editores de medios, voceros y ex voceros de prensa, al argumentar que abordar el tema de las relaciones entre la prensa y el poder público era altamente sensible en Honduras", agregó.
Para Juan Ramón Durán, periodista y catedrático universitario, el estudio "viene a poner en el debate público un tema muy viejo pero secreto: el control de la prensa mediante políticas de premios y castigos que pasan por el bochornoso hecho de pagar periodistas".
La investigación "no sólo denota una alta calidad profesional, sino que aborda aspectos que si bien son del conocimiento público, como el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, casi nadie se atreve a señalar por temor a las represalias", señaló.
En el caso del pago a un sector de la prensa hondureña, uno de los mecanismos más utilizados son los contratos de publicidad oficial en programas con escasa audiencia, debido a que no existe en el país una legislación que regule este tipo de prácticas.
Según la oficina contrataciones y licitaciones del Estado, los medios de comunicación están exentos de licitar contratos publicitarios, lo que deja un amplio abanico a la discrecionalidad.
IPS tuvo acceso a una auditoría de contratos publicitarios de periodistas y programas inexistentes, efectuado por el estatal Patronato Nacional de la Infancia, que llama la atención de las autoridades por considerar que el presupuesto publicitario para 2007, de más de 50.000 dólares, se agotó en los primeros seis meses sin una justificación real.
De acuerdo con la investigación del CNA, realizada en el marco de un proyecto regional que incluyó siete países latinoamericanos, bajo la coordinación de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, en Honduras, los niveles de uso y abuso de la publicidad oficial y de otras formas de censura adquieren "niveles alarmantes".
Para obtener publicidad oficial del gobierno del presidente hondureño Manuel Zelaya, según el estudio, se requieren buenos contactos con las autoridades y aceptar condicionamientos en los contenidos informativos.
Los contratos publicitarios incluyen cláusulas en las que periodistas y medios de comunicación se comprometen a difundir sólo las "bondades" de la administración, sin derecho a la crítica.
En el caso de los viajes presidenciales, el gobierno paga los gastos de los periodistas, quienes deben cubrirlos sin objeciones ni controversias. Entre los requisitos para ser invitado a ellos se encuentran ser parte de los grandes medios de comunicación que garanticen una audiencia importante para el mandatario, además de ser amigo personal de su secretario privado.
A excepción de los diarios El Heraldo y La Prensa, de circulación nacional, que pagan los gastos de sus periodistas en las giras presidenciales al exterior, el resto de los medios de prensa casi siempre se suman respondiendo a "gentiles invitaciones" del gobierno.
En Honduras existen cerca de 700 emisoras de radio, en su mayoría de cobertura local, además de 169 canales de televisión de aire, 142 empresas de televisión por cable y cuatro diarios de circulación nacional. En los últimos cinco años se registró el surgimiento de los primeros medios digitales, entre los que se destacan dos diarios electrónicos, un quincenario y una revista semanal.
A nivel de la prensa escrita, el país cuenta apenas con un mensuario y un semanario, ambos de circulación restringida, que buscan incidir en la agenda informativa nacional.
Otro problema es la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, cuya gran mayoría se encuentran en manos de seis familias. Aunque no necesitan de la publicidad oficial para sobrevivir, dependen del Estado y el gobierno para acceder a sus otros negocios relacionados con la banca, las comidas rápidas, los medicamentos, aseguradoras, maquilas, zonas de café, ferreterías, importadoras de carne, ganadería y crianza de cocodrilos, entre otros.
Funes señaló que esas relaciones se producen mediante convenios "bajo la mesa", de forma discrecional. "A criterio de ejecutivos de medios consultados, sólo cuando se está en épocas electorales es que la publicidad oficial pasa a ser prioritaria en los grandes medios de comunicación".
En su primera reacción al informe sobre censura sutil, Zelaya lamentó este lunes "que se me critique por publicitarme. Si nadie me quiere sacar nada. Ahora resulta que abusamos de la publicidad, pero vamos a seguir pagando porque aquí lo que prevalece es la censura de los grandes medios hacia mi gobierno".
Desde que asumió su cargo hace dos años, Zelaya mantiene una agria confrontación con la prensa hondureña, a la que califica de ingrata por no publicitar sus gestiones. Llegó a imponer cadenas de radio y televisión al margen de la ley, así como a crear sus propios medios de comunicación: un semanario, un programa de radio y recientemente un canal de televisión, para contrarrestar lo que denomina "la desinformación de los grupos fácticos de poder".
