Un grupo de mexicanos condenados a la pena capital en Estados Unidos ganaron una nueva batalla legal contra ese castigo, pero podría no ser suficiente para salir del pabellón de la muerte.
La Corte Internacional de Justicia, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, ordenó este miércoles a Estados Unidos frenar la ejecución de cinco reos en el sureño estado de Texas hasta que sus casos sean revisados.
Estados Unidos debe adoptar "todas las medidas necesarias para asegurar" la no aplicación de la pena, dijo la presidenta de la Corte, Rosalyn Higgins al presentar el fallo ante la apelación presentada por México.
El dictamen de la CIJ —por siete votos a favor y cuatro en contra—, se presenta tres semanas antes de la fecha prevista para la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín, el 5 de agosto en Texas.
Medellín fue sentenciado por el asesinato de dos adolescentes, cometido en Houston, Texas, en 1993.
[related_articles]
"Estados Unidos deberá informar a la Corte de las medidas tomadas para aplicar esta orden", declaró Higgins.
En respuesta al dictamen, la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de México expresó su esperanza de que el gobierno estadounidense acate el veredicto.
"La Secretaría de Relaciones Exteriores hace votos por el debido cumplimiento de las medidas provisionales teniendo en cuenta su naturaleza jurídica vinculante", dijo la cancillería en un comunicado.
La representación mexicana había pedido a la Corte "medidas provisionales" urgentes por la cercanía de la fecha de ejecución de Medellín.
En las audiencias celebradas en junio, México argumentó que Estados Unidos desafía una orden de la Corte de 2004 de examinar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte por tribunales estadounidenses.
En 2004, el tribunal de La Haya había exhortado a Estados Unidos, en el llamado "Caso Avena y otros", que revisara y reconsiderara la condena a muerte, puesto que los sentenciados no habían recibido asistencia consular durante los juicios, lo que constituye una violación a la Convención sobre Relaciones Consulares de 1963.
Esa Convención establece que los ciudadanos extranjeros tienen derecho a contactar a sus respectivos consulados si son detenidos.
La cancillería mexicana indicó que la solicitud de medidas provisionales estuvo acompañada por otra, que pedía un pronunciamiento del tribunal sobre "el sentido y alcance" del "Caso Avena", que el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas procederá a evaluar.
Pero el dictamen de este miércoles podría ser sólo papel mojado para Washington, que ha insistido en que la Corte de La Haya carece de jurisdicción sobre el asunto.
"Estados Unidos deberá reflexionar sobre la utilización del recurso de la pena de muerte en un mundo crecientemente abolicionista, y decidir finalmente terminar con el uso de este cruel, brutal y anacrónico castigo", dijo la oficina en México de la organización humanitaria Amnistía Internacional.
El proceso de interpretación solicitado por México podría extenderse al menos por un año, aunque los casos que se ventilan en la Corte pueden tomar hasta cinco años, según analistas.
En el transcurso de esta década, al menos seis mexicanos fueron ejecutados en Estados Unidos, a pesar de las recomendaciones de activistas y de las gestiones llevadas a cabo por su gobierno.
Unos 20 ciudadanos extranjeros, a quienes fueron negados sus derechos consulares luego de su detención, fueron sometidos a la pena de muerte en Estados Unidos desde 1988.
