Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica puso fin este martes al intento del ex senador colombiano Mario Uribe, primo del mandatario Álvaro Uribe, de huir de la justicia de su país.
"Sin olvido", se leía media hora más tarde frente a la sede diplomática ubicada en el norte de Bogotá, en una valla que portaban miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), junto con fotografías de víctimas, un ataúd simbólico y un cartel que rezaba "Mario Uribe: votos manchados de sangre".
A las 11:30 se supo que Mario Uribe —ex presidente del Senado— había pedido "asilo político" en la embajada costarricense, dos horas después de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dictara orden de captura contra él por supuestos nexos con bandas paramilitares de ultraderecha comandadas por narcotraficantes y responsables de decenas de miles de crímenes.
El ex senador, quien fue arrestado la misma noche del martes a su salida de la embajada costarricense, había dicho previamente a la fiscalía que se entregaría, promesa que no cumplió.
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El Movice intentaba bloquear la huida de Mario Uribe y exigía que éste se sometiera a la justicia colombiana, ante la que debe defenderse de dos declaraciones que lo implican, proferidas por ex paramilitares, uno de ellos el ex jefe de esas bandas, Salvatore Mancuso, hoy preso.
Mancuso y otros líderes paramilitares pactaron con el gobierno su desmovilización y accedieron a procesos en los que la Corte Constitucional les exige que confiesen "la verdad completa" de los delitos que protagonizaron, para acceder a beneficios penales que implican un período máximo de reclusión de ocho años.
Otro que acusó a Mario Uribe fue Jairo Castillo, alias "Pitirri", testigo estrella del megaproceso que investiga los nexos entre políticos y paramilitares —conocido como la "parapolítica"—, protegido por la justicia y exiliado en Canadá.
"Pitirri" sostiene que el ex senador Uribe sería uno de los hacendados que ampliaron sus propiedades mediante la violencia paramilitar. En 2000, siendo presidente del Senado, vendió una finca a un sobrino de su esposa, que dos años después fue pedido en extradición por Estados Unidos, acusado de narcotráfico.
"Esa es la base sobre la cual se ha emitido una orden de captura y creemos que ése es el fundamento para que se actúe en este caso", dijo a IPS el portavoz del Movice, Iván Cepeda, en medio de una serenata poco antes de la hora local 16:00 frente a la embajada de Costa Rica, en la que un grupo de mariachis le cantaba al ex senador la popular canción mexicana que dice: "Estás que te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido ".
El Movice radicó en la embajada un documento en el que expuso que el concierto para delinquir agravado, por el que la justicia decidió detener al ex senador, no puede considerarse delito político.
"La petición que le hacemos al gobierno de Costa Rica es que no haya ninguna concesión de asilo, cuando sabemos que lo que hay es crímenes contra la humanidad que el paramilitarismo ha cometido", dijo Cepeda.
Horas más tarde la cancillería de Costa Rica hizo saber que consideraba improcedente la solicitud de Mario Uribe, añadiendo que "la histórica institución del asilo no debe ser desvirtuada".
Mario Uribe fue ponente de la Ley de Justicia y Paz, marco legal para la desmovilización paramilitar. Renunció en septiembre al Senado para evitar que la Corte Suprema juzgara su caso. Éste pasó entonces a la Fiscalía General de la Nación, cuyo jefe, Mario Iguarán, fue subordinado de Álvaro Uribe en su primera presidencia (2002-2006), como viceministro de Justicia.
Para muchos analistas, Mario Uribe y otros que renunciaron al parlamento esperaban un tratamiento más laxo de la justicia ordinaria, que dispone además de instancias de apelación y es más lenta que la Corte Suprema.
Con Mario Uribe suman 32 los parlamentarios presos, casi todos oficialistas, y cerca de 70 más son investigados por presunto paramilitarismo.
De los seis políticos vinculados al paramilitarismo por la justicia la semana pasada, la Corte Suprema abrió investigación preliminar contra la actual presidenta del Senado, la oficialista Nancy Patricia Gutiérrez, tercera en la sucesión presidencial.
