El secretario de Gobernación de México, Juan Camilo Mouriño, logró sortear una investigación legislativa por supuestos actos de corrupción, pero quedó debilitado ante las alarmas que se encienden en seguridad pública y operaciones políticas, justamente sus áreas de trabajo.
Analistas discrepan sobre el futuro de este funcionario, considerado el brazo derecho del presidente Felipe Calderón, quien apenas asumió en enero. Un sector vaticina y recomiendan su pronta dimisión, mientras otros creen que el gobierno lo mantendrá hasta cuando sea posible y bajo una estricta medición de su desempeño y utilidad.
Si bien la presión contra Mouriño descendió, la apuesta por mantenerlo resta operatividad política al gobierno cuando más lo necesita, dijo a IPS el politólogo Alejandro Córdova, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Luego de 60 días de trabajo, una comisión de legisladores, en la que la izquierda opositora se negó a participar, concluyó que el secretario de Gobernación (ministro del interior) no incurrió en tráfico de influencias cuando entre 2000 y 2004 se desempeñó como diputado del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y luego asesor de la Secretaría de Energía.
En esos años, Mouriño suscribió siete contratos con la firma petrolera estatal Pemex como apoderado de las firmas de su familia dedicadas al transporte y venta de combustibles. La comisión legislativa indicó que esas empresas no recibieron ningún trato privilegiado de parte del gobierno.
La comisión no se pronunció sobre la presunta intervención de Mouriño para colocar a una de sus amistades en Pemex sobre y el hecho de que la empresa Constructora Escalante, propiedad de la familia de la esposa del funcionario, haya obtenido contratos millonarios a través de licitaciones públicas.
Juan Guerra Ochoa, diputado del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), la segunda fuerza legislativa, sostuvo que al exonerar a Mouriño, sus colegas "actuaron como subordinados y encubridores".
El presidente de la comisión investigadora, Xavier López, del pequeño partido Verde, rechazó la imputación y afirmó que el PRD jamás entregó documentos que sustenten la culpabilidad del funcionario.
"Sean o no ciertas las imputaciones del PRD contra Mouriño, ese partido ya dejó sembrada la duda y el gobierno no ha podido plantear una estrategia que levante el prestigio del funcionario", opinó Córdova.
El presidente Calderón había encargado a su secretario de Gobernación encabezar las negociaciones con legisladores sobre un proyecto de reformas para Pemex y otros asuntos. Sin embargo, tras las denuncias, dejó esa tarea a otros funcionarios.
El próximo martes comienza una serie de debates en el Senado que se extenderán hasta julio sobre los cambios legales propuestas por el gobierno para Pemex. El PRD y un sector de analistas consideran que tienen un talante privatizador, lo cual es negado por las autoridades.
Plantear cambios de envergadura para el sector petrolero es una apuesta riesgosa y de alto calado político, coinciden en señalar los analistas. Es que gran parte del discurso de soberanía y nacionalismo de México está fincado en la estatización de la industria petrolera en 1938.
Una parte del PRD pugnó para que se organice el debate sobre el sector y que de allí surja un proyecto concertado. Sin embargo, ahora advierte que, si las reformas no cumplen con sus expectativas, convocará a movilizaciones sociales.
Otro sector de ese partido, que está enfrentada al primero y a punto de un rompimiento tras las elecciones de su dirigencia realizadas en marzo y aún irresueltas, señala que apostará por la negociación y respetará su resultado.
El sector petrolero atraviesa por una severa crisis financiera y según reportes oficiales apenas quedan a México reservas probadas de crudo para nueve años más. Las ventas petroleras son esenciales para este país, pues 40 por ciento de su presupuesto fiscal es financiado con esa fuente.
Si logran un acuerdo el gobernante PAN y el histórico Partido Revolucionario Institucional, que son la primera y la tercera fuerzas parlamentarias, podrían sacar adelante la reforma aún con la oposición del PRD. Pero el ex candidato presidencial de ese partido, Andrés López Obrador, advierte que lo impedirá.
Roberto Zamarripia, columnista del diario Reforma, opina que la táctica del gobierno es arribar a un acuerdo con el PRI y dejar que el PRD desgaste su capital político con acciones que según las encuestas son rechazadas por la mayoría de ciudadanos. La idea es instalar un bipartidismo sin sacrificar a Mouriño, opina este observador.
El secretario de Gobernación, de 36 años, forma parte del círculo más cercano de colaboradores, correligionarios y amigos de Calderón.
En el área de seguridad pública, Mouriño tiene al frente problemas y retos crecientes.
Este viernes, poco antes de que el gobierno rindiera homenaje a Edgar Millán, el comisario de la Policía Federal ejecutado en la víspera, un alto mando de la policía de la capital, Esteban Robles, fue también ejecutado por supuestos sicarios. Más de 1.050 personas han sido asesinadas en lo que va del año en hechos que las autoridades vinculan al narcotráfico.
Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2006, Calderón mantiene a los militares en la primera línea de combate contra el cada vez más violento narcotráfico. Organizaciones humanitarias no gubernamentales cuestionan esa estrategia, pero el gobierno no parece tener la intención de cambiarla.
Otro tema que viene ocupando a Mouriño, y eso sí con un marcado protagonismo público, es la posibilidad de entablar un diálogo con el guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), de filiación marxista leninista.
Luego de que la Secretaría de Gobernación señaló este viernes que está dispuesta escuchar propuestas sobre el diálogo con el EPR, el grupo de personas sugeridas por ese grupo como enlace ante el gobierno se constituyó oficialmente como comisión de mediación.
La nueva instancia se considera positiva por la intención de dialogar de ambas partes. Los mediadores sugeridos por el EPR y con los que el gobierno señala su disposición al diálogo son un delegado del Frente Nacional Contra la Represión, el obispo católico emérito Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el columnista Miguel Granados, el antropólogo Gilberto López y la senadora Rosario Ibarra.
El miércoles, el EPR rechazó "categóricamente" una propuesta del gobierno hecha a ese grupo para dialogar de forma directa, amplia y sin intermediarios y en la que se puso como condición el fin de toda acción violenta.
La primera propuesta de acercamiento provino del grupo guerrillero y su objetivo es aclarar la desaparición de dos de sus militantes. El gobierno de Calderón manifestó este viernes que tiene "disposición de escuchar los planteamientos de estas personalidades (los mediadores propuestos por el EPR) a fin de ir avanzando en la construcción de condiciones de confianza recíproca y creciente entre las partes".
En abril, el EPR se había comprometido a suspender todo acto violento si el gobierno aceptaba entablar un diálogo dirigido a aclarar la suerte de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos en mayo de 2007.
El julio y septiembre de ese año, el EPR atacó con explosivos instalaciones de Pemex en protesta por la situación de sus compañeros y mantenía la amenaza de repetir los ataques.
El EPR hizo su aparición en 1996 con acciones de propaganda y enfrentamientos armados menores contra destacamentos policiales y militares. Desde entonces ha tenido escasas incursiones, pero eso cambió en los últimos meses.
Investigaciones y análisis indican que esta fuerza insurgente está conformada por pocos miembros y que sus bases principales se encuentran en Guerrero y Oaxaca, estados sureños con alta población indígena y gran incidencia de la pobreza.
