La justicia de Perú abrió proceso contra miembros del gobernante partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) por crear el grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco, que asesinó a cinco personas durante el primer gobierno del actual mandatario Alan García (1985-1990).
El APRA no reconoce la existencia del grupo ilegal bautizado con el nombre y apellido de un respetado dirigente aprista, Rodrigo Franco Montes, asesinado por una célula de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso el 27 de agosto de 1987.
Pero el fiscal Julio César Cordero acreditó la existencia y funcionamiento del Comando Rodrigo Franco (CRF), al que se imputan al menos cinco asesinatos de presuntos guerrilleros, aparentemente cometidos en represalia por crímenes de insurgentes perpetrados en aquellos años contra dirigentes y funcionarios del partido de gobierno.
Tras evaluar la investigación fiscal, el juez Teófilo Salvador concluyó que existen contundentes evidencias sobre la organización y las actividades ilegales del CRF. La apertura de la instrucción fue el 28 de mayo.
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Salvador acusó como autor mediato de cinco asesinatos a Agustín Mantilla, quien fue secretario personal del presidente García, responsable de organización del APRA, viceministro y ministro del Interior y jefe de campaña presidencial del partido en 2000.
La acusación también se dirige a otros siete apristas, a un ex policía y a un ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
De acuerdo al informe del fiscal Cordero y al auto de procesamiento dictado por Salvador, a los que tuvo acceso IPS, no hay ninguna duda de que el CRF fue constituido por Mantilla, quien aprovechó su posición como viceministro y ministro del Interior para organizar el comando destinado a la eliminación de presuntos miembros de Sendero y del también insurgente Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Se atribuyen al CRF el asesinato del abogado Manuel Febres, en 1988, defensor de Osmán Morote, fundador y dirigente de Sendero, el de Saúl Cantoral, en 1989, dirigente sindical minero que conducía una huelga nacional, y el de su pareja, Consuelo García, que trabajaba con las esposas de los trabajadores mineros.
El procesamiento también incluye el secuestro y la eliminación de Miguel Pasache y de Javier Porta, en 1989. Estos dos militantes del MRTA negociaban el rescate monetario de un general de la Fuerza Aérea, secuestrado por esa guerrilla.
De acuerdo con el juez y el fiscal, para ejecutar estas operaciones criminales, Mantilla reclutó a un grupo de apristas de extrema confianza, y los vinculó con oficiales de la policía y del ejército, con los que se consumaron los asesinatos.
Los apristas se reunían con Mantilla en una residencia del distrito de San Isidro que había sido usada como sede de la campaña presidencial de García, en 1985. Testimonios de ex miembros del CRF ratifican esta versión.
La independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación, establecida con el fin de ayudar a esclarecer crímenes de derechos humanos cometidos en la guerra contra la insurgencia (1980-2000), recomendó en su informe final de 2003 la investigación y sanción de los responsables del CRF, cuyas actividades continuaban impunes pese a numerosas evidencias de la identidad de sus responsables.
También en 2003, una comisión investigadora del Congreso legislativo, que presidió el legislador Ernesto Herrera, concluyó que el CRF estaba íntimamente vinculado al APRA y recogió testimonios de ex integrantes y ex policías sobre los asesinatos.
Pero hasta hoy dirigentes del APRA niegan o dudan de que el Comando Rodrigo Franco haya existido.
"Nunca conocí al CRF, tampoco presumí su existencia", dijo la legisladora Mercedes Cabanillas, ex candidata presidencial aprista y ex ministra. "Yo no he conocido ni sé nada de ese comando aniquilador supuestamente integrado por apristas. Y no voy a decir nada más del tema".
En el auto de procesamiento, el juez Salvador afirma que el CRF era "una organización vertical, rígida, disciplinada y clandestina ( ), existiendo indicios suficientes de la existencia de una fuerte estructura jerárquica a disposición de Agustín Mantilla Campos ( ), conformada por un grupo de jóvenes de filiación o simpatizantes apristas".
Según el magistrado, "Mantilla, al encontrarse ejerciendo el cargo público de viceministro del Interior le permitió tener acceso al manejo de recursos económicos así como información privilegiada de inteligencia, ( ), además de la asignación de sueldos, armas, vehículos y demás material que le permitían realizar sus actividades".
El jefe operativo del CRF era Miguel Ríos, hombre de confianza de Mantilla, quien administraba la residencia de San Isidro donde se hospedaban los integrantes del comando y se reunían con el entonces funcionario del gobierno.
Salvador acreditó también que los miembros del CRF recibían "remuneración con sueldos de entidades públicas", bajo la forma de asesorías.
Los asesinatos de Febres y de Pasache y Porta fueron reivindicados por el propio CRF.
Los crímenes de Cantoral y de García fueron atribuidos por la policía a Sendero, pese a que éste lo desmintió. Mientras conducía una huelga de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Cantoral fue secuestrado ocho horas por integrantes del CRF y amenazado de muerte, afirma la investigación judicial.
"El Poder Judicial y la fiscalía no dicen que sí existió el Comando Rodrigo Franco y que Agustín Mantilla fue la cabeza de esa organización", alegó a IPS el legislador aprista Javier Velásquez.
"El hecho de que se abra una investigación no significa que ya se juzgó a Mantilla. Se ha iniciado una investigación y hay que dejar que concluya. El resultado dirá si hubo o no Comando Rodrigo Franco y si cometió los asesinatos", afirmó.
Velásquez se negó en 2003 a firmar el informe de la comisión investigadora parlamentaria sobre las actividades del CRF.
"El informe recoge suficientes elementos sobre la actuación del CRF", dijo a IPS el ex presidente de esa comisión, Ernesto Herrera.
"Escuchamos los testimonios de personas muy serias, algunas de ellas policías, que hablaron de su participación en ese comando y del asesinato, por ejemplo, del dirigente minero Saúl Cantoral. Ojalá el Poder Judicial esclarezca este caso y permita conocer a los peruanos la verdad sobre ese siniestro personaje del APRA que es Agustín Mantilla", agregó.
El 27 de febrero de 2001, las autoridades difundieron un vídeo grabado en marzo del año anterior por el entonces asesor del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), Vladimiro Montesinos, donde se observa a éste entregando a Mantilla 30.000 dólares para la campaña presidencial del APRA.
Tanto Montesinos como Fujimori están presos y sometidos a juicio por delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.
El APRA expulsó a Mantilla, aunque es notorio que mantiene vínculos con el partido.
Uno de los acusados, el ex agente de inteligencia militar Juan Pampa, suministró al CRF información sobre las actividades de quien sería una de sus víctimas, el abogado Febres.
Pampa estaba entonces infiltrado en la Asociación de Abogados Democráticos, un colectivo de defensores de guerrilleros senderistas, y más tarde formaría parte del grupo Colina, un cuerpo militar ilegal dedicado a actividades como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, ya bajo el régimen de Fujimori.
Pampa es así un vínculo entre el CRF y Colina. Los miembros de este último ya fueron sentenciados.
