EUROPA: Libertad, igualdad y fraternidad, pero sólo de palabra

Serge Fosso ubicaba su equipaje de mano en el compartimiento sobre su asiento en el avión que lo llevaría de Bruselas a Douala cuando escuchó los gritos de otro pasajero. Entonces supo que el vuelo era usado para la deportación forzosa de un inmigrante de Camerún.

Decidió que no podía "permanecer indiferente ante ese pedido de auxilio". Fue uno de los tantos pasajeros que dejaron registrada su preocupación ante lo que estaba ocurriendo.

Logró filmar a un grupo de policías que rodeaban al inmigrante, antes de escuchar que uno de ellos decía "arréstenlo también a él".

Fosso fue esposado, "escoltado" de vuelta al edificio del aeropuerto y llevado a una celda, donde lo mantuvieron 11 horas sin agua, comida ni la posibilidad de hacer un llamado telefónico.

Más tarde, Fosso supo por un periodista belga que la deportación, que debía haberse realizado el 26 de abril, no se ajustó a lo planeado. Tras la conmoción en el avión, el inmigrante de 32 años, Ebinezer Folefack Sontsa, quien fue llevado a un centro de detención, conocido como Merksplas, se ahorcó con una sábana.
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Otra pasajera de ese vuelo, la francesa Hermine Rigaux, que vive en Bélgica, declaró en Bruselas el 8 de julio que también protestó cuando observó que Sontsa, ubicado a cuatro filas de donde ella estaba sentada en el avión, sufría un fuerte cuadro de estrés.

Un policía le dijo que simplemente estaba "actuando". También le comentó que le habían entregado 400 dólares, para que pudiera manejarse al llegar a Camerún.

"¿Me está tomando el pelo?", le respondió al policía. "Entiendo que la inmigración ilegal puede causar dificultades en Europa, pero deben ayudarlos a regresar con un plan adecuado, no con apenas 400 dólares."

Rigaux se alejó del oficial para volver al lugar en el que estaba su esposo cuando fue arrojada al piso con un empujón. "Le dije al policía que me dejara tranquila. 'No, no voy a hacerlo, soy la ley', me respondió con su mano en mi garganta y ejerciendo presión", relató.

"Fui policía. En mis años de servicio jamás presencié actos de este tipo. No tienen justificación", agregó.

Estos pasajeros decidieron iniciar acciones legales. Fosso, en particular, asegura que no existían razones para arrestarlo. También lo indigna que la aerolínea, SN Brussels, le haya prohibido usar sus servicios por seis meses.

La empresa rechazó la invitación de organizaciones de derechos humanos para que expliquen por qué adoptó esa actitud contra una persona cuyo acto "subversivo" consistió en ejercer su derecho a la libertad de expresión.

El suicidio de Sontsa no fue el primer caso de un procedimiento de deportación en Bélgica en que la mano dura tiene consecuencias fatales.

En 1998, una nigeriana, Semira Adamu, murió asfixiada. La policía trató de sofocar sus gritos con una almohada. Tenía 20 años y era el sexto intento de deportarla.

Según estimaciones oficiales de la Unión Europea (UE) viven en el territorio del bloque ocho millones de extranjeros sin permiso para hacerlo. Se las describe rutinariamente como inmigrantes ilegales, pero pocas han sido condenadas por un delito o falta grave.

Durante el primer semestre de 2007, más de 200.000 inmigrantes fueron arrestados en la UE y alrededor de 90.000 deportados.

Las expulsiones se volverán probablemente más habituales, gracias a un "pacto de asilo e inmigración" aprobado por los gobiernos del bloque regional el 7 de julio.

En ese acuerdo, los 27 países se comprometen a emprender acciones conjuntas, como la organización de vuelos alquilados a cargo de varios Estados europeos, para "asegurar la remoción de los extranjeros en situación irregular".

También establece que la UE debe establecer "acuerdos de readmisión" con los países de donde proceden los mayores contingentes de inmigrantes. Según la propuesta, se les exigirá aceptar nuevamente a los ciudadanos que sean conminados a abandonar territorio europeo.

El ministro de Inmigración francés Brice Hortefeux, uno de los principales negociadores del pacto, lo caracterizó como "equilibrado y justo".

Pero la eurodiputada de izquierda alemana Gabriele Zimmer acusó a Francia, que actualmente ejerce la presidencia semestral rotativa de la UE, de promover "políticas racistas".

"Lo que están haciendo es despejar el camino para deportar inmigrantes tan rápido como puedan. Después de eso estarán en condiciones de elegir a los más aptos para ser usados como capital humano en los mercados europeos", enfatizó.

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