Organizaciones sociales de México se movilizan y abren espacios para reclamar contra la inseguridad y concertar propuestas, pero la delincuencia desafía con asesinatos y otras acciones de terror.
Además, se les atribuye a las mafias el inédito despliegue de mensajes contra el presidente de México, el conservador Felipe Calderón, a través de unos 60 carteles gigantes, colocados en ocho de los 32 estados de este país.
Horas antes de que este sábado se concrete la convocatoria de diversos grupos para salir a las calles en repudio a la delincuencia, la violencia subió al tope. Se pidió que los asistentes a la manifestación, que se presume sea multitudinaria, leven vestimentas blancas, velas encendidas y que caminen en silencio y sin carteles de identificación de partidos políticos o movimientos sociales.
En el estado de Yucatán, en la península del mismo nombre, aparecieron en la víspera 12 cuerpos decapitados a menos de 200 metros de una comisaría.
Mientras, en el sureño estado de Guerrero, unos 40 hombres armados que recorrían zonas rurales en camionetas de lujo, asesinaron a cuatro mujeres y a tres policías.
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Además, entre martes y el jueves aparecieron en diversas ciudades de ocho estados carteles gigantes y panfletos sin firma en los que se acusa al presidente Calderón, a militares y a policías de proteger a ciertos narcotraficantes. En los mensajes se indica que son las autoridades "corruptas" las responsables de la violencia que afronta el país.
La mayoría de observadores atribuyó el hecho a narcotraficantes, mientras autoridades dicen que se trata de un intento de la delincuencia de confundir a la sociedad y golpear al gobierno.
En el estado de Guanajuato y apenas a unos 20 kilómetros de un establecimiento rural donde vive el ex presidente Vicente Fox (2000-2006), un campamento militar fue atacado con grandas por presuntos narcotraficantes. En el lugar se generó un tiroteo en el que murieron cuatro de los atacantes y resultaron heridos dos soldados.
"La violencia llegó al límite, pero está claro que somos más los buenos que los malos. Exigimos al Estado que cumpla su deber y lo hacemos como ciudadanía organizada", dijo a IPS Benito Nieto, miembro de la central sindical Unión Nacional de Trabajadores.
Este grupo junto a la estatal pero independiente Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana y otras 11 organizaciones sociales entre las que además hay centros académicos, convocaron a una serie de audiencias públicas y foros para septiembre con el fin de recabar propuestas sobre seguridad ciudadana.
Con lo que se reciba, en octubre se trabajará en armar propuestas que serán presentadas a autoridades de la capital. Una de las principales será sobre qué tipo de policía quiere la población.
"Es el momento de construir ciudadanía a través de estos temas", declaró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México, Emilio Álvarez.
El funcionario detalló que la iniciativa busca obtener elementos sobre el perfil ideal de la fuerza de seguridad ciudadana, alentar la participación en el escrutinio público de la política criminal y generar propuestas sobre "un modelo de control ciudadano de las policías".
El sindicalista Nieto opinó que, como pocas veces en el pasado, la ciudadanía está unida en el propósito de demandar seguridad.
La iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de la capital y de otros grupos se sumó a la de otros vinculadas a empresarios, uniones vecinales y medios de comunicación, que convocaron a las movilizaciones de este sábado.
En este últimos frente, que se denomina "Iluminemos México", se anunció que se entregará el domingo al presidente Calderón una serie de propuestas para abatir la inseguridad.
Se espera que este sábado, sobre todo en la capital mexicana, marchen por las calles cientos de miles de personas vestidas de blanco. Los diarios locales, así como las cadenas de televisión y radio desplegaron decenas de mensajes llamando a la manifestación.
La convocatoria a la marcha se concretó luego de conocerse el secuestro y posterior asesinato el 1 de agosto, al parecer a manos de agentes policiales, de un hijo de 14 años del prominente empresario Alejandro Martí. El crimen fue la gota que derramó el vaso de la indignación social y puso contra las cuerdas al Estado en su conjunto. Luego de este caso se conoció que una hija de 18 años del empresario deportivo y ex presidente del gubernamental Comisión Nacional de la Cultura Física y el Deporte Nelson Vargas fue secuestrada hace 11 meses y que luego de pedir el rescate los delincuentes jamás volvieron a establecer comunicación con los padres. No se sabe qué sucedió la joven.
La semana pasada, presionados por el reclamo social, Calderón y todos los gobernadores del país se reunieron en lo que llamaron "cumbre de la seguridad" para suscribir un largo documento de compromisos en su mayoría reiterativos pero con plazos de cumplimiento concretos que van de 100 días a dos años.
Datos oficiales indican que en la actualidad se cometen cada hora en México un promedio de 256 delitos, 98 por ciento de los cuales quedan impunes por la ineficacia policial, de investigadores o de jueces y porque un ínfimo porcentaje de las víctimas se anima a presentar su denuncia.
Se trata de las cifras delictivas más altas de la historia en este país de poco más de 104 millones de habitantes.
En lo que va de la administración de Calderón, iniciada en diciembre de 2006, se cometieron alrededor de 4.800 asesinatos vinculados al combate entre y contra narcotraficantes. En la gestión de su antecesor y correligionario del conservador Partido Acción Nacional, Fox, iniciada en 2002, esa cifra fue de 9.000.
La ola de violencia ha levantado otra de miedo. En diversas escuelas, universidades y empresas de la capital y de otras ciudades de México, especialmente en la zona norte fronteriza con Estados Unidos, sus directivos dictaron normativas en las que indican a alumnos, padres y trabajadores qué precauciones tomar y qué hacer en caso de un hecho de violencia o un secuestro.
