Los fusiles «son para proteger a Venezuela o al pueblo, no para disparar por encima de nuestras cabezas», dijo el joven Sabino Romero, segundo cacique de la comunidad yukpa de Chaktapa, al deplorar ante periodistas la conducta de los militares en Perijá, en el occidente del país y fronterizo con Colombia.
Su abuelo, José Manuel Romero, de 97 años, murió el 22 de julio, víctima según los yukpa de las lesiones y la humillación causadas por presuntos sicarios que dos semanas antes incursionaron en su comunidad a una hora en que estaba desguarnecida, lo hicieron caer al suelo y le propinaron patadas y otros golpes.
Los sicarios se presumen que son empleados por ganaderos de la zona, en particular de una familia Vargas, conectada con mandos militares según activistas de grupos que apoyan a los indígenas, y varias de cuyas haciendas permanecen ocupadas y reclamadas por los yukpa.
Ese enfrentamiento visibilizado por Romero y otros tres jóvenes activistas yukpa en una visita a Caracas, tiene como fondo el despojo de tierras ancestrales a los pueblos de su etnia, barí, y wayúu para facilitar su explotación ganadera hoy y, en el futuro, de carbón, fosfatos y otros minerales, dijo a IPS el antropólogo Lusbi Portillo.
"De hecho, 28.000 hectáreas de territorio yukpa fueron dadas en concesión a Corpozulia (la Corporación de Desarrollo del estado de Zulia), con miras a la explotación minera de fosfatos", indicó Portillo, coordinador de la organización ambientalista Homo et Natura, al hablar con periodistas caraqueños junto a los indígenas.
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Desde hace varios años, sectores de los wayúu, el pueblo aborigen más numeroso de Venezuela con unos 300.000 integrantes del lado venezolano y 200.000 en Colombia, ubicados al norte de la sierra de Perijá, y yukpa y barí, en los tramos central y centro-sur de esa serranía, se enfrentan a la explotación del carbón u otros minerales.
Toda esa lengua de tierra es una rica cuenca carbonífera, intensamente explotada del lado colombiano —la sierra de Perijá marca un tramo de frontera— con Cerrejón y otras minas que producen más de 40 millones de toneladas anuales. En Venezuela, unas tres minas extraen cerca de 10 millones de toneladas por año.
"La nuez de nuestra propuesta es que el gobierno declare canceladas permanentemente las concesiones mineras o que el parlamento las derogue, se delimiten las tierras de los indígenas con participación de sus comunidades y sus aliados, y se compren las fincas a que haya lugar para que puedan vivir en paz", resumió Portillo.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se ocupó del tema el domingo en su programa de radio y televisión. "Nosotros estamos con los indígenas, con los yukpa", afirmó. "Entre los ganaderos y los yukpa, el gobierno revolucionario opta por los indígenas", añadió.
El mandatario ordenó a sus ministros ocuparse de resolver la situación "y, si es necesario, pues les compramos las bienhechurías (mejoras de infraestructura) a los ganaderos" para entregar tierras a los yukpa. El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez, debió asumir la investigación de la muerte del anciano Romero.
Con consignas como esas, grupos yukpa, junto a algunos barí, descendieron a mediados de esta década desde las improductivas montañas de la sierra, donde han sobrevivido en condiciones de miseria desde hace más de medio siglo, hasta establecimientos ganaderos de las planicies ubicadas entre la serranía y el lago de Maracaibo.
"No estamos invadiendo haciendas de los ganaderos, sino recuperando tierras que fueron de nuestros abuelos. Bajamos para trabajar en la tierra plana y que los niños no se mueran en la montaña", señaló Daisy González, de 23 años, activista de la comunidad yukpa de Guamo.
Durante el siglo XX, la búsqueda de petróleo y el avance de la ganadería confinaron a los indígenas en las montañas. La Constitución de 1999 dispuso demarcar sus territorios, lo cual se ha hecho en otras zonas remotas del país, pero no en Zulia.
