Difíciles interrogantes relacionadas con la productividad, los salarios, la participación o el desempleo asedian a la población económicamente activa de Cuba, en momentos en que el gobierno toma medidas aún discretas para sacar definitivamente al país de una crisis que dura ya más de 15 años.
El agobiante impacto de las deficiencias económicas en las condiciones de vida de los 11,2 millones de habitantes de esta isla ocupó buena parte de los reclamos realizados durante los debates promovidos por las autoridades el pasado año, tras el discurso del 26 de julio del presidente Raúl Castro.
"El problema de la baja productividad y los bajos salarios se resolverá en la medida que cada sector aplique la fórmula de pagar de acuerdo con lo que la gente produce", señaló a IPS Ariel Terrero, periodista e investigador especializado en temas económicos.
"El techo del salario debe ser la productividad y no a la inversa", remarcó.
Según Terrero, este método de vincular la retribución monetaria a los resultados comprende en particular a los sectores líderes de la producción y los servicios, cuyo desarrollo permitiría mejoras en las condiciones salariales de otras ramas como la salud y la educación.
El Ministerio de Trabajo aprobó en febrero un nuevo Reglamento General sobre las Formas y Sistemas de Pago —resolución 9/2008— que establece la extensión del pago por resultados a todo el sistema empresarial cubano. De este modo, cada persona empleada podría ganar tanto dinero como fructífero sea su desempeño laboral.
La nueva normativa está dirigida a "incrementar la productividad, reducir los gastos y costos, disminuir los índices de consumo energético", además de elevar la calidad de mercancías y servicios, aumentar el aprovechamiento de la jornada laboral, sustituir importaciones e incrementar las exportaciones y los aportes al presupuesto estatal.
Con el inicio de la recesión en la década del 90, el poder adquisitivo de las familias cubanas se contrajo dramáticamente. En ese mismo período, el Estado sostuvo a decenas de empresas ineficientes, siguió pagando salarios a miles de trabajadores inactivos y mantuvo los subsidios a la educación, la salud y algunos alimentos esenciales.
Especialistas estiman que todavía hoy, a tres lustros del momento más duro de la crisis, el salario promedio tiene apenas un cuarto del valor real del que se cobraba en 1989, aunque su cuantía se haya incrementado de 188 a 408 pesos (la moneda nacional).
En un país donde la abrumadora mayoría de la fuerza de trabajo pertenece a entidades estatales, se calcula que, como promedio, una familia conformada por dos adultas y dos menores precisa casi el doble de sus ingresos corrientes para satisfacer las necesidades más elementales.
En 2005, el gobierno decretó un alza general de los salarios y las pensiones, que benefició a más de cinco millones de personas. El domingo, una medida similar incluyó nuevamente a quienes dependen de la seguridad y la asistencia social, junto al personal de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo, en total unas dos millones de personas.
Pero no todo parece ser una cuestión de números. Según el economista Pavel Vidal, en un artículo para la revista católica Espacio Laical, se debería permitir que los trabajadores se apropiaran de una parte de las ganancias de la empresa, además de fomentar la participación e identificación con los resultados productivos.
Por su parte, Terrero afirmó que no basta con las mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. En un análisis para su página en Internet, Cuba Profunda, abogó por fortalecer "la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en sus empresas o centros de trabajo", como vía para realizar "el conflictivo sentimiento de pertenencia".
La creciente pérdida de responsabilidad ante la propiedad estatal, que se supone patrimonio colectivo, ha sido una de las causas de la indisciplina laboral prevaleciente en la isla, según han reconocido dirigentes sindicales. Una resolución al respecto del Ministerio del Trabajo, aplicada desde abril de 2007, parece haber cambiado poco las cosas.
El mayor peso de esa tarea podría encargarse ahora a la militancia del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC). El presidente Raúl Castro llamó el lunes a "trabajar por continuar perfeccionando" la labor y la autoridad de esa organización política "ante las masas".
En su discurso de clausura del sexto Pleno del Comité Central del PCC, el mandatario anunció la celebración en el segundo semestre de 2009 del sexto Congreso partidario, "para meditar colectivamente acerca de las experiencias de estos años de Revolución en el poder" y "conformar, con proyección de futuro, la política del Partido en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad."
Paralelamente al reto de elevar la eficiencia económica, las autoridades cubanas enfrentan actualmente el desafío de devolver al trabajo su prestigio social, sobre todo entre los más jóvenes.
Una investigación practicada en 2007 por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) reveló que más de 282.000 personas permanecían desvinculadas de cualquier actividad productiva o docente. La magnitud del problema es alarmante en La Habana, donde 20 por ciento de la población en edad laboral no trabaja.
Según un informe de la organización juvenil, las causas del fenómeno son el bajo nivel escolar de los jóvenes desvinculados, la falta de correspondencia entre sus aspiraciones y las propuestas de empleo, así como deficiencias en la atención que les ofrecen las administraciones y los organismos estatales encargados del tema.
Muchas de estas personas "prefieren estar en el 'invento' o 'la lucha' (ganarse la vida de modo ilegal) y no quieren trabajar, en última instancia porque no lo necesitan para vivir", indicó el semanario Trabajadores, órgano oficial de la Central de Trabajadores de Cuba.
Mientras, "al país le falta fuerza laboral en importantes sectores como la educación, la salud, la construcción, la agricultura, entre otros", reconoció el rotativo.
