El gobierno de Kenia dice que la Operación Rudi Nyumbani, dedicada al regreso a sus hogares de los desplazados por la reciente ola de violencia política, está casi completa. Pero su precipitada implementación es cuestionada por la sociedad civil.
En el marco del programa —cuyo nombre significa "regreso a casa" en swahili—, la mayoría de los campamentos ya están cerrados, según el gobierno.
Los desplazados que continúan en esa condición serán reasentados, como máximo, en las próximas dos semanas, afirmaron portavoces oficiales.
Pero "sólo una pequeña parte regresó" a sus hogares, aseguró Prisca Kamungi, del no gubernamental Centro de Defensa y Políticas para los Desplazados, con sede en Nairobi.
Para colmo, "quienes retornaron no podrán reconstruir sus hogares o reanudar la vida normal, pues en su mayoría viven en campamentos improvisados cerca de sus establecimientos agrícolas y las comunidades locales siguen siendo hostiles", agregó.
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Aquellos que regresaron se han visto obligados a vivir en tiendas que les entregaron cuando abandonaron los campamentos, agregó. Es decir que se han formado, de hecho, nuevos campamentos de desplazados, aunque nos se los denomine así.
En la jerga oficial del gobierno, estos nuevos grupos de tiendas de campaña, ubicadas en áreas rurales lejos de la vista pública, son llamados Campamentos Satélite. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) los designa Campamentos de Tránsito.
En el momento de máxima violencia, el representante del secretario general de la ONU para los desplazados estimó que había entre 350.000 y 500.000 personas en esta situación.
En febrero de 2008, más de 300.000 habían sido registradas en 300 campamentos de todo el país. Pero estas estadísticas brindan apenas un panorama parcial, pues la ONU también calculó que una cantidad igual de desplazados vivían con amigos y familiares.
El gobierno determinó en mayo el retorno a sus hogares de los desplazados en campamentos en la occidental provincia del Valle del Rift y en Nairobi, tal como estaba previsto en el acuerdo nacional de paz alcanzado por la mediación del ex secretario general de la ONU Kofi Annan,.
La temporada de siembra comenzó en mayo y junio, y esa, entre otras razones, urgió a las autoridades a implementar el retorno, temerosas de que se perdiera la temporada.
El gobierno se negó a pagar compensaciones —fuente de resentimiento entre los desplazados que volvieron—, pero prometió otro tipo de asistencia, como semillas e implementos agrícolas.
Y aunque la demanda de compensaciones y dinero de asistencia ha agriado el vínculo del gobierno con grupos de desplazados, en algunas áreas como Sugoi, en Uasin Gishu, epicentro de los enfrentamientos en el Valle del Rift, las comunidades locales reclaman una amnistía.
Muchos miembros de esas comunidades fueron arrestados y acusados de participar en la violencia que siguió a las disputadas elecciones como un prerrequisito para ser reasentados.
Joyce Njeri, residente en un campamento en Eldoret desde hace dos meses, dijo que su familia estaba ansiosa por regresar a casa a pesar de la hostilidad de sus viejos vecinos y de las malas condiciones de vida.
"Pero apenas llegaron a Sugoi, los jóvenes del lugar los hicieron retroceder diciendo que no puede haber reasentamiento sin amnistía", relató.
La coalición nacional de gobierno encabezada por el presidente Mwai Kibaki tras la mediación de Annan sigue dividida al respecto. El ministro de Agricultura William Ruto y otros políticos del Movimiento Democrático Naranja hacen campaña por la amnistía, mientras el Partido de Unidad Nacional de Kibaki se opone.
La evaluación de la ONU de la Operación Rudi Nyumbani observa que "la mayoría de los agricultores con propiedades volvieron voluntariamente, y exceptuando unas pocas instancias muy publicitadas, a las que el gobierno respondió, los regresos no fueron coactivos por sí mismos".
Pero un informe difundido el 24 de junio por la Comisión Nacional de Kenia sobre Derechos Humanos señala que el plan del gobierno tuvo severas fallas porque "desobedeció" criterios "internacionalmente aceptados que rigen mundialmente los programas de reasentamiento".
