Noruega anunció una pequeña, pero significativa contribución para la reforma del sistema judicial de Afganistán que, según especialistas, sigue con graves problemas siete años después de la invasión liderada por Estados Unidos.
El aporte suma seis millones de dólares, que se destinarán al programa de reforma de esa rama estatal, cuyo costo total es de 27 millones de dólares.
El objetivo del programa es hacer un cambio integral, que va de la capacitación de los funcionarios hasta la reestructura edilicia, pasando por suministros de computadoras y otro tipo de equipos a fin de montar oficinas de asistencia legal para los más vulnerables como mujeres, poblaciones nómades y refugiados.
"Existen grandes retos en materia de capacitación, infraestructura y otros asuntos más. Después de todo, hace tres décadas que Afganistán sufre conflictos", dijo a IPS el asesor del Instituto de Política Exterior de Noruega (NUPI), Henning Høgseth.
"La reforma del sistema judicial avanza muy lento. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega envió jueces, abogados y funcionarios especializados en cárceles para capacitar al personal afgano, pero pocos países más hicieron contribuciones" similares, remarcó.
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"Otro desafío tiene que ver con la jurisprudencia internacional y la Constitución afgana, que no son del todo compatibles, y la existencia de tradiciones locales, consejos de ancianos y la sharia" o ley islámica, apuntó.
Además, la situación de la seguridad se agrava en muchas partes de Afganistán por el aumento del vandalismo y de los ataques de combatientes del movimiento islamista Talibán y sus aliados del sur y el este del país.
Un centenar de agencias humanitarias divulgaron una declaración advirtiendo que la creciente inestabilidad amenaza con imposibilitar el trabajo en algunas zonas de ese país.
"Para los esfuerzos de Afganistán y de la comunidad internacional es fundamental la reforma del sistema judicial a fin de construir un Estado sustentable basado sobre el derecho y un sistema democrático de gobernanza, pero los avances se ven truncados por la falta de seguridad", señaló la cancillería.
"Por supuesto que un aumento de la violencia afectará los planes de reforma", señaló Høgseth.
"El año pasado fueron asesinados casi 1.000 policías en ataques perpetrados por la delincuencia común y por fuerzas del Talibán. En caso de concentrarse en convoyes humanitarios, la situación general se verá enormemente afectada", indicó.
El cambio en el sistema de justicia es uno de los llamados pilares del marco de Reforma de la Seguridad, creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los otros tienen que ver con la reforma de la policía y el ejército, combatir el tráfico de heroína y el desarme, la desmovilización y la reintegración de combatientes.
"Hubo algunos avances en la reforma de la policía tras la intervención de Estados Unidos con cursos de capacitación antes de Navidad, que fue casi una copia exacta de lo que hizo con el ejército afgano", indicó Høgseth.
"La que está demorada es la reforma judicial, y por ello debe entenderse sistema penal, tribunales, servicios carcelarios y demás", añadió.
"En términos generales, el enfoque casi no funcionó", subrayó Høgseth.
El asunto del desarme, desmovilización y reintegración de combatientes fue encargado a Japón, la reforma de la policía quedó bajo responsabilidad de Alemania. Estados Unidos se hizo cargo del ejército, Italia asumió la reforma del sistema jurídico y Gran Bretaña, el combate al narcotráfico", explicó.
"Pero el proceso general carece de coordinación adecuada", remarcó Høgseth.
El asesor de NUPI cree que será necesario ceder un mayor control del proceso de reforma a los propios afganos.
"No se puede sólo responsabilizar a los afganos por la falta de avances en las reformas, pues se les entregó un sistema diseñado de antemano para aplicar tal cual", apuntó el asesor.
"Se necesita crear capacidad institucional, traspasar la responsabilidad a los propios afganos. Después de todo, no somos nosotros los que vamos a gobernar el país", remarcó Høgseth.
En caso de no ser así, el experto noruego teme que lleve mucho tiempo reconstruir Afganistán. "Si se inyecta demasiado dinero a una zona que sufrió una guerra sin tener una burocracia capaz de gestionarlo, sólo se fomentará la corrupción y el despilfarro", subrayó.
La cancillería noruega reconoce que la corrupción es un problema. "Un requisito impuesto por este país y por la comunidad internacional para la reforma judicial de Afganistán es que las autoridades de esa nación combatan las irregularidades existentes en los ámbitos central y provincial", indicó esa secretaría en una declaración.
Noruega entregará los seis millones de dólares a un fondo colectivo gestionado por el Banco Mundial.
Una comisión encabezada por el ministro de Justicia de Afganistán, Sarwar Danish, será el responsable de implementar los proyectos, pero Høgseth advierte que no tendrá muchas posibilidades de decisión.
"No puedo decir exactamente lo que ocurrirá entre el ministro de Justicia y el Banco Mundial, pero presiento que todo está bastante controlado por la comunidad internacional", indicó.
"Se vuelca mucho dinero a Afganistán, pero el gobierno sólo puede controlar un pequeño porcentaje" de los fondos, apuntó Høgseth.
La comisión encabezada por Danish trabajará "en estrecha colaboración" con un directorio integrado por diferentes donantes, incluida Noruega, según la cancillería de este país.
"La creación de un fondo colectivo para reformar el sistema judicial es un gran paso para acelerar el proceso", opinó Høgseth.
"Se espera que el mecanismo para gestionar los fondos sirva para ejecutar de forma efectiva las actividades del programa de reforma y la cooperación entre donantes y autoridades afganas así como entre donantes", añadió.
