Tras el desgaste sufrido por el conflicto con las asociaciones agropecuarias, el gobierno argentino de Cristina Fernández se propuso «recuperar la confianza» del mundo financiero con iniciativas de alto impacto, como el canje de títulos en mora y el aumento de tarifas de servicios públicos.
En una sucesión de anuncios, tanto de orden financiero como administrativo y económico, Fernández comenzó a transitar caminos señalados con insistencia por algunos analistas, banqueros, consultorías, gobiernos acreedores del Norte y organismos multilaterales de crédito.
En Nueva York, en el epicentro de la crisis financiera que amenaza al mundo, la presidenta centroizquierdista argentina informó sobre la inminente reapertura del plan de cambio de bonos del Tesoro vencidos para tenedores que no habían aceptado la quita propuesta en 2005, cuando se reprogramó 75 por ciento de la deuda privada declarada en cesación de pagos a fines de 2001.
Ese sector minoritario de acreedores privados, que conserva títulos soberanos por un valor nominal cercano a 20.000 millones de dólares, está compuesto también por los denominados "fondos buitres", manejados por especuladores financieros que compran deudas soberanas baratas con el propósito de demandar luego el pago y conseguir jugosas ganancias.
La apertura del canje contradice lo sostenido enfáticamente desde 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y por su esposa, la actual mandataria, aunque en el gobierno recuerdan que la situación de hoy es diferente y ya no son válidos los argumentos que aludían a la emergencia de ese momento.
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Además de la quita del capital nominal del orden de 67 por ciento, según expertos, un grupo de grandes bancos transnacionales garantizaría el financiamiento externo que las autoridades argentinas entienden como necesario en 2009 por la acumulación de vencimientos de deuda por casi 20.000 millones de dólares, un aspecto en el que habían surgido fuertes señales de alarma.
En agosto, Fernández había sorprendido a propios y extraños con el anuncio de la próxima cancelación de las obligaciones vencidas con el Club de París, que agrupa a una veintena de países ricos acreedores de Argentina desde la década del 80. Alemania, Japón, Holanda, Italia, España y Estados Unidos concentran 87 por ciento de esa deuda.
Aún resta definir cómo se saldará esa obligación y el monto exacto de la misma, que para el gobierno argentino ronda los 6.700 millones de dólares, aunque desde ámbitos privados dicen que es algo mayor. La idea del gobierno es apelar a las reservas internacionales, que suman unos 47.000 millones de dólares, pero para ello debe sortear importantes cuestiones legales internas.
La administración de Kirchner ya había cancelado en 2006 los 9.600 millones de dólares que debía el país al Fondo Monetario Internacional, también con reservas, un paso similar al realizado poco antes por Brasil y luego por Uruguay. Con ello se desligó de las recetas en materia de política económica y social que le imponía ese organismo.
La presidenta Fernández también dispuso en estos días una actualización tarifaria de los servicios de gas natural y electricidad de hasta 30 por ciento para los sectores sociales medios-altos y altos que más consumen. A cambio de ello, se seguirá subsidiando el consumo energético de los hogares medios-bajos y pobres.
Esta medida era otra de las reclamadas desde tiempo atrás por los gobiernos de países cuyas empresas transnacionales tienen a su cargo estos servicios públicos en Argentina, que entendían que los precios vigentes hasta ahora eran irrisorios para el valor de esos recursos en los mercados internacionales.
Muchos de los especialistas en economía que exigían a Kirchner primero y a Fernández luego medidas para "recuperar la confianza" habían perdido peso en la opinión pública tras la mayor crisis económica y social de la historia del país sufrida a fines de 2001.
Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), del Partido Justicialista (peronista) al igual que el matrimonio Kirchner pero en sus antípodas ideológicas, y del conservador Fernando de la Rúa (1999-2001) llevaron adelante una política económica neoliberal que cayó en descrédito con el colapso.
El mismo descrédito que afectó a los expertos, bancos y consultoras internacionales que habían actuado de soporte intelectual y financiero de estas administraciones.
De este clima tomó nota Kirchner, que, con una política de mayores regulaciones e intervención del Estado, pudo exhibir tasas de crecimiento económico superiores a ocho por ciento anual y una significativa disminución de la pobreza, que pasó de afectar a 54 por ciento de los 38 millones de argentinos en el primer semestre de 2003 a 23,4 por ciento en igual periodo de 2007.
