Bolivia quiere el agua fuera de la OMC y Ecuador discute incluir en su Constitución la figura del Derecho de la Naturaleza. Son algunas de las ideas que trajeron invitados del exterior a la conferencia ambiental brasileña que finalizará este sábado en la capital del país.
El gobierno boliviano de Evo Morales fue el único que sacó servicios de sus compromisos en la OMC (Organización Mundial del Comercio), en el marco de su política de recuperación de la soberanía sobre ciertos sectores claves, como el de telecomunicaciones, que tuvo una empresa recién nacionalizada, señaló Elizabeth Peredo, directora de la Fundación Solón, a IPS.
El agua es una de las mayores razones de esa decisión boliviana, porque su conversión en mercancía puede afectar el derecho humano de acceso a ese bien público, destacó Peredo, la experta boliviana que participó este viernes en un encuentro de invitados extranjeros con la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva.
La invitación a activistas y políticos involucrados con cuestiones ambientales en cerca de 40 países fue una iniciativa de los organizadores de la III Conferencia Nacional de Medio Ambiente (CNMA), para que otros conozcan el proceso participativo de definición de políticas públicas en Brasil, además del intercambio de ideas.
La preocupación boliviana con el agua se justifica por una amarga experiencia con servicios privados que privaron del acceso al agua a parte de la población de Cochabamba, en el centro de ese país, especialmente en áreas campesinas.
Multitudinarias protestas sociales restablecieron en 2000 el control público de este servicio esencial, pero a cambio de pesados costos para enfrentar las demandas de la empresa que tuvo cancelada su concesión, observó Peredo.
El agua, regida por la OMC, está sujeta a "acuerdos más vinculantes que las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas", lo que permite su privatización, como ocurrió en Cochabamba, pero los gobernantes firman esos acuerdos sin darse cuenta de sus "efectos perversos" principalmente para poblaciones pobres, sostuvo la experta boliviana.
En Bolivia, acotó, el agua es un recurso de distribución desigual, favoreciendo a la franja oriental del país, al igual que los hidrocarburos y tierras fértiles que estimulan movimientos autonomistas en los departamentos más ricos del país. Con el recalentamiento de la Tierra, los glaciares se derriten agravando la escasez en las tierras altas de la zona de la cordillera de los Andes.
La propiedad intelectual, también sujeta a reglas comerciales internacionales, es otro asunto que preocupa a la directora de la Fundación Solón, por trabar incluso "algunas soluciones" para afrontar el cambio climático.
Los altos precios cobrados para patentar un producto, impidió a India sustituir un componente más contaminante de sus refrigerantes, ejemplificó. Es "un juego de poder poco visible", definió.
Por su parte, Helga Serrano, asambleísta alterna, es decir suplente en la Asamblea Constituyente de Ecuador, destacó en el encuentro con la ministra brasileña la "contradicción" entre el Derecho de la Naturaleza y las actividades mineras, por ejemplo.
Reconocer la naturaleza también como sujeto de derechos será una innovación de la nueva Constitución ecuatoriana, que deberá ser aprobada a fines de julio y sometida a un referendo dentro de los 45 días posteriores, informó a IPS.
La lucha contra actividades de extracción depredadoras en su país ya empezó con la adopción el 18 de abril de un "mandato minero que retiró más de 4.000 concesiones entregadas", en muchos casos dentro de parques de conservación y áreas indígenas, destacó.
La reordenación del sector sólo permitirá tres concesiones para cada persona o empresa, al contrario de la situación anterior, en que una empresa canadiense tenía 33 concesiones, ejemplificó.
El objetivo es que la nueva Constitución sea un cauce para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, en armonía con la naturaleza y que contemple la economía solidaria, la interculturalidad y una democracia con participación popular. El Estado Plurinacional ya es un punto acordado.
Tampoco se aceptarán bases militares extranjeras en el país, afirmó Serrano, integrante del gobernante Movimiento País, de izquierda, y coordinadora de la Coalición No Bases, que combate la presencia militar estadounidense en el país.
"El país que soñamos" orienta la elaboración de la Constitución, que debe rechazar una jurisdicción internacional sobre recursos como el agua y crear un "paraguas para un nuevo mundo", asegurando la soberanía territorial, alimentaria y energética, concluyó.
En el diálogo con los invitados extranjeros, la ministra Silva realzó su condición de "miembro de un gobierno" para matizar sus opiniones sobre distintos temas tratados.
El desarrollo sustentable "no es una panacea", los grandes proyectos como las centrales hidroeléctricas en la Amazonia tienen impactos inevitables, lo que se debe hacer es "reducirlos a un nivel soportable por el ecosistema", sostuvo.
La ministra también defendió un sistema mixto en respuesta a la condena del Protocolo de Kyoto hecha por Joel Kovel, el estadounidense fundador de la Red Ecosocialista Internacional, quien entiende ese acuerdo creó el "comercio de la contaminación que sólo beneficia a los ricos" sin resolver el problema climático.
Silva añadió, al respecto, que se debe sumar el crédito de carbono y las reducciones voluntarias de emisiones de gases invernadero. "Uno no excluye el otro", subrayó en referencia a los contenidos del Protocolo. A la inevitable crítica contra los biocombustibles porque estarían provocando el alza de precios y afectando la producción de alimentos, Silva contrarrestó el rechazo "absoluto" a la alternativa energética.
Los combustibles fósiles seguirán siendo consumidos y Brasil, además de mucha tierra disponible, está haciendo su "zoneamiento" económico-ecológico, estableciendo los lugares en que se puede o no cultivar caña de azúcar para la producción de etanol, de manera muy distinta a la de Estados Unidos, donde se utiliza el maíz, concluyó.
