Hasta hace algo más de cuatro años, poco importaba el dinero de las ventas de gas y derivados del petróleo de Bolivia debido a su escasa relevancia, pero en la actualidad es centro de disputa política y un fuerte argumento para la oposición y su intento de debilitar el gobierno de Evo Morales.
La renta petrolera pasó de 188 millones de dólares a fines de 2001 a 1.572 millones en 2007, luego que culminó el año anterior el proceso de renegociación de contratos con privados que el gobierno denomina nacionalización.
Esos recursos representan la séptima parte del producto interno bruto (PIB) estimado en 11.000 millones de dólares, así como es la principal fuente de ingresos de las nueve prefecturas (gobernaciones) departamentales.
El gobierno izquierdista de Morales distribuyó 737 millones de dólares por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los nueve departamentos en que se divide el país, según datos proporcionados a IPS por el Ministerio de Energía e Hidrocarburos.
Esta cifra es mayor en 446 millones de dólares respecto de la primera distribución de este impuesto, en 2005, cuando el anterior gobierno, el interino de Eduardo Rodríguez, creó la partida destinada a transferir dinero a las prefecturas.
Hoy, la torta es muy grande, y el senador Fernando Rodríguez, del opositor Poder Democrático y Social (Podemos), estima que el total de ingresos del Estado alcanzará fácilmente este año los 4.000 millones de dólares, por las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina, y las ventas internas de carburantes, expresó a IPS.
El alza imparable del precio internacional del petróleo ha contribuido a incrementar los ingresos por este concepto, aunque el volumen de las ventas gasíferas a Brasil y particularmente a Argentina han disminuido por la falta de oferta de Bolivia, pese a que guarda la segunda reserva de América del Sur con 47 trillones de pies cúbicos de gas, después de Venezuela.
Rodríguez sostiene que, en este marco, la legislación sobre distribución de recursos generados por el petróleo determina que unos 440 millones de dólares deben distribuirse entre los departamentos productores de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Tarija, y unos 160 millones de dólares para los demás.
Pero la abundancia de dinero producido por la actividad petrolera alentó al presidente Morales a tomar una porción sustancial de las transferencias y dirigirlas a la pensión vitalicia denominada Renta Dignidad para todas las personas mayores de 60 años, que suman unas 676.000, consistente en un bono mensual equivalente a unos 27 dólares.
Una fuente de la prefectura de de Tarija, la región más rica en reservas de gas natural, informó a IPS que este año los gobiernos departamentales sufrirán un recorte en sus ingresos por 260 millones de dólares.
José Antonio Aruquipa, integrantes de la Asamblea Constituyente por el derechista Podemos, explicó a IPS que la marcha de las autonomías en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija está condicionada a la recuperación de esos recursos. "Sin el IDH, las autonomías son un vehículo sin gasolina", expresó.
La oposición afirma que el gobierno nacional sólo requiere 200 millones de dólares y no los 260 millones de dólares que actualmente retiene para cumplir con la renta vitalicia.
Al momento de poner en práctica la Renta Dignidad para los adultos mayores, el presidente Morales defendió su plan de carácter social afirmando que el fruto de la tierra (el gas natural) debe volver a los ciudadanos, y al mismo tiempo acusó a los prefectos de oposición de actos de corrupción con el dinero de la renta petrolera.
Los departamentos donde se gestan las autonomías departamentales han trazado una estrategia política, respaldada por Podemos, orientada a recuperar el dinero que consideran "confiscado" por Morales.
Desde la oriental ciudad de Santa Cruz, el radical presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, anunció marchas y huelgas de hambre en las regiones hasta obtener la devolución del dinero correspondiente al IDH. La conminatoria fue rechazada de plano por Morales.
Esta nueva batalla política se libra cuando falta menos de un mes para la realización del referendo nacional en el que se pondrán en juego los mandatos de Morales, de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y de los nueve prefectos (gobernadores).
Los gobernantes que recojan menos votos a favor de la ratificación que los obtenidos al ser elegidos estarán obligados a dejar su cargo, según las reglas impuestas en esta particular convocatoria a las urnas por medio de una ley y no por mandato constitucional.
Morales se anticipó a la batalla por el dinero del IDH, a manera de protección de su programa a favor de los ancianos, al anunciar una consulta para que la ciudadanía decida si el dinero recortado a las regiones y municipios continúa empleándose en la renta vitalicia. Desde el Chapare, el área del departamento de Cochabamba productora de coca, el dirigente campesino Julio Salazar restó crédito a los prefectos de oposición en su defensa del IDH.
Recordó, en conversación con IPS, que la mayoría cogobernaron con el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien ocupó la presidencia primero de 1993 a 1997 y luego de 2002 a 2003, cuando fue derrocado por un levantamiento popular contrario a su propuesta de exportar gas natural a precios bajos a América del Norte.
Salazar los acusó de haber promovido la enajenación del gas natural que ahora genera mayores ingresos fiscales.
"Los movimientos sociales dignifican al país para dejar de ser mendigos", afirmó el dirigente cocalero en defensa de la nacionalización de los hidrocarburos, una medida aplicada el 1 de mayo de 2006 y que generó abultados ingresos por las exportaciones de gas natural.
El senador por Tarija Roberto Ruiz, representante de Podemos, reclama el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos modificada en el año 2005, que asigna el 14 por ciento de la renta petrolera a las regiones y lamenta que mediante una sucesión de decretos, inferiores en jerarquía respecto de una ley, hayan disminuido los ingresos departamentales, según explicó a IPS.
El congresista asegura que la deuda el gobierno central con Tarija asciende a 100 millones de dólares, pero es pesimista frente a la posibilidad de una conciliación porque resta seriedad a las cifras del gobierno y cuestiona la transparencia en la distribución de la renta petrolera.
A ello se suma la falta de información sobre reservas petroleras y de gas natural, y el incumplimiento en el programa de inversiones que garanticen la provisión del carburante a Argentina, cuestionó.
Según datos del gobierno, el crecimiento de la demanda interna de gas natural ha causado la merma de los envíos de carburante al mercado argentino hasta un millón de metros cúbicos por día, en lugar de los 7,7 millones de metros cúbicos pactados de manera bilateral. Por su parte, Brasil compra 32 millones de metros cúbicos de gas natural boliviano por día.
