A dos años de la nueva desaparición de Jorge Julio López, un testigo clave en un juicio contra represores de la última dictadura de Argentina, organizaciones humanitarios acusan fuerzas de seguridad por el hecho y rechazan que se investigue ahora a abogados, jueces y fiscales del proceso.
"Estamos convencidos de que hay fuerzas de seguridad policiales y militares, retirados y con complicidad entre los activos, que no quieren perder la impunidad de la que gozaron por 30 años", declaró a IPS Guadalupe Godoy, abogada de López hasta que éste despareció el 18 de setiembre de 2006.
En 1976, López militaba en el hoy gobernante Partido Justicialista. Tras el golpe de Estado de ese año, que dio inicio a una sangrienta dictadura de siete años, fue secuestrado, torturado, estuvo desaparecido y pasó por distintos campos de concentración hasta su liberación en 1979.
En sus años de cautiverio fue testigo de secuestros, múltiples torturas y homicidios perpetrados por la policía de la oriental provincia de Buenos Aires, la más populosa del país y donde funcionaron en esos años varios centro ilegales de detención y suplicios.
Su testimonio en el juicio oral y público contra el ex director de Investigaciones de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz, desarrollado en 2006, posibilitó condenar a este ex represor a reclusión perpetua por el delito de genocidio.
Pero justo el día en que se leyó la sentencia, López, que tiene hoy 78 años, desapareció cuando muchos lo esperaban en la sala del tribunal. Hasta ahora no hay rastros de su paradero.
Meses antes de su desaparición, López había declarado ante el tribunal de tres jueces que "Etchecolatz dirigió personalmente la matanza" de Patricia DellOrto y Ambrosio De Marco, dos detenidos de 21 años. "A ella la torturaron, la violaron. La ví cuando le habían arrancado un mechón de pelo y sangraba", narró entonces.
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que integra Godoy, y miembros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos aseguran que la responsabilidad del secuestro está en el entorno de Etchecolatz. Pero las pesquisas en ese sentido fracasaron, dicen, por la propia torpeza de los investigadores.
En los últimos meses, la justicia aceptó cambiar la carátula de la investigación del caso López de "averiguación de paradero" a "desaparición forzada", una figura que reconoce la presunta responsabilidad del Estado en el delito y suplantó a la policía de la provincia por agentes de otras fuerzas de seguridad, dos reclamos de los querellantes.
Pero aún así no hay rastros de López ni de sus presuntos captores.
El coordinador del programa Verdad y Justicia, Marcelo Saín, creado hace 15 meses para ordenar el trabajo en las distintas causas judiciales por delitos cometidos por la dictadura y ofrecer atención y protección a los testigos, coincide con la idea de que hay un sector de la policía provincial involucrado y falta de voluntad política.
Según Saín "la mejor protección para los testigos es identificar a los grupos que pretenden cercenar estos procesos", declaró este jueves en una entrevista periodística. "La policía de la provincia de Buenos Aires tiene interés en que el caso López no se esclarezca, porque quizás las pistas lleven a ex camaradas de esa fuerza", remarcó.
Para este funcionario, a López "lo mataron". "Me parece que fue Etchecolatz porque necesitaba ir contra este querellante vulnerable", dijo en alusión al desaparecido.
Sobrevivientes de la represión, testigos en los juicios, abogados y miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos participaron este jueves en diversos actos para denunciar la falta de avances en la investigación de este caso y reclamar el urgente saneamiento de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Según declaró poco después de la desaparición de López el entonces ministro de Seguridad del distrito, León Arslanián, en la policía de la provincia bonaerense hay alrededor de 9.000 agentes activos que revistaban en la dictadura.
Godoy asegura que no sólo la investigación judicial está plagada de irregularidades y encubrimientos, sino que ahora los investigados son quienes procuran hacer justicia, es decir, los abogados de los testigos, el tribunal que condenó a Etchecolatz y los fiscales.
La abogada se refirió así a una denuncia judicial presentada por representantes legales de la familia de López el martes, en vísperas del segundo aniversario de la desaparición.
La presentación sostiene que los abogados, jueces y fiscales debieron prever los riesgos que corría la víctima al presentarse a declarar contra Etchecolatz. Rubén López, hijo del testigo desaparecido, señaló que su familia "quiere saber quién debía proteger a mi viejo" (padre). "Y no hablo sólo de los organismos de derechos humanos, sino también del presidente del tribunal, de la justicia, del fiscal, del Estado que proporcionó (todo) para que estos juicios sigan adelante", precisó. "Se corrió el eje, ya no se habla de los responsables del secuestro, se responsabiliza a los que pedimos justicia", lamentó Godoy. "Yo entiendo a la familia, que sufrió dos veces la desaparición de su ser querido, pero aquí hay una manipulación de quienes representan a la familia", alertó.
El proceso contra Etchecolatz fue el primero de los juicios contra represores desde la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2005. Esas normas, sancionadas en la segunda mitad de la década del 80, alejaron de los tribunales a los uniformados acusados de violar derechos humanos.
Luego de Etchecolatz fue el turno del ex policía Julio Simón y del sacerdote Christian von Wernick. Este año se avanzó en los procesos contra otros acusados de delitos aberrantes, como son los ex jefes de distritos castrenses Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y Cristino Nicolaides.
Mientras se sustancian estos procesos, hubo otras desapariciones, pero con distinto final. El también testigo Luis Geréz, que declaró como sobreviviente de la represión en otro juicio, fue secuestrado en diciembre de 2006 y apareció, golpeado, tres días después.
Este año, Juan Puthod, otra víctima de la represión en los años 70, fue secuestrado y amenazada por unas horas.
En 2007, y a raíz de la reapertura de estos juicios, se registró la muerte por envenenamiento de Héctor Febres, un represor de la Armada que iba a declarar antes de que se leyera su sentencia.
Para Godoy, la solución no pasa por aumentar la protección policial de testigos, como ofrecen las autoridades desde la desaparición de López. "Si se permite que el aparato represivo de la dictadura siga impune y en actividad, no hay protección que valga. La única protección es terminar con la impunidad", sentenció.