La Comisión, organismo independiente creado por el parlamento en 2002, concluye que, a excepción de unas pocas áreas, "el ejercicio ha adoptado la forma de (un) movimiento desde campamentos más grandes a más pequeños en áreas cercanas o adyacentes a los establecimientos agrícolas de personas desplazadas".
Aunque el informe no defiende los reasentamientos forzados, la Comisión observa que en algunos casos los desplazados fueron "inducidos específicamente" por gobiernos provinciales a abandonar los campamentos y volver a casa.
Quienes volvieron no recibieron suficiente información sobre la situación que encontrarían al regresar.
Los observadores de la Comisión también culpan al gobierno de hacer aprobar el proceso de reasentamiento aunque "en casi todos los lugares visitados por el equipo no se realizó ninguna reunión de paz entre diferentes comunidades previo al ejercicio de reasentamiento".
El objetivo de la política del gobierno es limpiar la imagen de Kenia "empujando a los desplazados fuera del radar", dijo a IPS Kamungi, del Centro de Defensa y Políticas para los Desplazados. Considera que las estadísticas sobre retornos son exageradas.
El gobierno "quiere mostrarle al mundo que luego del acuerdo nacional de paz el país volvió a la 'normalidad'. El efecto es que, en vez de vivir en grandes campamentos, los desplazados serán desparramados por los alrededores", señaló Kamungi.
Sucesivos gobiernos del ex presidente Daniel Arap Moi lograron en los años 90 "eliminar los campamentos y trasladar a los desplazados por medios violentos, porque entonces Kenia no estaba en el candelero", afirmó el activista.
"Una de las consecuencias fue la instalación de tugurios en las áreas urbanas. Este gobierno no puede adoptar los mismos métodos, pero su política está igualmente mal concebida y traerá los mismos resultados", dijo Kamungi.
La Comisión de Derechos Humanos de Kenia informó que unas 300.000 personas fueron desplazadas en enfrentamientos vinculados con las elecciones en 1992.
En el Valle del Rift, el final de los comicios no fue seguido por el regreso de los desplazados a la tierra que antes les pertenecía. En cambio, quienes habían acampado en el mercado, en iglesias o en complejos escolares, fueron violentamente dispersados.
"En 1994 fue incendiado el campamento de Maela, cerca de Naivasha. Tenía más de 10.000 desplazados del área de Narok", dijo Kamungi.
Protestas generalizadas, críticas y la amplia cobertura de prensa llevaron al reasentamiento de 200 de ellos en tierras áridas del gobierno cerca de Maela, no en sus tierras anteriores, que eran fértiles.
"Los otros, considerados 'extranjeros', fueron puestos en camiones del gobierno y botados en Ndaragwa, en el estadio de Kiriti y en Ol Kalau, en la Provincia Central, patria 'ancestral' de los kikuyu", agregó Kamungi.
"Luego fueron abandonados, sin ayuda, en la Provincia Central. Gran cantidad de estos campesinos sin tierra y ciudadanos sin derecho al voto hallaron su camino en los centros comerciales, las calles de Nairobi y áreas tugurizadas", dijo.
El proceso de reasentamiento en 2008 ha sido muy parecido, añadió Kamungi, autora de un informe para el Servicio Jesuita de Refugiados sobre el desplazamiento de 1992.
La activista también observó que cientos de miles de desplazados, que tenían familiares en otras áreas, medios para mantenerlos o bien el dinero para establecerse por sí mismos de modo independiente en una nueva ubicación, no terminaron en campamentos.
Y la mayoría de estas personas desplazadas están excluidas de los planes de reasentamiento.
Peter Karanja, del Consejo Nacional de Iglesias en Kenia, dijo a IPS que la Operación Rudi Nyumbani "debe ser vista a la luz de la situación humanitaria a la que están sometidos los desplazados".
"Han estado en campamentos durante varios meses. Algunos se quedaron sin alimentos adecuados, sin refugio ni otros elementos básicos. En los campamentos también se sufrió por la propagación del VIH. Los niños fallecían debido a las adversas condiciones climáticas", destacó Karanja, cuya organización fue una de las primeras en responder a la crisis.
De todos modos, Karanja criticó que "el gobierno prácticamente se movió solo, sin involucrar a otros actores".
