La llamada Iniciativa Mérida, con la que Estados Unidos apoyaría la lucha contra el narcotráfico en México y en menor medida en América Central, va camino al fracaso. La proclama inicial, de que sería un inédito instrumento de cooperación, derivó en reclamos y acusaciones de pretender violar soberanías.
El gobierno de México, políticos y analistas consideraron inaceptables las condiciones que legisladores de Estados Unidos interpusieron para poner en marcha la iniciativa, entre las que incluyeron un seguimiento del desempeño militar y policial del país beneficiario, así como de sus problemas de corrupción y de respeto a los derechos humanos.
"En el contexto actual, la iniciativa parece estar condenada al fracaso", dijo a IPS el polítólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Daniel Blanco.
Frente a las dificultades para mover la ayuda estadounidense y en medio de altos niveles de violencia generado en el combate contra el narcotráfico en México, el presidente Felipe Calderón señaló que este país está poniendo los muertos en esa lucha, mientras el vecino pone los adictos y su alta demanda de drogas, la más elevada del mundo.
Entre diciembre de 2006, cuando inició la gestión de Calderón, y mayo, 4.200 personas fueron asesinadas en México en hechos relacionados al narcotráfico.
El gobierno mantiene a unos 25.000 militares y policiales federales en una ofensiva inédita contra los comerciantes de drogas, pero no hay señales o parámetros que indiquen si la batalla está o no siendo ganada por las fuerzas de seguridad.
El embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, reconoció los esfuerzos del gobierno, pero respondió a Calderón indicando que este país también consume drogas.
Estados Unidos es uno de los líderes mundiales en la producción de las llamadas drogas sintéticas y también de marihuana. Hay en ese país unos 14 millones de consumidores de estupefacientes, entre ellos cinco millones de adictos. En México, los usuarios de las drogas, fuera del alcohol y el tabaco, se calculan en un millón.
Unas 2.000 armas en promedio y miles de municiones entran a México de forma ilegal cada día, 90 por ciento de ellas desde Estados Unidos, según cifras oficiales. Los compradores son en su mayoría los cada vez más avezados narcotraficantes locales.
La Iniciativa Mérida, nombre de la sudoriental ciudad mexicana donde en marzo de 2007 Calderón y su par de Estados Unidos, George W. Bush, acordaron el plan, definía originalmente la entrega a México de unos 1.400 millones de dólares en ayuda antidrogas por tres años, 500 millones de los cuales se entregarían en 2008 para programas de capacitación, armamento y diversos equipos.
Además, incluía la entrega de 50 millones a los países centroamericanos.
Pero durante el proceso de aprobación en las cámaras legislativas estadounidenses, en mayo, la oferta de dinero para México bajó a 350 millones de dólares y no hubo ningún compromiso sobre el resto del dinero. Aún falta que concluya el proceso legislativo y que Bush lo acepte o vete. Sin embargo, México ya lo rechazó.
El secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Juan Camilo Mouriño, señaló que, si el plan Mérida incluyera esquemas de verificación de metas, éstos deberían se acordados entre las partes en un genuino espíritu de cooperación para enfrentar un problema común.
"La incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio, en el desarrollo de la iniciativa, de los recursos comprometidos resultaría, al mismo tiempo, profundamente contraria a su objetivo y espíritu y contraproducente. Sería por ello inaceptable", declaró.
El académico del Colegio de México y activista social Sergio Aguayo opinó que los legisladores estadounidenses introdujeron condiciones que buscan, usando el "pretexto de los derechos humanos", la forma de intervenir en las fuerzas de seguridad locales.
Mientras, el politólogo Leonardo Curcio, consideró que las condicionantes dan cuenta de que Washington ve a México "con desprecio y como un patio trasero", con el que es imposible moverse en un plano de cooperación de igual a igual.
Varios legisladores locales también cuestionaron la imposición de evaluaciones y seguimientos unilaterales, pues consideran que eso sería contrario a la soberanía de México.
El politólogo Blanco sostuvo que México y Estados Unidos están de "forma irremediable" vinculados a la lucha contra el narcotráfico, por lo que la cooperación es indispensable. "Medidas unilaterales favorecen a las mafias, nada más", añadió.
Un grupo de 20 organizaciones civiles de México señalaron que apoyan la idea de que en el país la lucha contra el narcotráfico debe incluir un seguimiento sobre el respecto a los derechos humanos. Desde su perspectiva tendría que ser realizado de forma independiente y con representación ciudadana.
"Comprendemos la gravedad que significa la violencia que en los últimos meses se ha desatado con motivo de la lucha que el gobierno ha emprendido contra el narcotráfico, sin embargo amplios sectores de la sociedad han cuestionado las políticas actuales debido al preocupante número de violaciones a los derechos humanos", señalaron en una carta la sección mexicana de Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otros.
Aguayo, quien además es columnista del diario Reforma, indicó que está plenamente de acuerdo con la vigilancia en derechos humanos, pero argumentó que en el contexto de la Iniciativa Mérida los legisladores usan ese tema con un afán intervensionista.
Federico Reyes, líder de Transparencia Internacional en México, también criticó a los legisladores, pues a su entender parten de la idea de que todo el problema del narcotráfico se origina en su vecino del sur.
Este observador preguntó cuándo Estados Unidos exhibirá a los jefes de las drogas que actúan en ese país y explicará cómo ingresan grandes cantidades de sustancias ilícitas a pesar de los supuestos estrictos controles que aplica. No estaría mal que México exija también un seguimiento y control de la actuación policial y de políticas estadounidenses, señaló.
La Iniciativa Mérida, cuyo texto inicial y los subsecuentes definidos por legisladores estadounidense no se conocen públicamente, prometía inaugurar un nuevo esquema de cooperación donde los viejos reclamos y las medidas unilaterales quedarían atrás. Empero, ahora parece naufragar.
Estados Unidos entrega en la actualidad unos 40 millones de dólares anuales a México para combatir el narcotráfico. Ni en el esquema vigente ni en el que plantea la iniciativa en ciernes se permite la participación de militares o policías estadounidenses en territorios del país vecino.
Aunque la Iniciativa Mérida fue presentada como un plan integral de cooperación contra las drogas, nada dice sobre reducir el consumo o en invertir en educación y salud como formas más efectivas y de largo aliento para abatir el problema. Por el contrario, el plan apunta exclusivamente a un enfoque punitivo.
"Algunos en México han dicho que condicionar cualquier dinero del contribuyente estadounidense al respeto del imperio de la ley es una "violación de la soberanía", "subyugación", o "injerencia". No estoy, en absoluto, de acuerdo", escribió Patrick Leahy, presidente del subcomité de Gastos para operaciones en el Exterior del Senado de Estados Unidos.
Desde su punto de vista "sería irresponsable proporcionar millones de dólares a agentes de policía o militares en México o en cualquier otro país cuyo sistema de justicia tenga graves defectos y rara vez castigue las faltas de sus funcionarios".
