La capital peruana fue el epicentro de las movilizaciones contra el alza del costo de vida y en reclamo del cumplimiento de los acuerdos sociales y salariales firmados con el gobierno. Aunque sólo se registró un incidente en el interior del país, fueron detenidos unos 200 manifestantes.
A las protestas de los agricultores y de las comunidades indígenas iniciadas el martes, se sumó una masiva manifestación de maestros, trabajadores de la construcción civil y de sectores del Estado en Lima y en varias otras ciudades y localidades menores. La huelga general también incluyó el bloqueo de rutas.
Para este jueves están convocadas nuevas marchas callejeras en algunas regiones de la Amazonía, debido a que el presidente Alan García promulgó decretos para facilitar el ingreso de inversionistas privados en las tierras de las comunidades nativas.
Las normas fueron puestas en marcha gracias a las facultades que le otorgó el Congreso legislativo al Poder Ejecutivo en el marco del tratado de libre comercio (TLC) firmado con Estados Unidos. Al respecto, analistas políticos aseguran que el gobierno se excedió en sus atribuciones.
"Este no es un paro de terroristas, de desestabilizadores ni de chavistas (seguidores del presidente de Venezuela, Hugo Chávez)", dijo este miércoles, en respuesta a críticas, el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, tras recalcar que los manifestantes actuaron de manera pacífica.
La única excepción fue la región amazónica de Madre de Dios, donde fue incendiada la sede del gobierno local.
Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, tras calificar la jornada de protesta de fracaso, informó que se desplazaron 11.000 policías y que se detuvieron a casi 200 manifestantes.
El gobierno también desplegó efectivos de las Fuerzas Armadas, lo cual catapultó la condena de los líderes sociales y analistas políticos, quienes consideran que no cuentan con la formación ni la experiencia para efectuar tareas de seguridad ante protestas.
"De cada circunstancia podemos sacar una enseñanza y el gobierno saca la suya, sin triunfalismo ni derrotismo, pues sabe que debe continuar trabajando, como se lo planteó, por los peruanos más pobres", justificó el presidente García, al hacer un balance de la paralización de actividades y reconocer, aunque entre líneas, el incumplimiento de gran parte de sus promesas.
La CGTP exige en su plataforma de reclamos medidas urgentes para frenar la carestía de vida, cumplir con el incremento de los sueldos a los trabajadores y cambiar el modelo económico de corte neoliberal impuesto por García.
Respecto a este último punto, se hace énfasis en el impuesto a la alta rentabilidad de las compañías mineras debido al notable incremento de los precios de los minerales en el mercado internacional. Esa fue una de las promesas de García en su campaña electoral, junto con una reforma tributaria amplia, que permitiría un reparto más equitativo de los recursos.
Los frentes regionales, que también participan en la paralización de actividades, no sólo invocan las demandas de la CGTP sino los compromisos suscritos por el Poder Ejecutivo en diversas actas.
En los dos años y medio que lleva en el gobierno el Partido Aprista Peruano, García suscribió 35 actas con organizaciones sociales, autoridades regionales y locales que, según la Unidad de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fueron cumplidas en más de 60 por ciento.
En cambio, los promotores de la protesta aseguran que sólo se cumplieron entre 15 y 30 por ciento.
"Esto es una mecida. El gobierno invita a dialogar cuando hacemos protestas y luego no concreta lo que promete, porque prefiere hacerle juego al centralismo", dijo a IPS el jefe departamental de los trabajadores del Cusco, Efraín Yepez.
Para Yepez, el gobierno apenas ha cumplido con 15 por ciento de los acuerdos pactados con su región.
Cusco, ubicada en la zona sur andina, reclama principalmente por el comienzo de la construcción de un gasoducto y del aeropuerto internacional.
"Entiendo que están desesperados, pero estamos avanzando con los expedientes técnicos de estos proyectos, porque debemos hacer una inversión responsable. Todo forma parte de un proceso", explicó a IPS el asesor de coordinación de la PCM, Juan Manuel Figueroa.
