Miles de estudiantes secundarios y universitarios marcharon junto a profesores este miércoles en todo Chile para protestar contra el polémico proyecto de Ley General de Educación (LGE) que se discute en el parlamento y que nació tras el histórico paro escolar de 2006.
En la capital, entre 3.000 y 6.000 estudiantes y profesores participaron en dos marchas autorizadas, que finalizaron en choques con efectivos de carabineros (policía militarizada), un docente herido en un ojo y una decena de detenidos. En las regiones, la convocatoria también fue masiva.
Tanto la Central Unitaria de Trabajadores como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales brindaron su apoyo a las movilizaciones sostenidas bajo lluvia y frío.
Desde hace varias semanas, se repiten decenas de tomas y paros indefinidos en colegios y universidades, con el objetivo de frenar la tramitación de la LGE, que el martes fue aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en su primer trámite legislativo.
El gobierno le quitó el martes al proyecto la condición de suma urgencia, que obliga a su discusión inmediata, y le agregó dos indicaciones, una que define educación pública y otra que aumenta las exigencias a los sostenedores (dueños de colegios privados con subvención estatal). Esto no fue suficiente para estudiantes y profesores.
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La historia de la LGE es larga. En mayo y junio de 2006, miles de estudiantes secundarios protagonizaron una histórica movilización exigiendo cambios en varios planos del sistema educativo.
Una de las principales banderas de lucha de esos alumnos fue la derogación de la controvertida Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), promulgada por el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) un día antes de dejar el poder.
La LOCE impuso la descentralización y privatización del sistema educacional chileno, puesto que traspasó la administración de establecimientos públicos desde el Ministerio de Educación hacia los 345 municipios del país y permitió la creación de colegios particulares con subvención estatal.
Los gobiernos de la centroizquierdista Concertación, que llevan 18 años en el poder, lejos de acabar con este modelo lo profundizaron al autorizar, por ejemplo, que las escuelas particulares subvencionadas cobren una mensualidad a las familias por la educación de sus hijos. Esto se conoce como "financiamiento compartido".
Pese a la gran inversión educativa hecha desde 1990, los resultados de los estudiantes chilenos en distintas pruebas de conocimiento y habilidades distan de ser óptimos, con grandes diferencias entre colegios municipales, privados subvencionados y privados pagados.
Por ello, todos los sectores políticos y sociales del país reconocen que el sistema educativo atraviesa una crisis que es necesario solucionar.
Para aplacar el paro estudiantil de 2006, la presidenta Michelle Bachelet formó una numerosa y heterogénea comisión asesora que tenía como misión proponer alternativas de reforma, algunas de las cuales se incluyeron en el proyecto de la LGE, que ingresó al parlamento en abril de 2007.
No obstante, la oposición derechista y parte de la coalición de gobierno anticiparon que no aprobarían aspectos medulares de la iniciativa redactada por el gobierno, como el fin del lucro y de la selección de alumnos en colegios financiados por el Estado.
Aquel proyecto establecía que "por ningún caso" se podía considerar la situación económica o social del postulante, su origen étnico y rendimiento escolar pasado o potencial, así como el estado civil, escolaridad o religión de los padres a la hora de decidir su ingreso a la escuela.
La gobernante Concertación está conformada por los partidos Socialista (PS), Demócrata Cristiano (DC), Por la Democracia (PPD) y Radical Socialdemócrata (PRSD), mientras que la derechista Alianza por Chile está compuesta por la liberal Renovación Nacional (RN) y la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
Para salvar el proyecto, el Ministerio de Educación decidió crear una nueva comisión con expertos de los dos principales conglomerados políticos para consensuar posiciones.
El 13 de noviembre de 2007, en una aparatosa ceremonia en el Palacio de la Moneda, representantes del gobierno, de la Concertación y de la Alianza por Chile firmaron un acuerdo sobre los cambios a introducir en la iniciativa de la LGE.
La nueva LGE valida, por ejemplo, la existencia del lucro en la educación, pero con mayores regulaciones que las vigentes. También acepta la selección de alumnos por motivos académicos y socioeconómicos hasta sexto año básico.
Los primeros en desconocer el acuerdo fueron algunos legisladores oficialistas, que hasta el martes habían presentado más de 150 modificaciones al proyecto.
Algunos de ellos argumentaron que el escenario cambió luego de que la titular de Educación, Yasna Provoste, articuladora del acuerdo, fue destituida por el parlamento en abril a raíz de irregularidades detectadas en su cartera, ya que fue acusada constitucionalmente por diputados de derecha.
En tanto, estudiantes y profesores critican que este acuerdo fuera tejido "entre cuatro paredes" y que no significa una "reforma estructural" al sistema educativo, sino que mantiene la lógica mercantil en la educación.
Ellos exigen la "desmunicipalización" de la educación y que se reforme el sistema de financiamiento, puntos no considerados en la LGE.
Al haber diferencias en la propia Concertación, el gobierno optó por definir estas materias primero dentro del conglomerado oficialista y esperar hasta julio para presentar un proyecto sobre educación pública.
El martes, luego de quitarle el carácter de urgente al proyecto y promover las indicaciones referidas a la educación pública y los sostenedores, el gobierno logró que los parlamentarios oficialistas retiraran sus más de 150 cambios.
Pero la oposición derechista amenazó con rechazar el proyecto si el gobierno no cumple el acuerdo de noviembre de 2007.
A juicio del decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro, las manifestaciones de estudiantes y profesores no se justifican luego de los gestos hechos por el gobierno el martes, que permitirán que se desarrolle un debate en el Congreso legislativo.
García Huidobro ha seguido de cerca el conflicto, puesto que presidió la comisión asesora formada por Bachelet en junio de 2006.
El experto comentó a IPS que el proyecto de la LGE, pese a las reformas, es mejor que la actual LOCE, ya a su juicio "se aleja del dogmatismo del mercado" al crear organismos que regularán mejor el funcionamiento del sistema educacional, como la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad.
No obstante, García Huidobro admitió que en la LGE no se abordan problemas de fondo, como el financiamiento compartido y las condiciones que deben darse para la apertura de nuevos colegios.
