Uno de los peones deja de cavar cuando encuentra un hilo de nailon. Remueve la tierra hasta descubrir un trozo de tela que entrega a una anciana, silenciosa observadora de la exhumación de restos de víctimas de la guerra civil salvadoreña.
Gloria Portillo toma los restos de un escapulario, también rescatados, y los aprieta entre sus dedos. "Esto era de mi Carlitos", alcanza a pronunciar, antes de sollozar. Su hijo, Carlos Vinicio Portillo, fue asesinado junto a otras cinco personas el 7 de enero de 1981 por el ejército, que los acusaba de pertenecer a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Lugareños y personal forense reanudan las excavaciones en el lugar donde se presume están los restos de cinco hombres y una mujer, en el cantón La Angostura, poblado rural y montañoso del municipio de Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel y 136 kilómetros al este de San Salvador.
Los trabajos en La Angostura se desarrollaron entre el 24 y el 28 de abril.
El Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec ha promovido alrededor de 600 exhumaciones desde que El Salvador empezó la transición hacia la democracia, tras una guerra civil (1980-1992) que dejó más de 75.000 víctimas civiles y unas 7.000 personas desaparecidas, según cálculos oficiales.
[related_articles]
Casi dos décadas después, los restos de miles de desaparecidos siguen en fosas comunes que deben ser identificadas y excavadas.
Ese es en cierto modo el caso de La Angostura. El ejército capturó allí en 1981 al agricultor José de la Paz Pineda, de 87 años, a los adolescentes José Tomás Villafuerte, José Noé Salmerón, Carlos Vinicio Portillo Mendoza, de entre 17 y 19 años, a una joven recordada solamente como Gloria y a otro conocido como Leopoldo, profesor de educación media.
Por entonces, el FMLN empezaba a organizarse en el noreste del país y las Fuerzas Armadas realizaban operativos contrainsurgentes en las aldeas.
"A ellos los hicieron capturados, los torturaron. Por pedazos les dieron con un hacha. Todo eso me dijo un soldado que me pidió que no dijera nada. Así es cómo supe que fue", relata a IPS María Emma del Carmen Salmerón, de 70 años.
Durante 27 años ha esperado el momento de recuperar los restos de su hijo José Noé. "Estoy cansada de esperar", dice.
Uno de los lugareños, don Esaú Pineda, encontró los cadáveres luego del crimen y les dio sepultura, guardando el secreto todos estos años. Ahora sus indicaciones han sido vitales para las autoridades judiciales que no sabían por dónde empezar.
"Había un zanjón donde bajaba el agua, que aprovechamos para enterrarlos. Después hicimos un cerco de piedra para que no se lavara. Las cabezas apuntan hacia el sur y los pies al norte. Es aquí", insiste Pineda.
El promotor social del Centro Madeleine Lagadec, Elí Hernández, describe que en lo que va del año ha participado en cuatro hallazgos en varios puntos del país.
Llegar a la verdad no es fácil porque las autoridades judiciales todavía muestran cierto rechazo a las peticiones de los familiares de las víctimas, afirma.
El esclarecimiento judicial de los hechos es imposible, puesto que en marzo de 1993, el entonces presidente Alfredo Cristiani puso en vigor una ley de amnistía general que impidió juzgar los crímenes de derechos humanos.
"Es por no tratar con estas situaciones que de alguna forma tocan un poder que todavía está latente", dice Hernández a IPS.
Algunos de los jefes militares de la guerra civil están destacados en el servicio exterior, son miembros de la Asamblea Legislativa, o propietarios de empresas privadas que prestan servicios públicos.
El forense remueve la tierra y encuentra una placa dental y, poco después, un cráneo, probablemente de José Pineda. Los lugareños se persignan.
Hace unas semanas, otro equipo forense rescató los cuerpos de siete campesinos en la hacienda La Florida, en el departamento de San Ana, noroeste del país.
Allí, el 20 de noviembre de 1982 decenas de paramilitares capturaron a siete cooperativistas acusados de colaborar con la guerrilla y los ejecutaron en dos predios que daban a una calle, según documentó el Centro Madeleine Lagadec.
Uno de los asesinados era Isaías Landaverde, entonces de 37 años, a quien sobrevive su viuda Ramona Hércules, hoy de 62.
Hércules contó a IPS que huyó del lugar, pero en todos estos años tuvo presente que iba a volver a ver los restos de su marido.
"Eso comprueba que la vida no termina con la muerte. En este caso, ellas (las viudas) todavía siguen teniendo cariño por esos cuerpos", reflexiona Hernández.
El estatal procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, dice a IPS que "lamentablemente esta temática no ha sido abordada de manera prioritaria por el gobierno", pero aseguró que se propone "crear una unidad para darle seguimiento".
Los acuerdos de paz suscritos en México el 16 de enero de 1992 por el gobierno y la guerrilla establecieron una Comisión de la Verdad bajo el auspicio de las Naciones Unidas para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto.
En el libro "De la locura a la esperanza", publicado en 1993 por las Naciones Unidas, la Comisión de la Verdad plasmó sus investigaciones de asesinatos de varios sacerdotes católicos entre fines de los años 70 e inicios de los 80 y del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, en 1980, así como sobre la masacre de El Mozote, perpetrada en diciembre de 1981, entre otros crímenes.
Después de la divulgación del informe, un equipo internacional de forenses arribó al poblado campesino de El Mozote, en el este del país, y encontró los restos de casi 900 víctimas, la mayoría niñas, niños, mujeres y ancianos.
Para el área de Tutela Legal del Arzobispado de la Iglesia Católica, la masacre de El Mozote fue una de las violaciones de derechos humanos más graves cometidas por el ejército salvadoreño.
La Iglesia Católica publicará "Masacre a la inocencia", un nuevo libro sobre los hechos en El Mozote, destinado a recuperar la memoria y devolver el honor a las víctimas.
