SAHARA OCCIDENTAL: Liderazgo español clave para la independencia

El gobierno de España debe encabezar la búsqueda de solución al problema de su ex colonia, el Sahara Occidental, e incluso impulsar que se concrete la independencia de ese territorio, dijo este martes a IPS Bucharaya Hamudi, representante del Frente Polisario en este país.

Los diputados Juan Moscoso, del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Francesc Ricomá, del opositor y centroderechista Partido Popular, señalaron a IPS que también esperan una próxima mesa de negociación para que delegados del Frente Polisario y del gobierno de Marruecos puedan acordar un futuro mejor para el pueblo saharaui, que vive en una situación insostenible e injusta.

El Sahara Occidental está ubicado en la costa oeste de África, sobre el océano Atlántico, limitando con Marruecos. Ese territorio fue colonia española desde 1885, aunque su posesión la oficializó sólo en 1934.

El 14 de noviembre de 1975, apenas 10 días antes de la muerte del dictador Francisco Franco, España, Marruecos y Mauritania firmaron una declaración por la cual Madrid transfirió sus competencias de potencia administradora constituyendo una administración temporal tripartita, a cargo de esos tres países.

Para ese entonces ya estaba activo el Frente Popular, como se le llama habitualmente al Frente Polisario de Liberación de Saguia al Hamra y Río de Oro, constituido el 10 de mayo de 1973 y que 10 días después inició su accionar guerrillero contra las tropas españolas, reclamando la independencia.

Retiradas las fuerzas militares de España en 1975, Marruecos ocupó la parte del Sahara Occidental que reclamaba Mauritania y el Frente Polisario una franja limítrofe con Argelia, país que desde entonces apoya su accionar.

Marruecos, con el apoyo de Estados Unidos, insiste en reclamar la soberanía sobre todo el Sahara Occidental, que tiene una extensión de 270.000 kilómetros cuadrados y es considerado el territorio con mayor riqueza natural del norte de África, por tener una de las costas pesqueras más ricas del mundo y reservas de fosfato, que se calculan en 10.000 millones de toneladas.

Tras ser proclamada por el Frente Polisario en 1976, la República Arabe Saharaui Democrática (RASD) fue reconocida como estado por 85 países, en gran parte africanos y latinoamericanos y se aceptó su integración en la Organización de la Unidad Africana (OUA). La capital, que se mantiene, fue establecida en Tinduf, bajo la protección de Argelia.

Marruecos terminó en 1990 de levantar un muro para separar la parte que controla del Sahara de la que gobierna el Frente Polisario.

En 1991 se acordó un alto al fuego y la constitución de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental, encargada de velar por el cese de hostilidades y de preparar una consulta ciudadana sobre la autodeterminación, instancia que no se ha convocado todavía por falta de acuerdo con Marruecos.

Al preguntarle a Moscoso si las negociaciones deberían concluir aceptando la independencia que reclama el Frente Polisario, respondió que "deben resolverlo las partes dialogando, hablando, algo que hace cuatro años era imposible y que ahora puede serlo, basándose en la resolución de (la Organización de) las Naciones Unidas (ONU)".

El diputado oficialista recordó que la ONU planteó dos cuestiones, en las que considera que hay que buscar equilibrio. La primera es tener en cuenta el derecho a la autodeterminación y la segunda "que la solución tiene que ser pactada entre las partes, o sea entre el gobierno de Marruecos y la dirección del Frente Polisario".

Moscoso y Ricomá integran el Grupo Interparlamentario para el Sahara, constituido el lunes e integrado por representantes de todos los partidos políticos españoles, cuyo objetivo es "mantener el apoyo al pueblo saharaui e impulsar su causa en todos los ámbitos políticos y de cooperación".

El objetivo que se impusieron es "conseguir que cese una situación insostenible tanto por su larguísima duración como por ser contraria a los derechos humanos, y siempre en base a la orientación inspirada en las resoluciones dictadas por las Naciones Unidas".

Ricomá señaló a IPS que hay que buscar una solución compartida y basada en la resolución de la ONU, pero también destacó la responsabilidad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que "es prioritario que España se convierta en líder para promover una solución, apoyando iniciativas no solo del Parlamento sino también de la sociedad civil".

La constitución de ese grupo, que ya los hubo en las legislaturas anteriores, añadió, "es una muestra de que es posible el consenso, de que hay un apoyo unánime, para instar al gobierno para que se mantenga abierto al proceso negociador reconociendo el derecho a la autodeterminación" (del pueblo saharaui).

A ese respecto, Moscoso subrayó que se debe convocar el referéndum (a lo que Marruecos pone trabas constantemente), para que sea el pueblo saharaui quien resuelva sobre su futuro.

Bucharaya Hamudi, por su parte, subrayó que el Comité Intergrupo no es el primero que se constituye, pero "de lo que se trata ahora es que tenga fuerza para presionar al gobierno para que España lidere la búsqueda de la solución, asumiendo su responsabilidad histórica".

Para ello, adicionó, "deben trabajar para que concluya el proceso de descolonización, ya que España sigue siendo responsable histórica, jurídica y políticamente".

"En la ONU no hay ningún documento que acredite que Marruecos tiene la soberanía, sino que la potencia administrativa sigue siendo España y debe hacerse responsable de ello".

El Frente Polisario, puntualizó, reclama que se realice el referéndum "para que el pueblo se puede pronunciar. ¿Por qué temer al voto y la democracia?". La descolonización del Sahara, prosiguió, es un tema que entra en la responsabilidad de la ONU a la que pedimos que sean protegidos los derechos humanos de los saharauis en los territorios ocupados".

Marruecos plantea que el Sahara sea una región autónoma dentro de ese país, a lo que se opone el Frente Polisario, que reclama una independencia total. Ese es el principal tema que se tendrá que resolver en la mesa de negociación.

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