MUJERES-GUINEA-BISSAU: Mutilación genital divide al parlamento

No obstante las seguridades reiterados en los últimos 10 años por Guinea-Bissau a la comunidad internacional sobre el más irrestricto respecto por los derechos humanos, sus políticos no logran ponerse de acuerdo sobre la prohibición de la mutilación genital femenina.

Sólo al finalizar este primer trimestre, pese a la resistencia de los diputados de religión musulmana, el parlamento en Bissau, capital de esta pequeña república de África occidental, decidió iniciar el debate sobre el proyecto de ley que impida esta práctica calificada de "medieval" por activistas defensores de los derechos humanos.

Los objetivos de la mutilación genital femenina (MGF) son claros: eliminación de sensación de placer y vigilancia de la virginidad, con efectos que pueden ser mortales y secuelas físicas para el resto de la vida, desde hemorragias e infecciones a infertilidad o quistes.

También la mutilación puede hacer del acto sexual y del parto algo terrible para las mujeres. Considerado uno de los peores atropellos a los derechos humanos, la MGF puede hacer del acto sexual y del parto algo terrible para las mujeres.

Suele practicarse en niñas de entre cuatro y 10 años y es realizada por una partera tradicional o una anciana de la aldea, sin ninguna preparación sanitaria ni médica, utilizando objetos corto-punzantes, como cuchillos o restos de vidrios, y sin aplica anestesia.

Los tipos de esta cruenta práctica son la "clitoridectomía", que consiste en extirpar total o parcialmente el clítoris., la "escisión", que es la extirpación total o parcial de los labios menores., y la "infibulación", que implica las dos anteriores y la ablación de los labios mayores, uniéndose las zonas en carne viva, dejando únicamente un pequeño orificio para la orina y la menstruación.

El debate en curso, que comenzó el 24 de este mes, registra claras divisiones entre los diputados de esta ex colonia portuguesa, que declaró su independencia en 1973 y que Lisboa reconoció un año más tarde. La socióloga Catarina Moreira, miembro de la dirección de la Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta de Portugal, comentó a IPS que "es loable la iniciativa del parlamento guineano de discutir el proyecto de ley que determina la prohibición de la práctica de la mutilación genital femenina".

Sin embargo, a renglón seguido exhortó al gobierno "a que tome medidas de fondo, concretas y urgentes para la promoción y acceso a niveles decisorios de las mujeres, apostando a la educación de las jóvenes e incentivando su permanencia en la escuela y continuidad de sus estudios universitarios.

Según la dirigente, la discusión en el hemiciclo de Bissau en gran parte se debe a la vasta acción realizada por organizaciones no gubernamentales de Guinea-Bissau, así como a varias personas que a título individual siempre han luchado por la defensa y promoción de los derechos humanos.

La MGF "es simultáneamente causa y consecuencia de una violación de los derechos humanos de las mujeres", sentenció Moreira, quien explicó además que "es causa porque viola el derecho de las muchachas y mujeres a la integridad física, sexual y reproductiva, a su dignidad, seguridad y salud".

Es también consecuencia, "porque la MGF ocurre en sociedades donde la pobreza, la violencia y la discriminación vulneran en especial al sexo femenino, ya que en estas sociedades las mujeres no son valorizadas como ciudadanas de pleno derecho, sino por su capacidad reproductiva".

De esta forma, "son los roles de mujer y madre los que les confieren su integración y su valor social", porque ellas "continúan siendo apartadas del sistema educacional, manteniéndolas analfabetas y dependientes", preció la socióloga.

En uno de los países más pobres del mundo, con un ingreso por habitante de escasos 180 dólares al año, "el matrimonio funciona como un negocio rentable para las familias de estas jóvenes, pasando de la autoridad del padre y del o de los hermanos, para la del marido", concluyó Moreira. El parlamento, que no logra ponerse de acuerdo en los cuatro días desde el inicio del debate, refleja la gran diversidad étnica y religiosa del país, a pesar de sus escasos 36.000 kilómetros cuadrados y 1,6 millones de habitantes, según estimaciones de 2007.

Los principales grupos étnicos son 30 por ciento de balantas, 20 de fulas, 14 de manjacos, 13 de mandingas, siete por ciento de papéis y en proporciones menores, brames o mancanhas, beafadas y bijagós, cada uno de ellos con sus propias lenguas, a las que se unen el mayoritario creole y el oficial y común portugués.

En esta sociedad mosaico, predominan las religiones católica-animista, observada por 55 por ciento de la población, la islámica, con 40 por ciento de seguidores, y la católica de rito romano, con el restante cinco por ciento.

Algunos diputados, haciéndose eco de declaraciones de los líderes de la comunidad musulmana, defienden que el parlamento debería "archivar" el proyecto, calificándolo de "una iniciativa prematura".

En la barricada opuesta, encabezada por Fernando Gomes, de la Alianza Popular Unida y compuesta por laicos, católicos-animistas y católicos tradicionales, se sostiene que el hemiciclo debería tener "el coraje y la determinación" de abolir esta práctica.

En declaraciones realizadas el día 25 a la agencia de noticias portuguesa Lusa, Gomes, fundador y ex presidente de la Liga Guineana de Derechos Humanos, dijo que el parlamento "vive un momento histórico", que debe aprovechar para asumir una postura clara "contra esta práctica que atenta contra la vida de miles de niñas guineanas"

"La cuestión de los derechos humanos no es negociable. El parlamento debe adoptar una ley que acabe con esta barbarie, sin miedo de presiones de quien quiera que sea", apuntó el legislador y activista, advirtiendo a los diputados que se dejen presionar por grupos de interés que "serán considerados cómplices".

Estudios de la organización independiente Amnistía Internacional indican que actualmente viven en el mundo 135 millones de mujeres con sus genitales mutilados. Además, cada año la sufren otros dos millones de niñas más, lo cual significa un ritmo de casi 6.000 operaciones de este tipo al día, o de una cada 15 segundos.

La práctica se realiza en 29 países de África y tres de Medio Oriente, así como en comunidades de inmigrantes procedentes de naciones donde la MGF es habitual, residentes en países donde este acto es ilegal.

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