También fue acusada la ex ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez, promotora de la ley forestal y de la ley de privatización del agua, y luego encargada de gestionar el lobby (cabildeo) a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hoy paralizado en el Congreso estadounidense por el opositor Partido Demócrata.
Aunque el fiscal Iguarán señaló a la hora 14:00 que no estaba notificado sobre el pedido de asilo, según informaciones de radio, un funcionario de la fiscalía indicó que si el ex senador Uribe salía de la embajada, podría ser capturado, y no descartó emitir una orden internacional de arresto en su contra.
Iguarán recordó que las dos únicas circunstancias que permiten invocar el asilo político son delitos de naturaleza política o persecución del Estado.
El asilo se aplica solamente para delitos políticos, como la rebelión contra el Estado, la sedición y la asonada, pero no cobija delitos comunes, como se clasifican los cometidos por el paramilitarismo.
Los Estados no pueden proteger con el asilo a una persona reclamada por la justicia ordinaria de otro país, recordó el ex magistrado José Gregorio Hernández.
Los abogados de Mario Uribe indicaron que darían a conocer más tarde por qué el primo y principal aliado del presidente se considera un perseguido político.
El mandatario Uribe ha enfrentado a los altos tribunales para que reconozcan estatus político a los paramilitares. Estos están en proceso de rearme, suelen actuar con la fuerza pública contra guerrillas izquierdistas y son causantes, según la Organización de las Naciones Unidas, de 80 por ciento de los crímenes de la longeva guerra colombiana.
Casi de manera simultánea al pedido de asilo de Mario Uribe, el opositor Partido Liberal rechazó en un comunicado la anunciada creación de una comisión, designada por el mandatario Uribe, para diseñar un nuevo tribunal, superior a la Corte Suprema, para abordar los casos de la "parapolítica".
El 17 de enero de 2006, dos meses antes de las elecciones legislativas, la embajada estadounidense anunció a varios jefes de movimientos políticos oficialistas, entre ellos Mario Uribe y el actual ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que les quitaría el visado para ingresar a ese país si no retiraban de sus listas a candidatos acusados de paramilitares.
Las dos afectadas más visibles por la subsiguiente "purga" parcial de las listas electorales fueron Eleonora Pineda y Rocío Arias, entonces parlamentarias que abiertamente reconocían representar a los paramilitares y hoy presas.
El 30 de septiembre, Pineda se unió a los testigos clave contra Mario Uribe.
Apenas el lunes, el senador Ricardo Elcure, quien reemplazó a Uribe en su escaño, se entregó a la fiscalía luego de que la Corte Suprema ordenara su captura, acusándolo también de vínculos con paramilitares.
COLOMBIA DEMOCRÁTICA
Si Mario Uribe se entrega a la justicia, sólo quedarán libres cuatro legisladores del partido Colombia Democrática, fundado en el noroccidental departamento de Antioquia por los primos Uribe en 1985, como un desprendimiento del Partido Liberal.
En su sitio web, Colombia Democrática establece que llegó a la presidencia del Senado en 2000, con Mario Uribe, y a la presidencia del país en 2002, con Álvaro Uribe.
De manera premonitoria, Colombia Democrática, cuyo director nacional es el propio Mario Uribe, prevé una excepción en su Código Ético, reformado en noviembre de 2006.
El Código establece la expulsión de filas de quienes hayan incurrido en "faltas gravísimas". La primera de ellas es "ser condenado por delito doloso, salvo por delitos políticos".
Precisamente, en noviembre de 2006 la Corte Suprema de Justicia impuso la primera medida de aseguramiento en el proceso a la parapolítica contra los senadores del noroccidental departamento de Sucre por Colombia Democrática, Álvaro García Romero (hoy en etapa de juicio), y Erick Morris, condenado a seis años de prisión.
Otros parlamentarios de Colombia Democrática procesados por parapolítica son José María Conde y Miguel de la Espriella, amigo del presidente Uribe, que se sometió a sentencia anticipada.
Además, está prófugo quien fue gobernador de Sucre entre 1998 y 2001 y luego embajador en Chile, Salvador Arana, y tiene una investigación previa Franklin Chaparro, alcalde de Villavicencio (2004-2007), la capital del central departamento del Meta.
