El sector empresarial de Perú presiona al gobierno para que no promulgue una ley que establece plenos derechos laborales para unos 400.000 trabajadores subcontratados.
Los empresarios "han arremetido contra molinos de viento… Han salido directamente a atacar sin haber leído la ley", dijo el martes el ministro de Trabajo, Mario Pasco, en respuesta a la amenaza de los gremios empresariales de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por el Congreso legislativo el 28 de mayo.
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Eduardo Farah, ha señalado que el espíritu de la norma responde al régimen militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que retrasó 20 años la llegada de capitales internacionales al país.
La Cámara de Comercio de Lima remitió una carta al presidente Alan García, solicitándole observar el texto. "El incumplimiento laboral de algunas empresas, cuyos sectores son conocidos por la autoridad de trabajo, no se soluciona con normas rígidas y obsoletas que se pretende imponer a todo el empresariado", dice el documento.
La ley obliga a empresas que han creado compañías ficticias para tercerizar actividades productivas o servicios —con el fin de evadir costos y compromisos laborales—, a incorporar a sus plantillas a todos los trabajadores subcontratados por esa vía.
[related_articles]
El primer ministro Jorge del Castillo se manifestó a favor de la ley porque hay empresarios "mercantilistas y tramposos" que esquivan el cumplimiento de los derechos de sus trabajadores.
La norma no sólo exige la suspensión de estas empresas de fachada, sino que hace a la firma principal solidariamente responsable del pago de derechos y beneficios laborales hasta un año después de la extinción de los contratos de los trabajadores con la empresa contratista.
Además, se endurecen las condiciones para constituir empresas que brindan servicios a terceros —conocidas también como tercerizadoras— ya que no podrán tener un solo cliente y deberán estar formalmente establecidas y facturar por producción.
Por primera vez, además, se dispone la elaboración de un registro de empresas contratistas para que el Ministerio de Trabajo desempeñe una labor de fiscalización.
IPS solicitó a las autoridades la lista de empresas sancionadas por desnaturalizar el servicio de subcontratación y obtuvo como respuesta que esa información no está sistematizada.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que encabeza la iniciativa por la inconstitucionalidad, cree que las nuevas exigencias generarán desempleo.
Mientras, la Confederación General de Trabajadores del Perú asegura que unos 400.000 trabajadores deberían beneficiarse con la norma: 200.000 en la construcción, 85.000 en la minería, 6.000 en el rubro textil, y el resto repartidos en diferentes actividades productivas.
"Estamos muy preocupados por la fuerza y el poder que tienen los empresarios. Esperamos que el gobierno no se deje intimidar. Lo que estamos pidiendo es algo mínimo, el respeto de nuestros derechos elementales", dijo a IPS el vicepresidente de la Federación de Trabajadores Mineros del Perú, Julio Ortiz.
Si bien la norma es un paso adelante, se han dejado sueltos algunos aspectos como prohibir la subcontratación de actividades principales en el proceso de producción, por ejemplo, la extracción de los minerales, agregó Ortiz.
El sindicato espera reunirse esta semana con representantes del gobierno y del Congreso en busca de que reafirmen su voluntad de promulgar la ley.
De lo contrario, anuncian una huelga nacional que se iniciaría el 16 de este mes. Además, los trabajadores mineros exigen la aprobación de la ley de reparto de las utilidades mineras y la de jubilación.
El abogado laboralista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Javier Neves, opinó que la ley de tercerización es una respuesta importante a un reclamo de los trabajadores por irregularidades que el gobierno no podía seguir ocultando.
"El gobierno hace enormes concesiones al sector empresarial, y éste es sólo un incidente en la relación con este grupo de poder, porque existen casos clamorosos de vulneración de derechos ante los que no se puede seguir indiferente", dijo Neves a IPS.
La posición del gobierno frente a la ley responde también, según Neves, a que no puede continuar ignorando el momento de oro que viven las industrias extractivas por el enorme incremento de los precios internacionales de los minerales y del petróleo, que les dejado millonarias ganancias.
La empresa minera Cerro Verde, que opera en la región sureña de Arequipa, incrementó sus utilidades netas de 103,1 millones de dólares en 2004 a 930 millones de dólares en 2007, según la Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores.
La transnacional Barrick Gold pasó de recibir 195,8 millones de dólares anuales a 505,8 millones en el mismo período, mientras que la peruana Volcán vio crecer sus utilidades netas de 24,4 millones de dólares en 2004 a 449,6 millones en 2007.
Pero el laboralista Jorge Toyama consideró que el grado de exigencia para habilitar a las empresas tercerizadoras es demasiado alto y "principalmente beneficiará a las trasnacionales".
"Nadie está en desacuerdo con el principio de proteger los derechos de los trabajadores", pero es muy alta "la valla que se coloca a las empresas, porque ahora ninguna compañía pequeña podrá brindar servicio y esto generará desempleo", dijo Toyama a IPS.
Puesto que se atenta contra la libertad de empresa, el bloque empresarial agrupado en la Confiep tiene posibilidades de que su demanda de inconstitucionalidad sea admitida, opinó.
Mientras, la Comisión de Economía del Congreso debatirá este miércoles el proyecto sobre reparto de utilidades mineras, luego de que el pleno legislativo lo rechazó porque extendía el beneficio no sólo a los trabajadores de las empresas mineras, sino también a los de firmas contratistas y subcontratistas.
El gobernante y socialdemócrata Partido Aprista Peruano, votó a favor de los proyectos de tercerización y de utilidades. Pero el opositor e izquierdista Partido Nacionalista Peruano (PNP), no apoyó en bloque esas propuestas, a pesar de que en los últimos meses ha expresado su respaldo a los reclamos de los trabajadores.
Un sector del PNP rechaza la ley de tercerización, pues considera ilegal el mecanismo de subcontratación, y no está de acuerdo con el reparto de utilidades mineras a los trabajadores a cambio de que las regiones pierdan una porción de esos recursos.
Los trabajadores ya perciben ocho por ciento de las utilidades que generan las empresas mineras, pero hasta completar un tope de 18 sueldos. El excedente de ese porcentaje va a un fondo destinado a gastos sociales para las regiones.
Los obreros exigen que se elimine el tope de 18 salarios y que se les reparta todo el monto correspondiente al ocho por ciento, porque los gobiernos regionales ya reciben recursos del sector, a través del canon minero.
