El futuro económico y social de Brasil puede estar supeditado, según expertos, al modo en que finalmente se maneje la repentina riqueza petrolera descubierta a gran profundidad en el subsuelo del océano Atlántico, en una zona próxima a la costa sur del país.
Los dilemas que se plantean, tanto en el gobierno como entre otros actores en este debate nacional, son la de crear una nueva empresa estatal, como hizo Noruega, fortalecer la ya existente, Petrobras, modificar o mantener las reglas vigentes en el sector y redistribuir o no los "royalties" (regalías) generados por la producción marítima.
Fernando Siqueira, director de Comunicación de la Asociación de Ingenieros de Petrobrás (Aepet), calcula que están en jugo 20 billones de dólares, tomando en cuenta que son "más de 100.000 millones de barriles" los existentes en los gigantescos yacimientos bajo la capa de sal a unos 250 kilómetros del continente.
La estimación del experto está basada en un valor de mercado de 200 dólares el barril de crudo, precio que puede ser superado en las próximas décadas ante el inminente "tercer choque mundial", en que la demanda crece mas rápido que la oferta, dijo a IPS.
Las reservas brasileña "pre-sal" equivalen a "un nuevo Iraq" en América Latina, tanto por el volumen de petróleo como por la codicia de Estados Unidos, que busca "desesperada" por asegurarse esos suministros, ya que sus reservas de 29.000 millones de barriles no alcanzan más que para tres años de consumo, según el ingeniero.
Defender la creación de otra empresa estatal es "desviar la discusión" de la cuestión central, que es consolidar los yacimientos como patrimonio del pueblo brasileño y "alterar el marco regulatorio" para elevar la participación especial del Estado en el petróleo producido a 84 por ciento, una proporción vigente en otros países, sostuvo Siqueira.
Esa alteración seria muy simple, sólo mediante un decreto, ya que la reducción de la participación estatal a un máximo de 40 por ciento se impuso por esta vía en 1998 durante el mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), aseguró el ingeniero.
Elevar la participación especial del Estado no tendría una gran resistencia de parte de las empresas petroleras transnacionales, que ya están asociadas a la firma estatal Petrobrás en muchas áreas exploradas. "Ellas mismas ya habían propuesto ese 80 por ciento", acotó.
En cambio, sí habrá presiones muy fuertes de parte del gobierno de Estados Unidos, que "quiere petróleo barato y no a precios de mercado", condición que excluye la "soberanía brasileña sobre sus reservas", según Siqueira.
Según el experto, la reactivación de la IV Flota Naval estadounidense, volcada al sur del océano Atlántico, está vinculada al petróleo "pre-sal" brasileño.
Una nueva regulación permitiría superar los dilemas, ya que con Petrobrás como operadora de la producción la participación del Estado alcanzaría a 90 por ciento, destacó.
De esa forma, se limitaría la parte de los socios privados minoritarios de Petrobras en los yacimientos ya descubiertos o nuevos.
Una preocupación del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva es destinar las ganancias petroleras en beneficio de la población. Las prioridades planteadas son la educación, el combate contra la pobreza y la previsión social, indicó.
Por eso se estudia con atención la experiencia de Noruega, que creó una segunda firma petrolera, totalmente estatal, que administra los yacimientos y destina sus utilidades a un fondo volcado a las generaciones futuras.
Esa alternativa, que según trascendió tendría una opinión mayoritaria favorable en el gobierno, permitiría al Estado apropiarse del grueso de las utilidades, evitando beneficios considerados excesivos para los socios de Petrobrás, que tienen 60 por ciento de su capital, la mayor parte en manos de capitales extranjeros.
Otra intención oficial es alterar las reglas de los "royalties" pagados a los municipios y estados en cuyo territorio o mar territorial se extrae petróleo y otras instituciones, como la marina de guerra, que corresponden a 10 por ciento de la producción. Lo que se busca es que las ganancias de los nuevos yacimientos beneficien a todo el país, ante su gran aumento.
Gobernadores de los estados que más ganan regalías, como Río de Janeiro y Espíritu Santo, se alzaron contra la posibilidad de cambios en esas reglas.
Los "royalties" representan una indemnización por impactos de la actividad petrolera, por eso pierden sentido cuando se trata de pozos ubicados a 250 kilómetros de las costas y que, por lo tanto, no afectan a ningún municipio en particular, arguyó Siqueira.
Toda esa discusión refleja la disputa de un dinero incierto. "Parecen querer las utilidades" sin considerar las "enormes inversiones" y el esfuerzo necesario para extraer el petróleo que está a 6.000 metros bajo el nivel del mar, debajo de una espesa capa de sal y a centenares de kilómetros de la costa, advirtió Giuseppe Baccocoli, investigador del Centro de Posgrado en Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
El marco regulatorio ha sido satisfactorio, especialmente para atraer inversiones y tecnologías, y es necesario cumplir los contratos vigentes con empresas privadas sobre el petróleo producido para no perder condiciones de extracción del crudo "pre-sal", opinó Baccocoli ante la consulta de IPS.
Los nuevos yacimientos que despiertan la codicia y expectativas de gran riqueza nacional "presentan altos riesgos y exigen tecnologías avanzadas", destacó Baccócoli, un geólogo de larga experiencia en Petrobrás. Los beneficios estatales pueden venir por medio de tributos, acotó al calificar de "demagogia" algunas de las propuestas que dicen "proteger intereses del pueblo".
