Cinco años después de la puesta en marcha de un programa nacional de salud sexual y reproductiva en Argentina, incluye la provisión gratuita de anticonceptivos, el resultado es muy dispar en distintas regiones y denota la necesidad de un plan de educación.
A pesar de las resistencias de la Iglesia Católica, el programa, apoyado en una ley, fue lanzado en 2003 por el Ministerio de Salud con gran respaldo de organizaciones de mujeres. Según el último dato oficial, a fines de 2006 tenía casi dos millones de usuarias a través de 6.200 centros de salud.
"Es temprano para evaluar resultados, porque la implementación no fue pareja", dijo a IPS la médica Mabel Bianco, del comité coordinador del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders), una entidad no gubernamental que observa la marcha del programa en casi todo el país.
"Hubo provincias que lo demoraron por diferencias ideológicas", señaló Bianco, especialista en medicina sanitaria y asesora del Ministerio de Salud en cuestiones de salud sexual.
Por otro lado, el programa establecía abordar mecanismos de educación sexual, pero eso "nunca se hizo", remarcó. "Apenas ahora los ministros de Educación del gobierno nacional y de las provincias acordaron unos lineamientos básicos", advirtió.
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Esas pautas permitirán desarrollar programas educativos en 2009, si logran sortear las críticas de la Iglesia, que ha cuestionado la decisión gubernamental de que la educación sexual sea obligatoria, entre otros aspectos. "Esta falencia tiene mucha relación con el fenómeno del embarazo adolescente", alertó Bianco.
"No se trata sólo de acceder al insumo" para la anticoncepción, dijo a IPS la trabajadora social Susana Arminchiardi, del Hospital Roque Sáenz Peña, en la nororiental provincia de Santa Fe, e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
"El programa tiene que venir acompañado de espacios de educación y capacitación", dijo. "Las mujeres manifiestan necesidad de tener información", aseguró, basándose en una experiencia realizada en el hospital donde trabaja, con unas 200 participantes que se internaron por abortos espontáneos o provocados.
El aborto está penalizado en este país, pero se estima que se practican más de medio millón de interrupciones de la gestación por año. "Asesoramos a las mujeres en anticoncepción, sobre la importancia de planificar el embarazo, y ellas están muy abiertas", aseguró. Sólo tres de las 200 volvieron embarazadas este año al hospital, dijo.
Una rémora que no se logrará superar sin más y mejor inversión educativa es el embarazo adolescente, apuntó Bianco.
A pesar del programa nacional, que brinda asesoramiento e insumos a jóvenes, la cantidad de gestantes menores de 20 años de edad está en aumento. En 2003, 13,6 por ciento de los embarazos correspondían a ese grupo de madres, en 2004, habían subido a 14,4 por ciento y en 2005 llegó a 15,4 por ciento del total.
La ciudad de Buenos Aires, capital del país, no es ajena al fenómeno, aunque en menor proporción que la media nacional: los llamados embarazos precoces pasaron de 5,9 a 6,7 del total entre 2003 y 2005.
En las provincias más pobres, la situación es más dramática.
En el nororiental Chaco, un de los distritos más pobres del país, la proporción de madres adolescentes pasó de 22,6 por ciento en 2004, a 24,4 por ciento, en 2005.
Algunos estudios locales señalan que un tercio de esos embarazos no fueron buscados.
"Muchas mujeres todavía no conocen que tienen este derecho (a decidir cuándo ser madres) y hay casos de jóvenes que buscan el embarazo con la ilusión de lograr un sostén", sostuvo Bianco. También advirtió que muchos embarazos de menores son resultado de abusos y violaciones. "También es algo que hay que enfrentar".
Las disparidades también se observan en la fecundidad. Una encuesta nacional realizada por investigadoras independientes a pedido del Ministerio de Salud reveló en 2007 que el promedio nacional de hijos por mujer es de 1,9, similar al de países desarrollados. Pero esa cifra podría inducir a engaño.
Mientras en Buenos Aires la media es de 1,7 hijos por mujer, en la región noreste, la más pobre, sube a 2,44. Allí, más de 26 por ciento de las mujeres dijeron tener "cuatro hijos o más" y la cobertura de anticonceptivos llega a menos personas, o se privilegian métodos menos efectivos.
Las mujeres con más hijos habitan viviendas más precarias, en condiciones de mayor vulnerabilidad social y con menor nivel educativo que las que tienen una descendencia menos prolífica, señala el estudio. Es un círculo vicioso que reproduce la pobreza, sostienen las expertas.
"En algunos lugares, hay todavía muchas trabas. Por ejemplo, a las menores de edad no se las quiere atender en servicios de salud sexual si no van con sus padres, y eso no está previsto en la ley", explicó Bianco. Los varones, reacios a atenderse en áreas de ginecología y obstetricia, casi no acuden a la consulta del programa.
"Hay también muchos mitos en relación a algunos métodos anticonceptivos. Por ejemplo, temores de usar el DIU (dispositivo intrauterino), y falta presupuesto para la capacitación" del personal de salud que debe asesorar, señaló Bianco. Los médicos a veces desalientan el uso de anticonceptivos que están disponibles, aseguró.
Según la encuesta, más de 70 por ciento de las mujeres dijeron informarse sobre métodos anticonceptivos en hospitales, centros de salud, consultorios privados, escuelas o universidades. Y casi 25 por ciento se informaron a través de amigos, vecinos o familiares.
El programa incluye la entrega gratuita de condones, contraceptivos inyectables, DIU y píldoras, incluida la "del día después", un anticonceptivo de emergencia que se toma luego de una relación sexual sin protección, pero que no previene el contagio del virus del sida ni de otras enfermedades de transmisión sexual.
Las mujeres consultadas para la encuesta dijeron preferir el condón (42 por ciento), luego las píldoras (25 por ciento), y el DIU (11 por ciento).
En mayo, el Conders denunció que desde diciembre de 2007 las usuarias del programa no recibían píldoras, por un retraso en el suministro de la cartera sanitaria.