En los primeros meses del gobierno de Fernández, quien sucedió a su esposo a partir del 10 de diciembre pasado, volvieron sobre la economía argentina fantasmas vinculados a la capacidad de pago de la deuda pública.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), intervenido por el gobierno y cuestionado por todo el arco de analistas, de izquierda a derecha, marca una inflación anual del orden de ocho por ciento, pero estimaciones privadas llevan al doble esa tasa.
En coincidencia con este descrédito, pocos creen en la cifra oficial de este mes que marca un nivel de pobreza general de 17,8 por ciento. Los más cautos indican que ese registro se ubica cinco puntos porcentuales por encima.
La percepción general, basada por ejemplo en el aumento de personas que se acercan a los comedores públicos, según algunos de sus responsables, es que los índices de pobreza e indigencia se encuentran al menos estancados.
Argentina vivió un primer semestre agitado este año por el rechazo de las asociaciones agropecuarias al aumento del impuesto a las exportaciones de las grandes explotaciones de granos y oleaginosas, que se han visto favorecidas en los últimos tiempos por los altos precios internacionales y los bajos costos locales de producción.
La disputa, en las calles, los medios de comunicación y en el parlamento dejó ver un nivel de crispación ideológica y clasista como hacía años que no evidenciaba el país. Una reñida votación en el Senado el 17 de julio marcó la más dura derrota sufrida desde 2003 por el sector peronista de centroizquierda liderado por el matrimonio Kirchner-Fernández.
Como consecuencia de este escenario, el economista y diputado opositor centroizquierdista Claudio Lozano consideró, ante la consulta de IPS, que el gobierno "se está deslizando peligrosamente hacia posiciones ortodoxas".
"Tanto en la definición de pagar al Club de París sin verificar la legitimidad del endeudamiento como en el reconocimiento de la deuda a los bonistas (tenedores de títulos) a cambio de refinanciación de vencimientos más inmediatos, ello supone un viraje importante" hacia posiciones más neoliberales en lo económico.
Para Lozano, estas decisiones constituyen una "tontería absoluta". "En lugar de aprovechar la crisis internacional para poner en marcha un esquema más profundamente heterodoxo y productivo, lo que hacen es entregarse de manera completa", apuntó.
"La vieja idea de los años 90 de que si pago todo se resuelve, en el mundo actual, más que falsa, es una tontería absoluta", afirmó.
Las decisiones del gobierno se originan, para este diputado del movimiento Proyecto Sur, en que "está asustado por la evolución que tienen los vencimientos de la deuda, lo que revela que la reestructuración de 2005 fue menos exitosa de lo que se dijo".
Consultado sobre si estos gestos le permitirán al gobierno de Fernández acceder a financiamiento más ventajoso, el economista dijo creer que, por el contrario, "las tasas que va a pagar el país serán muy altas" y que la desconfianza "nada tenía que ver con los holdouts (tenedores de bonos en mora) o el Club de París, sino con la desaceleración de la economía, la inflación y la manipulación del Indec", esgrimió.
Rememorando el ciclo que se padeció bajo el gobierno de De la Rúa, cuando las consultoras internacionales planteaban nuevas exigencias ante cada medida del esa administración, Lozano resumió con una imagen del mundo del fútbol. "En este rumbo, claro que nos van a empezar a correr el arco" cada vez que se vaya a patear un penalti.
Tan contundente como Lozano es el periodista Alfredo Zaiat, jefe de la sección Economía del diario local Página 12 y autor del libro "Economistas o astrólogos", en el que marcó las contradicciones y errores de las predicciones de consultoras internacionales y "expertos de la City (ámbito financieros)".
Zaiat dudó sobre los beneficios de "incorporar a la contabilidad pública una deuda que se había borrado con autoridad ( ). La reapertura del trueque con más endeudamiento a tasas altas expresa un inexplorado terreno de la administración kirchnerista sobre el mundo financiero global y de cercanía con las reglas de juego de los grandes bancos internacionales".
"El plan de enviar señales al mercado de capitales del exterior para hacer confiable la economía y así convocar inversores es una idea fuera de época, además de probadamente inútil en más de una ocasión", enfatizó Zaiat.
Este discurso marca el tono de desencanto de sectores que acompañaron a Kirchner y a Fernández en estos años, especialmente durante el conflicto con los empresarios del sector agrícola, desde una mirada de centroizquierda o izquierda.
