La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dio a conocer este martes la nueva política indígena a implementar en los dos últimos años de gobierno, que trae novedades en materia de participación política y protección de los recursos naturales en manos de pueblos originarios.
"Algunos dicen que el problema de los pueblos indígenas es sólo la pobreza y que una buena focalización de subsidios sería la política más adecuada, pero nosotros, en cambio, sostenemos que es un asunto de derechos, de una identidad colectiva que busca expresarse en una sociedad multicultural", dijo Bachelet en un acto realizado en el palacio de La Moneda, sede de gobierno.
"Estamos avanzando (en materia indígena), pero es el momento de profundizar y sobre todo de acelerar (el paso). Tenemos la voluntad, tenemos las bases, tenemos los recursos, tenemos el compromiso y tenemos la legitimidad" para hacerlo, añadió.
La mandataria anunció la nueva política destinada a las nueve etnias reconocidas por el Estado, acompañada de ministros, parlamentarios y representantes de comunidades indígenas, además del ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994), quien promulgó la Ley Indígena de 1993 y presidió la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de 2004.
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica de 2006 indicó que 1.060.786 personas se identificaban como pertenecientes a pueblos originarios, lo cual equivalía a 6,6 por ciento de la población chilena. La etnia más numerosa es la mapuche, que abarca 87,2 por ciento del total de indígenas. La nueva política, denominada "Re-conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad", tiene tres grandes ejes: sistema político, derechos e institucionalidad; desarrollo integral de los pueblos indígenas; y multicuturalidad y diversidad. Estas se sumarán a las líneas de acción presentadas por Bachelet en abril de 2007.
En el primer ámbito, resalta el anuncio de la mandataria de impulsar la participación directa de los pueblos indígenas en el Congreso legislativo, en los Consejos Regionales y en los Concejos Comunales. "Quiero que hayan representantes indígenas en el parlamento", dijo Bachelet motivando el aplauso de la asistencia.
"La propuesta más analizada es retomar un proyecto de ley presentado en 1991 por dos diputados, que plantea crear un distrito indígena, que pudiera elegir una cierta cantidad de diputados y senadores indígenas", explicó terminado el acto Rodrigo Egaña, comisionado para los Asuntos Indígenas.
Egaña, nombrado en febrero por Bachelet para coordinar y proponer nuevas políticas para los pueblos originarios, señaló que esperan enviar al Congreso legislativo los distintos proyectos en un plazo de tres a cinco meses más.
Pero, probablemente, el proyecto de distrito indígena se mezclará con la reforma al cuestionado sistema binominal, que está en el programa de gobierno de Bachelet al igual que en el de sus tres predecesores desde la reapertura democrática en 1990, todos de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia.
La eliminación de ese sistema, que favorece sólo a los dos partidos mayoritarios, no ha podido materializarse por la oposición de la derecha y porque toca intereses de los legisladores en ejercicio. También se a anunció la creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas, en órbita del Ministerio de Planificación (Mideplan), de un Consejo de Pueblos Indígenas, ideado como organismo de representación y consulta sobre política hacia las comunidades nativas, y de un Comité de Ministros para Asuntos Indígenas.
También se reestructurará la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que pasará a ser un organismo ejecutor de políticas, y se conformará una Unidad de Asuntos Indígenas en cada ministerio.
En el segundo eje, la mandataria indicó que en lo inmediato se restituirán tierras a 115 comunidades indígenas y que se resolverán las solicitudes de otras 308 comunidades. También se rediseñará el Fondo Tierras y Aguas administrado por la Conadi.
Asimismo, la presidenta informó que se trabajará en el desarrollo integral de las economías de los pueblos originarios, así como en programas de conectividad, vivienda, agua potable, electricidad e innovación rural.
También se reforzará el programa especial de salud indígena y se examinarán acciones para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a incidir en la educación de sus miembros.
La última parte de la nueva política propende a "generar un cambio cultural" entre la población. La principal novedad es que se dictará un "Código de Conducta Responsable", que regulará los proyectos de inversión públicos y privados en Áreas de Desarrollo Indígena y en tierras indígenas. En el Código "se contemplará el derecho de los indígenas a ser consultados sobre los proyectos, a participar de sus beneficios, a ser compensados por los daños causados y a no ser trasladados sino en las condiciones previstas en el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo OIT)", explicó la mandataria.
"Estamos pensando en un sistema de evaluación del impacto indígena de proyectos de inversión", similar al que se utiliza para medir la repercusión ambiental, explicó Egaña.
Por último, se elaborará una Política de Multiculturalidad y otra sobre Inclusión y se desarrollarán programas específicos para indígenas que vivan en zonas urbanas.
Aunque lanzó en abril de 2007 una política indígena que regiría durante sus cuatro años de gobierno, Bachelet se vio obligada a hacer nuevos anuncios luego de la reactivación del llamado conflicto mapuche en la sureña región de la Araucanía.
Los cinco primeros ejes propuestos por Bachelet eran el fortalecimiento de la participación de las comunidades en el ámbito político y social, el reconocimiento y profundización de sus derechos, el mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas urbanos, la promoción de la mujer, y el fomento de la educación y la cultura.
Pero en enero pasado el estudiante mapuche Matías Catrileo fue ultimado por la policía cuando ingresó ilegalmente junto a un grupo de comuneros a un predio privado que reivindicaban como propio.
A esto se sumó la huelga de hambre de más de 100 días que protagonizó la activista de la causa mapuche Patricia Troncoso, quien está condenada a 10 años de cárcel por delitos calivficados de terroristas. La mujer levantó la medida de presión cuando el gobierno aceptó concederle beneficios carcelarios, como el traslado a una cárcel granja y salidas los fines de semana, medidas que se hicieron efectivas en marzo.
En este marco, comunidades mapuches en conflicto por tierras denunciaron represión por parte de la policía y persecución de la justicia. Estas acusaciones, indicó Egaña, serán canalizadas a través de la Comisión Asesora Presidencial de Defensa de los Derechos Ciudadanos y de los propios tribunales de justicia.
Por otra parte, las distintas etnias del país están en contra de la ratificación parlamentaria del Convenio 169 de la OIT, con una "declaración interpretativa" de su artículo 35, que busca limitar la acción de tratados más avanzados.
Hoy, el Convenio y la mentada declaración están siendo analizadas por el Tribunal Constitucional, luego de lo cual éste podría ser ratificado por la presidenta Bachelet.
La otra gran deuda del gobierno es la reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas, cuyo proyecto se encuentra en trámite legislativo.
Javier Mamani Castro, concejal de la norteña comuna de Colchane, de la etnia aymara, aplaudió ante IPS el discurso de la presidenta, especialmente el anuncio referente a la participación política en el Congreso legislativo. Pero, a juicio de Paulina Acevedo, del no gubernamental Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien fue invitada al acto, "no hubo ningún anuncio importante que rescatar de lo señalado por la presidenta", salvo lo relativo a políticas sociales de salud y educación.
Los anuncios sobre participación política los catalogó de "ambiguos". "No se habló por ejemplo de un sistema de cuotas para la representación parlamentaria. Habrá que ver el mecanismo que finalmente se elija para concretar estas medidas", indicó a IPS.