Los yukpa, del grupo lingüístico caribe, son más de 10.000 individuos distribuidos en 164 comunidades. Algunas, como las de Chaktapa y Guamo, instaladas a orillas del río Yaza, 650 kilómetros al oeste de Caracas, reclaman media docena de haciendas y desde 2006 han penetrado en varias, chocando con ganaderos.
Comisiones gubernamentales han buscado mediar entre las partes y el ejército y la Guardia Nacional (con funciones de policía rural) se han movilizado para evitar que escale la violencia, mientras que jóvenes universitarios y de la Asociación de Medios Comunitarios y Alternativos están en campaña a favor de los indígenas.
Las acciones de los yukpa "amenazan la seguridad alimentaria y territorial del país", pues la zona produce 100.000 litros diarios de leche, sostuvo Rubén Barboza, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago. Las planicies al oeste del lago de Maracaibo son territorio productor de carne y leche.
Pero los intentos de entendimiento no han prosperado. Mientras algunos ganaderos exigen el desalojo de haciendas para entablar negociaciones, los yukpa de Chaktapa y Guamo deploran que la ministra de Asuntos Indígenas, Nicia Maldonado, integrante de una etnia del sur amazónico, sólo dedique 15 minutos para reunirse con ellos y siete u ocho horas para los ganaderos.
Unidades militares establecieron cordones de vigilancia alrededor de las comunidades yukpa, controlando los accesos. El pasado fin de semana, decenas de jóvenes de la Universidad Bolivariana, de medios comunitarios y de la radioemisora del gobierno decidieron ir a "romper el cerco" y llevar a los indígenas cantos, medicinas y alimentos.
Los jóvenes fueron interceptados e impedidos de avanzar, cerca de Machiques, principal centro poblado de la zona. La tensión subió con discusiones en plena carretera rural y grupos yukpa llegaron para demandar el paso de sus aliados.
Entonces los militares dispararon al aire y dispersaron los grupos con gases lacrimógenos. Un joven de los grupos de solidaridad fue golpeado en la cabeza hasta sangrar y detenido junto con varias de sus compañeras que le auxiliaban.
Por ello, como hizo el joven Romero, la activista yukpa Mary Fernández reclamó que "no se pueden emplear armas de guerra contra nosotros". "El deber de los militares es cuidarnos, pues nosotros lo que queremos son nuestras tierras para vivir en paz", apuntó.
Fernández explicó, además, que los cuatro jóvenes que hemos viajado a Caracas a exponer las razones de los reclamos "lo hacemos porque los caciques, que son nuestros jefes, están amenazados de muerte si salen de sus comunidades, eso se sabe en toda la sierra de Perijá, por los sicarios que son contratados por los ganaderos".
El estado de Zulia, especialmente su capital Maracaibo, ha registrado en las últimas décadas números crecientes de secuestros y asesinatos por encargo.
Las amenazas de muerte han alcanzado a activistas como Portillo, quien sostiene que hay colusión de intereses entre ganaderos, jefes militares "y el estratega de toda esta política para, a la larga, favorecer intereses trasnacionales mineros, que es el general Carlos Martínez Mendoza, presidente de Corpozulia".
Portillo sostuvo que a esos intereses responden las autoridades locales del estatal Instituto de Tierras —que trabaja las demarcaciones— y el jefe militar de la zona, el general Gerardo Izquierdo Torres. "El ejército en Machiques está dividido, entre los revolucionarios y los que atienden la línea política de los paramilitares", dijo Portillo.
La ministra Maldonado aseguró que "en la demarcación de tierras para las 164 comunidades yukpa ya hemos avanzado en 70 por ciento", pero Portillo y los jóvenes yukpa aún no se convencen. "Una cosa es la línea que traza el presidente en Caracas y otra cosa lo que resulta de negociaciones entre factores de poder cuando llega a Perijá".
