Afectados por las protestas que hace casi tres meses llevan adelante las asociaciones agropecuarias, propietarios y conductores de camiones comenzaron también a bloquear rutas, en este caso de modo total, con la consecuente amenaza de desabastecimiento de alimentos frescos en las ciudades.
"No podemos aguantar más, estamos prácticamente sin trabajo desde hace 90 días. Se lo dijimos al gobierno y a las cuatro entidades (de empresarios y productores agrícolas) que están de paro" de actividades, explicó a IPS Daniel Vilanova, de la Federación de Transportistas Rurales Argentinos, de la oriental provincia de Santa Fe.
Trabajadores y dueños de vehículos carreteros de carga resolvieron en la víspera detener sus tareas y apostarse a la orilla de las rutas luego de que asociaciones de terratenientes, productores de mediana y pequeña escala y cooperativas agrarias reactivaron el lunes sus medidas de fuerza, esta vez bloqueando la venta de granos para exportación, que se prolongaría en principio hasta el próximo lunes.
Al impedir todo el tránsito vehícular, por consecuencia se corta también el flujo de los productos agropecuarios y de mercaderías críticas por los riesgos de su traslado, como los combustibles.
En las primeras horas de huelga y lock-out ya se registraron inconvenientes de abastecimiento, puesto que varios camiones lecheros tuvieron que deshacerse de miles de litros del producto destinado a las usinas de procesamiento.
También se teme por las cargas de ganado en pie que debieron volver al campo, donde pasará el momento óptimo para su faena, así como el caso de frutas y verduras que se están desperdiciando dentro de las cabinas de frío.
Sólo en Santa Fe hay unos 50 piquetes (cortes) de rutas con miles de camiones varados con cargas de ganado, leche y derivados, frutas, verduras, granos, semillas y combustible, entre otras mercaderías de primera necesidad. Esta situación se repite ya en las provincias de Córdoba y La Pampa, en el centro del país, en la oriental Entre Ríos y en las norteñas Chaco y Santiago del Estero.
La medida amenaza no sólo con provocar la escasez de alimentos, que según ejecutivos de supermercados comenzaría a notarse el próximo fin de semana en las grandes ciudades, sino que tiene un efecto negativo en la industria molinera, que está agotando sus existencias de harina y podría suspender personal en pocos días más.
También complica severamente la actividad de los frigoríficos desde abril, lo cual ha llevado a suspender ya a unos 15.000 empleados, que equivalen a 25 por ciento del sector. Fuentes empresariales advierten que podrían tener que cerrar algunos establecimientos a partir de este lunes.
A fines de marzo ya se había registrado desabastecimiento, cuando promediaba la primera etapa del conflicto, como resultado de los bloqueos de ruta para los camiones con alimentos practicados entonces. A partir de esa situación extrema, las asociaciones rurales no volvieron a adoptar una medida tan drástica, puesto que les resta apoyo social ciudadano a sus reclamos.
Para las organizaciones empresariales del campo, que lanzaron la protesta el 12 de marzo a raíz de la decisión gubernamental de aumentar el impuesto a las exportaciones de oleaginosas, la media de fuerza de los transportistas complica más el panorama, admitió Silvio Corti, de la Federación Agraria Argentina, una de las cuatro asociaciones rebeldes.
No obstante, Corti indicó que comprenden la medida y no les sorprende. Los camioneros en huelga viven en localidades del interior del país y acompañaron la protesta de los productores, sostuvo.
Sin embargo, desde hace una semana reclamaban al gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández y a las asociaciones agropecuarias que llegaran a algún acuerdo y se terminara el conflicto para liberar el paso de camiones con granos.
"Ellos (los transportistas) nos apoyaban, pero nos venían diciendo que su situación era insostenible, muy crítica, y por eso quieren una rápida solución", reconoció Corti. De todos modos, interpretó que los camioneros "no están reclamando una solución al campo sino al gobierno".
Según explicó a IPS Enrique Corsiglia, de la Asociación de Transporte de Cargas de la oriental ciudad de Rosario, los camioneros son "rehenes de una disputa entre terceros". "Queremos que arreglen porque nos perjudican enormemente, nosotros no tenemos fábricas, nuestro lugar de trabajo son las rutas que ahora están cortadas", remarcó.
La asociación que lidera Corsiglia no adhirió al paro porque no congrega sólo a transportistas de productos del campo. Sin embargo, admitió que en los hechos la actividad está frenada. "Se lo aclaramos a la Federación Agraria Argentina y nos dijeron que sólo pararían a camiones con granos, pero en los piquetes eso no se respeta", aseguró.
Un camionero recibe un sueldo básico de unos 1.000 pesos mensuales (320 dólares) y sobre eso se le pagan adicionales por viajes o kilómetros recorridos que llevan su ingreso hasta 3.000 ó 4.000 pesos al mes (entre 960 y 1.280 dólares), precisó la fuente. Por el conflicto, muchos cobran solo el básico, y algunos patrones ya tampoco pueden pagar esto.
En cambio Vilanova aseguró que en su agrupación el fuerte es el transporte de granos y semillas y los conductores de los camiones son sus propios dueños. No tienen casi empleados, o sea que el que no transporta mercadería no cobra ni puede pagar, y tiene que seguir haciendo frente a gastos operativos.
A lo largo de este prolongado conflicto, el gobierno de Fernández se mantuvo firme en el discurso, expresando que el sector agropecuario tuvo en los últimos años una renta extraordinaria debido a que los precios de la soja se duplicaron en un año gracias, entre otras cosas, a la demanda creciente de India y China.
Fernández dispuso en marzo elevar de 35 a 44 por ciento el impuesto a las exportaciones de soja y de 32 a 39 por ciento las de girasol. Además se ideó un mecanismo nuevo, flexible, que permite al fisco aumentar la proporción del tributo cuando el precio sube y bajarlo cuando los valores internacionales de esos productos descienden.
En períodos en que las asociaciones levantaron las medidas de fuerza, los funcionarios ofrecieron fórmulas destinadas a atenuar el impacto del alza de los impuestos entre pequeños productores, pero esas compensaciones fueron rechazadas por los agricultores que las consideran insuficientes y de trámite burocrático difícil de superar.
La administración de Fernández intentó morigerar el efecto de la movilización en el porcentaje destinado a impuestos mediante una modificación que anunció la semana pasada el jefe de Gabinete ministerial, Alberto Fernández, pero tampoco esta propuesta fue aceptada por las entidades responsables de la protesta.
La expectativa máxima de los productores rurales, que lograron sumar un fuerte apoyo social a sus demandas, es volver atrás con los anuncios de marzo y entablar una negociación con el gobierno en la que se incluya el fomento a la producción de carne, lácteos, frutas y otros productos.
