Al aprobar nuevas normas de seguridad y de investigación, «importantes en la lucha contra el crimen», el gobierno del primer ministro socialista de Portugal, José Sócrates, se expuso a la crítica generalizada de la oposición, de los jueces, editorialistas y hasta de los propios policías.
Al unísono y amparado en las mismas leyes, ya promulgadas por la presidencia de Portugal, Sócrates decidió crear el cargo de secretario general de Seguridad Interna, que solo responderá ante él, debido a que las diferentes policías y servicios secretos, dependen de diversos ministros
Según los críticos frente al "excesivo autoritarismo" de Sócrates, ésta fórmula se traduce en un poder extraordinario del sistema político sobre la investigación criminal y la propia vida de los ciudadanos. La seguridad ciudadana nunca preocupó a los portugueses. Estudios de la Unión Europea (UE) divulgados este año indican que este país es uno de los que menos probabilidades tiene de ser víctima de los delincuentes.
Sin embargo, como todas las estadísticas, esta excelente noticia para un país cuya principal industria es el turismo, corresponden al año anterior.
De la desagradable tarea de actualizar los números de 2008 se encargó el teniente general Leonel de Carvalho, coordinador del gabinete de seguridad del Estado, al señalar este jueves que "la criminalidad violenta aumentó poco más de 10 por ciento en los primeros seis meses de este año", respecto del mismo período de 2007.
Las nuevas leyes fueron aprobadas el 8 de mayo, con los votos del socialismo, con la excepción de dos diputados de su ala izquierda, la abstención de la derecha y los sufragios adversos de la oposición de los partidos marxistas, proporcionalmente los más fuertes de Europa, al representar 22 por ciento del electorado.
Las asociaciones de jueces y de magistrados de la Fiscalía General de la República advierten que la decisión del gobierno del Partido Socialista (PS), que cuenta con mayoría absoluta en el parlamento unicameral de São Bento, interfiere en la actividad del Ministerio Público y son negativas para la democracia.
Florindo Pires Salpico, quien encabeza la Comisión Independiente de Jueces, se mostró perplejo por la promulgación de las leyes el martes por parte del presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, pese a que fue alertado "sobre sus inconstitucionalidades", que según el magistrado, "sólo son posibles en regimenes totalitarios".
El presidente de la rival Asociación Sindical de Jueces Portugueses, Antonio Martins, advirtió que desde ahora, "existirá un elemento político con acceso a toda la información criminal, lo que es peligroso en un estado de derecho" y se confesó "con muchas dudas que no sean violados principios constitucionales".
La oposición de derecha, encabezada por el Partido Socialdemócrata (PSD, conservador pese a su nombre), "no apoya estas nuevas normas, con las que no nos identificamos", señaló su portavoz, Paulo Rangel.
No obstante, aclaró que respetan la decisión del también conservador Cavaco Silva de promulgar las nuevas leyes y que su mayor crítica reside en la figura del secretario general de Seguridad Interior, al que ya la prensa local califica unánimemente de "Súper Policía".
José Neto, de la comisión política del Partido Comunista, considera que las nuevas normas son "de dudosa constitucionalidad" al concentrar poderes especiales, policiales y judiciales, en el primer ministro.
Entre los poderes especiales, Neto mencionó la fiscalización, revisión e interrupción de las comunicaciones de las personas, "poniendo en causa los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos", lo que hasta ahora, era posible sólo con una orden judicial.
Francisco Louçã, líder del Bloque de Izquierda, es uno de los diputados más activos de las tres últimas legislaturas (1999-2008) en la constante denuncia a lo que este catedrático universitario entiende como violaciones a los derechos fundamentales, incluidos los económicos y sociales.
El político izquierdista y doctor en economía aseguró a IPS que estas leyes "no responden a los desafíos de protección de libertad de todas las personas, al permitir la concentración política de poderes de investigación, en un secretario general nombrado por el gobierno".
Se mostró partidario de un combate sin cuartel al crimen, "para impedir los asaltos y que sus autores puedan salir impunes", pero en este orden de ideas, hay que castigar también "al banquero más ilustre".
En otras palabras, "debe ser castigado el asalto en que un ladrón roba 10.000 euros" (14.000 dólares), pero también deberían serlo "los crímenes en que el banquero se queda con millones de euros, que salen de los bolsillos de la gente", sentenció.
El dirigente se hace eco de diversos análisis de sociólogos que relacionan el aumento de la criminalidad a la precariedad económica y social, al tiempo que aumenta la disparidad entre ricos y pobres, la mayor del bloque europeo.
Este es "un problema de seguridad, de libertad y sobretodo de responsabilidad", afirmó.
Con las tasas de interés más altas de la Unión Europea (UE), "el abuso del poder absoluto del sector bancario en Portugal es nítidamente una forma de robo legalizado", en un país donde los bancos ganan "nueve millones de euros (13,5 millones de dólares) por día y pagan menos impuestos que las empresas", denunció al concluir su diálogo con IPS.
Al coro de críticas, se unieron los sindicalistas de la Policía de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y de la Policía Judicial (PJ), los cuerpos de seguridad que enfrentan en primera línea el combate contra la creciente delincuencia, que con violencia sin precedentes comienza a dejar un rastro de sangre.
Del secretario general de Seguridad Interna, que tendrá categoría de viceministro del gabinete de Sócrates, dependerán las operaciones coordinadas de la GNR, la PSP, la PJ, el Servicio de Informaciones y Seguridad (SIS, contraespionaje), el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) y los servicios secretos de las Fuerzas Armadas.
Los principales diarios del país también tomaron parte en la polémica, mediante editoriales, análisis y columnas de opinión.
João Vaz, jefe de redacción de Correio da Manhã, el de mayor venta del país, asevera que, si se realizan procesos rápidos y fundamentados y no abusando de la prisión preventiva para los criminales, "se ganaría mucho más en seguridad para la sociedad, en lugar de insistir en escudarse en las leyes, como chivos expiatorios de las ineficacias".
"El problema de la seguridad no reside en las leyes, sino en no ser capaces de aplicarlas", concluye.
La opinión de Vaz es compartida por Diario de Noticias, de Lisboa, en su editorial de este jueves, al sostener que cuando se lee que "alguien que cometió un crimen fue liberado y reincidió, ayuda a que la percepción de la comunidad y de los propios criminales sea totalmente negativa, creando una sensación de impunidad".
Portugal "en el año de gracia de 2008 recibió la bellísima noticia de que se encuentra entre los países más seguros de Europa y, como Europa es probablemente el continente más seguro del mundo, puede deducirse que Portugal es uno de los países más seguros del planeta", apunta el editorialista Paulo Baldaia, de Jornal de Noticias, de Oporto.
Sin embargo, concluye con ironía, "sucede que las mafias del mundo entero también deben haber leído esa noticia y resolvieron venir aquí a amargarnos la vida".