En Arequipa, la situación es similar. El gobierno asegura que ha cumplido en promedio con 70 por ciento de los acuerdos, entre los que figura la construcción del gasoducto sur y el proyecto de irrigación Majes Siguas II, entre otros.
Pero las organizaciones sociales y las autoridades locales denuncian que hay un retraso con los proyectos. Por ejemplo, en el caso de Majes Siguas II, el gobierno prometió que en agosto ya se concluiría con la licitación para dar lugar a su construcción, pero aún ni siquiera se conoce la viabilidad económica de la obra.
En la PCM informaron que varios de los proyectos que reclaman las regiones se encuentran en manos de la entidad gubernamental Proinversión, que garantiza la presencia de grandes capitales en el país, y en áreas del Poder Ejecutivo como el Ministerio de Transporte y el de Economía.
"Eso ya no está en manos de la PCM", justificó Figueroa.
Más allá de qué sector es responsable o no de los retrasos e incumplimientos, lo cierto es que el régimen ha entrado en una etapa de descrédito.
En julio de 2007, el Ejecutivo se comprometió en un acta con la Federación de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) a otorgarle a los trabajadores y trabajadoras una bonificación especial de 100 soles (35 dólares) a cada trabajador, pero luego de un año la promesa sigue congelada.
Fentase se encuentra desde hace más de 20 días en huelga indefinida.
"Nos han omitido del presupuesto nacional a pesar de que somos los peor pagados del Estado. ¿Por qué prometen algo que no van a cumplir?", preguntó el secretario de Defensa de Fentase, Juan Silva Julián.
Pero Figueroa respondió que, debido al contexto internacional, el gobierno dio prioridad al "bienestar de la mayoría con el subsidio del petróleo" para que no se sienta con fuerza el aumento de los precios de los alimentos antes que concretar las demandas sectoriales.
Asimismo, dijo, que se envió al Ministerio de Economía una propuesta técnica para que se viabilice el pago de los incrementos laborales prometidos.
El analista Carlos Reyna señaló a IPS que uno de los mayores obstáculos para que el gobierno cumpla con las organizaciones sociales es el régimen económico neoliberal que pretende mantener y el centralismo, porque no tiene voluntad de desconcentrar el poder.
Otras razones recaen sobre los hombros del presidente García. "Es una persona que resulta antipática ante los ojos de un sector de la población y responde con agresividad a los líderes sociales. Esto no ayuda al manejo de los conflictos", indicó. Precisamente, el gobierno difundió en los días previos a la protesta un spot publicitario en el que utiliza la versión de Vladimiro Montesinos, el ex asesor de inteligencia del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción, para desacreditar a los promotores del paro.
En el video se ve parte de la audiencia del proceso que se le sigue a Fujimori, en el que Montesinos asegura que el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) nunca realizó un paro de actividades en ese entonces.
Y en seguida, un locutor señala: "Ocultos con la dictadura, valientes con la democracia". El Sutep salió a negar esta afirmación informando que durante el gobierno de Fujimori realizó hasta seis huelgas y además condenó la posibilidad de que se hayan utilizado recursos del Estado para elaborar el spot.
Un canal de televisión local mostró una factura por la elaboración del video en el que la PCM figura como cliente. En respuesta, el primer ministro Jorge del Castillo indicó que eso fue una equivocación y que en realidad el gobernante Partido Aprista Peruano fue el que pagó por el anuncio.
Los argumentos del gobierno se convirtieron este miércoles en un boomerang mientras los conflictos sociales siguen creciendo. Según la gubernamental Defensoría del Pueblo, en junio se registraron 16 nuevos conflictos y seis casos se reactivaron, con lo cual la cifra se elevó a 86.
Pero, además, la CGTP anunció que para el 4 de noviembre conformará la Asamblea Nacional de los Pueblos para ampliar las bases sociales y lograr una oposición más sólida.
